De la redacción
Detenido por el caso de huachicol fiscal, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna ha enviado su octava carta a la presidenta Sheinbaum.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que sostiene que el Ejecutivo ha sido “mal informado” sobre su situación jurídica y denuncia la existencia de funcionarios federales que, según su versión, obstaculizan el acceso a información indispensable para ejercer su defensa.
Detenido a principios de septiembre de 2025, el vicealmirante Farías Laguna permanece desde entonces recluido en el penal federal del Altiplano, donde enfrenta proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y huachicol fiscal.
El mando naval afirma que la reserva de documentos bajo el argumento de seguridad nacional le ha impedido conocer plenamente las pruebas de la investigación, por lo que solicita, a través de una carta, la intervención de la titular del Ejecutivo para garantizar el debido proceso.
Dicha misiva se incorpora a una serie de cartas públicas difundidas desde su reclusión, en las que el vicealmirante ha rechazado las acusaciones de delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, además de denunciar presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.
En escritos anteriores también ha señalado una supuesta fabricación de pruebas, sosteniendo que otros funcionarios, civiles y militares, permanecen en sus cargos pese a conocer los hechos que originaron la indagatoria; sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido validada hasta ahora por resolución judicial.
Este caso que refiere la situación jurídica del almirante Farías forma parte de la investigación sobre una presunta red de contrabando de combustibles que operó mediante el denominado huachicol fiscal, esquema consistente en importar hidrocarburos con documentación o clasificaciones aduaneras falsas para evadir impuestos.
No obstante, la investigación ha derivado en órdenes de aprehensión contra militares, exfuncionarios y empresarios, además de colocar bajo escrutinio los mecanismos de control en puertos y aduanas administrados por las Fuerzas Armadas.
Más allá de la responsabilidad penal que determinen los tribunales, la nueva carta introduce un elemento institucional relevante: el equilibrio entre la protección de información considerada de seguridad nacional y el derecho de toda persona imputada a conocer las pruebas en su contra para ejercer una defensa adecuada.
La resolución de esa tensión será determinante no sólo para este proceso, sino también para la credibilidad de una investigación que se ha convertido en uno de los expedientes de corrupción más relevantes relacionados con el combate al huachicol fiscal.
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