Por Luz Elena Pereyra
Más de 158 mil aspirantes pagaron por presentar el examen de ingreso a la UNAM; la recaudación por derechos de evaluación superó los 77 millones de pesos mientras continúa la investigación por fraude.
El fraude detectado durante el proceso de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene ya una dimensión económica que trasciende la investigación penal iniciada por la institución, considerando que antes incluso de conocer el monto que pudieron obtener las personas o empresas investigadas por ofrecer supuestos ingresos garantizados, el propio proceso de selección movilizó decenas de millones de pesos únicamente por concepto de derechos de examen.
De acuerdo con la información oficial de la Universidad, 158 mil 712 aspirantes participaron en el Concurso de Selección para Licenciatura 2026 y la convocatoria estableció un pago de 490 pesos por derecho a examen, requisito indispensable para presentar la evaluación. Con base en esos datos, la recaudación asociada al proceso asciende, aproximadamente, a 77.8 millones de pesos.
La cifra, sin embargo, representa sólo el costo institucional del procedimiento, ya que la investigación ministerial abierta tras la denuncia presentada por la UNAM busca esclarecer la posible participación de personas y empresas que presuntamente comercializaron servicios fraudulentos relacionados con el ingreso a licenciatura, un mercado del que hasta ahora no existe una estimación pública sobre el dinero que habría movilizado.
La propia Universidad informó que alrededor del 1.3 por ciento de los participantes incurrió en irregularidades previstas en la convocatoria y confirmó la detección de personas y empresas presuntamente vinculadas con esos servicios, lo que motivó el traslado del caso del ámbito disciplinario universitario al sistema de procuración de justicia.
La dimensión económica del caso no termina ahí, ya que además del pago oficial para presentar el examen, la competencia por uno de los 19 mil 554 lugares disponibles mediante Concurso de Selección ha favorecido durante años la aparición de un mercado paralelo integrado por cursos, asesorías, supuestas filtraciones de reactivos, promesas de ingreso garantizado y otros servicios cuya legalidad forma parte de la investigación en curso.
El reportaje publicado previamente por LEEA documentó que ese mercado clandestino aprovecha la elevada demanda para ingresar a carreras de alta competencia para ofrecer mecanismos ajenos al mérito académico. (Ver: Fraude universitario, parte I y parte II)
Hasta ahora, la UNAM mantiene bajo reserva la identidad de las personas investigadas, el número de posibles víctimas y el monto económico asociado a los hechos denunciados, tampoco se ha informado cuánto dinero pudieron pagar las familias a intermediarios, empresas o particulares que ofrecían alterar los resultados del proceso de admisión; por lo tanto, la ausencia de esa información abre una nueva línea de interés público.
Si la investigación confirma la existencia de una red organizada para comercializar el ingreso universitario, el caso dejará de medirse por el número de exámenes anulados o de personas investigadas, ya que, sin duda, también deberá cuantificarse el impacto económico sobre las familias que, además del pago oficial por presentar el examen, pudieron haber entregado cantidades adicionales confiando en promesas que nunca formaron parte de los procedimientos oficiales de la Universidad.
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