De la redacción
Cuba se prepara para uno de los cambios más grandes que se hayan implementado dentro de la isla en materia económica.
En uno de los cambios económicos más amplios emprendidos por el gobierno cubano en las últimas décadas, La Habana anunció la apertura de nuevos sectores a la participación privada, incluyendo la operación de gasolineras, farmacias, centros geriátricos, instalaciones portuarias y diversas actividades vinculadas con el comercio exterior y los servicios.
Las medidas forman parte de un paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobado en junio, con el propósito de dinamizar una economía que enfrenta su crisis más severa desde el llamado “Periodo Especial”.
Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba, presentó las reformas el pasado 12 de junio al señalar que el modelo económico debía adaptarse a “las exigencias de los tiempos actuales”; más tarde, los ministerios responsables precisaron que el Estado mantendrá la conducción de los sectores considerados estratégicos, pero permitirá la participación de nuevos actores económicos nacionales y extranjeros en actividades que hasta ahora permanecían reservadas casi en exclusiva a empresas estatales.
Entre los cambios destacan la posibilidad de que operadores privados administren estaciones de servicio, farmacias, servicios para adultos mayores y determinadas instalaciones portuarias, además de una mayor apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera.
Dichas decisiones responden a un deterioro económico acumulado, pues es más que evidente que Cuba enfrenta una prolongada contracción productiva, escasez de combustibles y medicamentos, inflación, frecuentes apagones y una caída sostenida del turismo, al tiempo que continúa bajo un régimen de sanciones económicas estadounidenses reforzado durante 2025 y 2026.
Dicha situación ha llevado al gobierno cubano a reconocer que la inversión extranjera y el crecimiento del sector privado dejaron de ser un complemento para convertirse en instrumentos necesarios para generar divisas, aumentar la producción y sostener la actividad económica.
Aunque el gobierno cubano insiste en que las reformas no representan un abandono del modelo socialista, el alcance de las medidas marca un cambio respecto de la organización tradicional de la economía insular; lo que implica que la autorización para que actores privados participen en actividades como la distribución de combustibles, la operación de farmacias o determinados servicios portuarios supone ampliar espacios que históricamente habían permanecido bajo control estatal.
Analistas consultados por distintos medios consideran que se trata de la apertura económica más profunda en décadas, aun cuando persistan límites relevantes en materia política e institucional y el Partido Comunista conserve el control del sistema.
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