Por Ricardo Ramírez
Rubén Rocha Moya volvió a la gubernatura de Sinaloa el viernes 21 de agosto después de 112 días separado del cargo y apenas 33 horas después, solicitó nuevamente licencia.
Entre el regreso de Rocha Moya la gubernatura y una nueva solicitud de licencia ocurrió algo políticamente más relevante: el gobierno de Claudia Sheinbaum se deslindó de la decisión, Morena hizo lo propio, la Presidenta expresó de manera pública que no le parecía pertinente y el Congreso de Sinaloa abrió la ruta constitucional para sustituirlo durante el resto del periodo.
Rocha había solicitado su primera licencia el 1 de mayo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación federal en contra de él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. El expediente estadounidense sostiene que los acusados habrían colaborado con una facción del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y protección política.
En el caso específico de Rocha, la acusación afirma que habría sostenido reuniones con integrantes de Los Chapitos y que, desde la gubernatura, les habría permitido operar con impunidad. Al respecto, es importante señalar que, hasta el momento, se trata de acusaciones contenidas en un indictment, lo cual ha quedado establecido expresamente por el propio Departamento de Justicia estadounidense.
Aquí aparece la primera cuestión que conviene separar de la disputa política. Sí existe un documento judicial estadounidense y sí contiene imputaciones concretas; sin embargo, la dinámica orientada por Estados Unidos nos hace saber que el expediente acusa a Rocha Moya de conspiración para importar narcóticos y de delitos relacionados con armas, con penas potenciales muy severas. Al mismo tiempo, el sistema estadounidense presume su inocencia mientras el caso no sea resuelto.
Del lado mexicano, la situación ha sido distinta, ya que, desde finales de abril, en que la noticia se dio a conocer, Claudia Sheinbaum sostuvo que México no podía actuar únicamente a partir de acusaciones y exigió pruebas. En julio señaló que Estados Unidos no había entregado ninguna prueba y que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía abierta su propia investigación. La presidenta resumió entonces la posición oficial en dos principios simultáneos: no proteger a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acusar a nadie sin pruebas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio un paso adicional y, por instrucción de Sheinbaum, hizo públicos documentos relacionados con las solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y los otros nueve señalados.
Entre esos documentos aparece la ficha de cargos elaborada por la Cancillería que confirma la naturaleza de las acusaciones estadounidenses, mientras las líneas de comunicación del gobierno mexicano establecen que las solicitudes fueron turnadas a la FGR y que ninguna acción judicial podía proceder sin pruebas suficientes conforme al sistema penal acusatorio.
Conviene, bajo dichas circunstancias, evitar dos conclusiones igualmente apresuradas, pues ni puede afirmarse que Rocha Moya fue exonerado porque México no haya recibido las pruebas estadounidenses, ni asegurarse que las acusaciones estadounidenses quedaron demostradas simplemente porque existe un indictment; es decir, se trata de dos momentos distintos del proceso y corresponden a autoridades diferentes.
En medio de esa situación, Rubén Rocha Moya se reincorporó el viernes 21 de agosto al ejercicio de la gubernatura de Sinaloa después de casi cuatro meses de licencia. Retomó sus actividades en Palacio de Gobierno y se reunió con integrantes de su gabinete. Posteriormente, publicó un mensaje en el que explicó las razones de su regreso, entre ellas que durante su separación se había puesto a disposición de la justicia mexicana y que, según lo informado por la Fiscalía General de la República, no existían elementos de prueba que acrediten responsabilidad penal en su contra.
La secuencia política cambió el sábado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en X en el que sostuvo que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. A partir de esa reacción se sucedieron varios posicionamientos políticos. Entre los más destacados, por ejemplo: Morena informó que no había sido consultado sobre la reincorporación y la Secretaría de Gobernación señaló que se trataba de una decisión exclusivamente personal.
Esa secuencia de hechos terminó con una nueva solicitud de licencia por parte del gobernador; y el 22 de agosto, pidió separarse nuevamente del cargo con una “licencia temporal”, con carácter indefinido, por más de treinta días. La Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud y turnó el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que deberá formular la propuesta para ocupar interinamente el Poder Ejecutivo.
Sheinbaum, sin pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del gobernador, fijó una posición política frente a su regreso y el domingo, durante una actividad pública, expresó de manera directa su desacuerdo con la decisión y señaló que no le había parecido pertinente que Rocha Moya retomara el cargo. También explicó que no había hablado con él antes de su reincorporación y que se enteró de la decisión por redes sociales.
Este lunes, durante la conferencia matutina, fue más contundente: calificó de “imprudente” el regreso de Rocha Moya y reiteró que se trató de una decisión personal del gobernador, no de una determinación del Gobierno de México.
Aquí comienza una segunda historia, menos espectacular que las 33 horas de regreso y más importante para la estabilidad institucional de Sinaloa: la sucesión interina. La Constitución Política del Estado establece en su artículo 58 que las faltas temporales del gobernador que excedan de 30 días serán cubiertas por un gobernador interino nombrado por el Congreso por mayoría absoluta de los diputados presentes. Si el Congreso está en receso, la Diputación Permanente puede nombrar provisionalmente a una persona mientras el Legislativo se reúne.
Significa lo anterior que la ruta institucional ya está definida y que no corresponde a la presidenta nombrar al sustituto, sino al Congreso de Sinaloa; ahora bien, hasta este momento no existe un nombramiento consumado, precisamente porque la sesión extraordinaria prevista para este lunes fue pospuesta “hasta nuevo aviso”, sin que el Congreso haya explicado públicamente la razón.
Entre los perfiles mencionados por diversos medios y actores políticos para el interinato aparecen: Yeraldine Bonilla Valverde, quien ya ocupó la gubernatura interina durante la primera licencia de Rocha; Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política; Feliciano Castro Meléndrez, exsecretario particular de Rocha y exsecretario de Bienestar y Economía; Teresa Guerra, diputada local; y Julio Berdegué Sacristán, exsecretario federal de Agricultura. Ninguno puede ser presentado como elegido mientras el Congreso no concluya el procedimiento.
Existe un dato particular sobre la posición de la presidenta que es importante no perder de vista: Sheinbaum no pidió al Congreso elegir a una persona de determinado partido ni señaló un nombre. Lo que sí hizo fue dejar claro que dicha decisión tiene que observar capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo de Sinaloa. También descartó que fuera procedente la desaparición de poderes y sostuvo que el Congreso local está funcionando y debe tomar su propia decisión.
Ese punto importa porque la crisis de Sinaloa no puede reducirse al destino personal de Rocha Moya, dado que el estado enfrenta una situación de seguridad extremadamente delicada y una disputa interna del crimen organizado que ha tenido consecuencias sociales y económicas profundas. En ese marco, está claro que prolongar una incertidumbre política innecesaria tendría un costo institucional que rebasa al gobernador con licencia.
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