Por Ricardo Ramírez Posadas
El programa de Conectividad para el Bienestar ha dejado de operar. En el medio, usuarios que han pagado por un servicio y la necesidad de transparencia.
Durante varios años, la llamada Telefonía del Bienestar se presentó como una alternativa para ampliar el acceso a telefonía e internet móvil entre sectores de la población con dificultades para contratar los servicios comerciales tradicionales. El proyecto formó parte de una política pública más amplia de conectividad que buscaba reducir la brecha digital mediante tarjetas SIM, paquetes de datos, llamadas y mensajes a precios accesibles.
Hoy, sin embargo, existe una confusión que debe aclararse: el programa público Conectividad para el Bienestar dejó de operar, mientras que Internet para el Bienestar continúa comercializándose a través de distintos operadores móviles virtuales.
Conectividad para el Bienestar fue un programa de Promtel dirigido a población beneficiaria de programas sociales y habitantes de zonas de atención prioritaria, cuyo esquema contemplaba la entrega gratuita de una tarjeta SIM y un servicio que podía incluir mensualmente 5 GB de navegación, datos para redes sociales, mil 500 minutos, 500 mensajes SMS y función para compartir internet, con una vigencia que podía renovarse hasta por doce meses. De acuerdo con Promtel, el programa atendió a 3 millones 28 mil 665 personas durante 2024 y 2025, con una inversión acumulada de 2 mil 759 millones de pesos.
El 15 de septiembre de 2026, Promtel confirmó que ese programa ya no continúa operando y que una eventual reactivación dependerá de una nueva instrucción y de la asignación de recursos presupuestales. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad confirmó que dejó de ser el proveedor del servicio y, hasta ahora, la explicación publicada es presupuestaria: terminó el esquema que había permitido entregar los paquetes subsidiados y no existe actualmente una asignación que permita continuarlo.
La desaparición del programa deja, sin embargo, una pregunta distinta: ¿qué ocurrió con las personas que pagaron por adelantado un servicio que no recibieron?
Aquí es donde la investigación debe ser mucho más precisa. En 2023, cuando la CFE presentó su oferta de telefonía e internet, existían paquetes de contratación mensual, semestral y anual. Entre ellos había planes anuales de 700, mil 400 y 2 mil 100 pesos, dependiendo de la cantidad de datos y servicios incluidos. Aquellos productos no eran simplemente una transferencia gratuita del Gobierno: eran servicios de telecomunicaciones contratados por los usuarios bajo determinadas condiciones.
Posteriormente, la denominación Internet para el Bienestar adquirió otra estructura. El servicio pasó a ser comercializado por distintos operadores móviles virtuales que utilizan la marca y la red correspondiente. Entre los operadores registrados por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones aparecía Telefonía del Bienestar, junto con otras empresas. En 2025 el regulador contabilizaba al menos 25 operadores que ofrecían servicios bajo la marca Internet para el Bienestar.
Por eso sería un error afirmar que toda persona que compró una SIM de Telefonía del Bienestar pagó directamente al Gobierno federal o a la CFE. Había que identificar al proveedor concreto. Los operadores que utilizaban la marca podían tener ofertas, precios, mecanismos de contratación y obligaciones comerciales diferentes. El propio sitio de Internet para el Bienestar señala que existen distintos operadores y que las recargas pueden realizarse directamente con ellos.
La preocupación comienza cuando una persona puede acreditar que pagó un plan, recibió una confirmación de compra o contratación y nunca recibió la SIM o nunca obtuvo el servicio contratado. En ese supuesto existe una relación de consumo que debe ser revisada.
La autoridad actualmente competente para recibir quejas de telecomunicaciones es la Procuraduría Federal del Consumidor, que desde octubre de 2025 asumió estas funciones a través de su Subprocuraduría de Telecomunicaciones. La propia autoridad mantiene mecanismos de reclamación para usuarios que consideran vulnerados sus derechos frente a un proveedor.
La dimensión económica individual puede parecer pequeña: cien, trescientos, setecientos o algunos miles de pesos. Precisamente por eso la expresión “fraude hormiga” resulta atractiva como hipótesis periodística. Miles de consumidores afectados individualmente por cantidades relativamente pequeñas pueden representar un problema económico considerable en conjunto.
Pero para hablar jurídicamente de fraude se necesitaría acreditar elementos adicionales: quién recibió el dinero, qué ofreció, qué obligación asumió, si existió intención de engañar y cuál fue el destino de los recursos. Con la información pública disponible actualmente, no puede afirmarse que exista un fraude generalizado de Telefonía del Bienestar.
Lo que sí puede afirmarse es que existe un problema de trazabilidad y responsabilidad que merece una respuesta institucional. Si un programa público terminó, debe existir información clara sobre sus beneficiarios, sus líneas activadas, los proveedores participantes, los recursos ejercidos, los compromisos pendientes y el destino de los servicios contratados. Si además hubo personas que pagaron por servicios que nunca recibieron, debe existir un mecanismo accesible para identificar esos casos y determinar quién debe responder.
Hay otro dato que vuelve urgente esa explicación: las líneas telefónicas móviles quedaron sujetas, durante 2026, a nuevas obligaciones de identificación mediante CURP. El sitio de Internet para el Bienestar informa que las líneas deben vincularse con un titular y advierte que aquellas que no cumplan con el registro pueden ser deshabilitadas. Por ello, la desaparición o modificación de un servicio no afecta únicamente el acceso a datos: puede involucrar también números telefónicos, portabilidad, identidad del titular y continuidad de comunicaciones personales.
La política de conectividad tampoco desapareció con Conectividad para el Bienestar, porque el Programa de Cobertura Social 2026-2030 mantiene como objetivo ampliar el acceso a internet y telefonía móvil en áreas prioritarias, mientras que el Programa de Conectividad en Sitios Públicos contempla nuevas acciones de conectividad gratuita mediante infraestructura pública. El Estado, por tanto, continúa reconociendo la reducción de la brecha digital como una política pública.
Por eso la pregunta sobre la Telefonía del Bienestar no debería terminar con la confirmación de que un programa dejó de operar, debe continuar hasta saber qué ocurrió con cada obligación pendiente.
Si hubo personas que pagaron por un chip que nunca recibieron, hay que saber cuántas son, cuánto dinero involucró, qué empresa recibió los pagos y qué respuesta obtuvo cada consumidor; de igual manera, si existieron contrataciones anuales cuyo servicio quedó interrumpido antes de concluir el periodo pagado, debe determinarse qué proveedor estaba obligado a responder y bajo qué condiciones. Y si hubo recursos públicos asociados con compromisos que quedaron pendientes, corresponde explicar su destino.
Una obligación contractual no desaparece necesariamente porque cambie o termine el programa que la originó y, precisamente, esa diferencia es la que debe aclararse cuando existe una vinculación precisa con una política pública que desaparece por falta de presupuesto.
La Telefonía del Bienestar comenzó como una promesa de inclusión digital. Si ahora ha desaparecido para una parte de sus usuarios, el Estado y los operadores involucrados tienen una obligación básica de transparencia: explicar qué terminó, qué continúa, quién es responsable de cada servicio y qué ocurre con quienes pagaron y no recibieron lo contratado.
Antes de llamarlo fraude, hay que investigar, pero precisamente porque las cantidades individuales pueden ser pequeñas, la autoridad no debería esperar a que cada afectado tenga que resolver por separado un problema que podría ser colectivo.
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