De la redacción
Esta semana los delitos de despojo en la capital del país han generado un intenso debate. Algunos datos para entender mejor la problemática en la Ciudad de México.
Las 61 nuevas denuncias por despojo recibidas esta semana y las cerca de 300 restituciones de inmuebles anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México forman parte de un fenómeno que ha cambiado de escala. Desde 2020, la Fiscalía capitalina ha iniciado más de 25 mil carpetas de investigación por este delito, un incremento que llevó a crear una estrategia permanente de coordinación entre dependencias y a reformar la legislación para perseguir no sólo a quienes ocupan ilegalmente una vivienda, sino a las redes que facilitan estas operaciones.
Durante años, el despojo se entendió como un conflicto entre particulares derivado de invasiones de predios o disputas familiares, pero desde hace algunos años las autoridades describen un fenómeno más complejo y las investigaciones han identificado casos en los que convergen falsificación de escrituras, uso de documentos apócrifos, litigios civiles simulados, ocupación de inmuebles deshabitados y participación de intermediarios que aprovechan vacíos registrales para apropiarse de propiedades, especialmente aquellas pertenecientes a adultos mayores, personas fallecidas o propietarios ausentes.
Ese cambio de dimensión explica por qué en abril de 2025 el Gobierno capitalino creó un Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, integrado por la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica, el Registro Público de la Propiedad y otras dependencias.
Poco tiempo después, el Congreso local reformó el Código Penal para endurecer las sanciones cuando el delito involucra violencia, documentos falsos, grupos organizados, servidores públicos o víctimas en condición de vulnerabilidad. La estrategia anunciada esta semana busca consolidar esa coordinación mediante el intercambio de información y operativos para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.
Como puede apreciarse, las cifras permiten dimensionar tanto el problema como el alcance de la respuesta institucional, ya que más de 25 mil carpetas de investigación iniciadas en seis años contrastan con alrededor de 300 inmuebles restituidos y poco más de 460 detenciones reportadas en ese periodo mediante operativos coordinados.
Resulta eje de la estrategia presentada esta semana, el hecho de que se apoya en un mecanismo de coordinación que el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha en 2025 con la creación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos; mismo que, de acuerdo con la Jefatura de Gobierno, en él participan la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Catastro, entre otras instancias.
El propósito estratégico es concentrar en una sola mesa la investigación penal, la verificación registral, la ejecución de resoluciones judiciales y la restitución de inmuebles, en un delito cuya atención rebasa las atribuciones de una sola dependencia.
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