Por Ariadna Cantarell
Meta ha enfrentado múltiples procesos legales y ajustes regulatorios debido a diversos motivos que van de la protección de menores a prácticas monopólicas.
Este mes de agosto, Meta enfrenta una nueva etapa de presión judicial y regulatoria en Estados Unidos y Europa por el funcionamiento de Facebook e Instagram, en especial por su impacto en menores y por el diseño de sus plataformas. Esta semana fue el comienzo de un juicio en Caliofornia (18 de agosto) promovido por fiscales generales de 29 estados, mientras que en Nuevo México una sentencia reciente impuso a la empresa 567 millones de dólares adicionales y nuevas obligaciones de protección para menores.
En Europa, la Comisión Europea determinó, en principio, que ciertas características de Instagram y Facebook incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Los expedientes no forman parte de un solo proceso y tienen fundamentos jurídicos diferentes.
El juicio federal que comenzó en Oakland, California, es uno de los mayores procesos contra una plataforma digital por sus efectos sobre niños y adolescentes. Los fiscales de 29 estados acusan a Meta de haber diseñado Instagram y Facebook para generar un uso compulsivo, conocer los riesgos para los menores y no actuar de manera suficiente para mitigarlos, además de cuestionar la recopilación de datos de menores de 13 años sin consentimiento parental.
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan la presentación del caso. Meta rechaza las acusaciones y sostiene que sus investigaciones y medidas de seguridad han sido presentadas fuera de contexto; el juicio podría prolongarse entre seis y ocho semanas.
Un elemento central del proceso son las pruebas internas de la compañía y el testimonio de Arturo Béjar, exingeniero de Meta, quien declaró que la empresa mantenía una política que permitía que menores de 13 años utilizaran sus servicios pese a que sus sistemas podían identificar algunos casos. Béjar también cuestionó mecanismos como las herramientas de pausas y denunció que la seguridad infantil tenía menor peso que el crecimiento de la participación de usuarios.
Meta sostiene que ha eliminado cuentas de menores de 13 años y que ha incorporado herramientas específicas de protección para adolescentes.
Este caso llega después de una resolución especialmente importante en Nuevo México, donde un juez ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares y establecer medidas adicionales para proteger a menores, entre ellas límites de uso para adolescentes, restricciones sobre determinadas interacciones con los chatbots de inteligencia artificial, advertencias y mayores controles sobre las cuentas de menores.
Esa sanción se suma a una condena anterior de 375 millones, con lo que el monto total impuesto a la empresa en ese expediente asciende a 942 millones de dólares, aunque Meta ha dado a conocer que tiene previsto apelar.
Europa mantiene un frente distinto debido a que la Comisión Europea determinó de manera preliminar que el diseño de Instagram y Facebook podía incumplir la DSA debido a funciones como desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones y sistemas de recomendación personalizados.
Bruselas sostiene que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos de estas características para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables. Como resultado, aunque la conclusión es todavía preliminar, se sabe que Meta tiene derecho a revisar el expediente y responder antes de que exista una decisión definitiva y, en caso de incumplimiento definitivo, está claro que la DSA permite multas de hasta 6 por ciento de la facturación mundial anual.
Concretamente, la Ley de Servicios Digitales permite a la Comisión Europea imponer multas de hasta 6% de la facturación mundial anual de una plataforma por infracciones confirmadas, lo que en el caso de Meta, cuyos ingresos globales fueron de 200 mil 966 millones de dólares en 2025, equivaldría aproximadamente a 12 mil 058 millones de dólares, lo cual no refiere una multa anunciada para Meta, sino el tope que establece la legislación europea como máximo legal.
Cabe recordar, que el frente europeo no empezó con Meta, pues TikTok también fue objeto de una conclusión preliminar de la Comisión Europea por diseño adictivo, lo que muestra que Bruselas está desarrollando una interpretación regulatoria más amplia sobre los riesgos de determinadas características de las plataformas, con independencia de una empresa concreta.
La DSA, vigente para las grandes plataformas, desde febrero de 2024, permite exigir evaluaciones de riesgo, medidas correctivas y, en determinados casos, sanciones económicas.
Existe, además, un tercer frente estadounidense, distinto al de protección de menores: la demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Meta por supuesto monopolio en servicios de redes sociales personales. Aunque ha de señalarse que la FTC perdió una primera instancia en noviembre de 2025, presentó una apelación en enero de 2026 y sostiene que Meta conservó ilegalmente su posición dominante mediante la adquisición de Instagram y WhatsApp cuando eran amenazas competitivas.
Para concluir, ha de puntualizarse que el conjunto de estos procesos muestra que Meta no enfrenta una sola controversia regulatoria, sino cuestionamientos desde tres ángulos distintos: protección de menores, diseño y funcionamiento de las plataformas, y competencia económica.
Por su parte, las autoridades estadounidenses están llevando los conflictos en particular por la vía judicial y mediante leyes estatales, mientras la Unión Europea utiliza un marco regulatorio específico para las grandes plataformas digitales. El resultado de estos casos puede obligar a Meta a modificar productos, algoritmos, herramientas de protección y prácticas de negocio, pero ninguno de los procesos actualmente abiertos permite afirmar por adelantado que la empresa será condenada en todos los frentes.
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