Cuando el ingreso llega a los tribunales.

Por Luz Elena Pereyra Rodríguez

En la primera parte de esta investigación especial de LEEA, abordamos la denuncia que ha hecho la UNAM por fraude, las particularidades del examen de ingreso y los negocios ilícitos que se han formado a su alrededor.

La denuncia penal presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México contra personas y empresas que presuntamente comercializaron servicios fraudulentos relacionados con el ingreso a licenciatura abrió una investigación que rebasa el ámbito de un proceso de admisión.

El caso, abordado en el artículo —“UNAM: del examen de admisión al negocio del fraude”— coloca bajo revisión un fenómeno que durante años fue abordado en esencia desde la disciplina universitaria y que ahora comienza a ser analizado también desde la procuración de justicia.

Esta investigación examina el contexto en el que surge esa decisión institucional a partir de la información oficial disponible, antecedentes documentados y fuentes especializadas. Reconstruye la evolución de las modalidades de fraude, el funcionamiento del sistema de admisión, el alcance jurídico de la denuncia y los desafíos que enfrenta la educación superior para preservar la integridad de uno de sus procesos más relevantes: el acceso basado en el mérito académico.

La respuesta penal de la UNAM

Presentada el 3 de julio de 2026, la denuncia penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) constituye la decisión institucional más reciente frente a un fenómeno que ha acompañado, bajo distintas modalidades, los procesos de admisión a la educación superior. El expediente se originó a partir de las irregularidades detectadas durante el Concurso de Selección para Licenciatura 2026.

Dicho expediente fue turnado a las autoridades competentes para determinar si los hechos observados configuran conductas delictivas y cuya determinación desplaza la investigación del ámbito estrictamente universitario hacia el sistema de procuración de justicia, donde corresponderá al Ministerio Público integrar la carpeta de investigación y establecer las responsabilidades que, en su caso, procedan.

Durante la segunda jornada de aplicación del examen participaron 158 mil 712 aspirantes, sometidos a un esquema de supervisión apoyado en herramientas de inteligencia artificial y mecanismos de autenticación desarrollados por la propia Universidad; de lo que se desprende que, según la información oficial, aproximadamente 1.3% de los participantes incurrió en irregularidades previstas en la convocatoria y refiere, además, la detección de personas y empresas que presuntamente ofrecían servicios fraudulentos relacionados con el ingreso a licenciatura.

Aquí cabe destacar que la UNAM mantiene bajo reserva la identidad de los involucrados, la autoridad ministerial que conduce la investigación y las posibles figuras penales; información que forma parte de una indagatoria aún en desarrollo. 

Lejos de tratarse de un episodio aislado, la actuación de la Universidad se inscribe, según expresan sus autoridades, en una política sostenida para proteger la integridad de sus procesos de admisión, lo cual lleva a precisar que en convocatorias anteriores fueron anulados exámenes, cancelados registros e interpuestas denuncias penales tras detectarse esquemas de suplantación de identidad, comercialización de supuestos mecanismos para garantizar el ingreso y otras prácticas fraudulentas.

En 2026 la diferencia radica en la creciente sofisticación de las modalidades identificadas —favorecida por la digitalización de las evaluaciones—, el uso de nuevas tecnologías y la aparición de servicios que buscan convertir la aspiración de ingresar a la Universidad en un mercado ilícito.

El caso adquiere relevancia porque permite observar la evolución de un fenómeno que rebasa el ámbito académico, lo cual obliga a comprender cómo han cambiado las formas de fraude, cuáles son los incentivos que las alimentan y qué instrumentos jurídicos e institucionales existen para enfrentarlas constituye el punto de partida para analizar un problema que, lejos de limitarse a la UNAM, forma parte de una discusión cada vez más amplia sobre la protección de los procesos de selección en la educación superior.

Ingresar a la UNAM: la competencia por un lugar

Cada proceso de admisión de la UNAM pone a prueba la capacidad de uno de los sistemas de educación superior más grandes y complejos de América Latina. Durante el Concurso de Selección para Licenciatura 2026 participaron 158 mil 712 aspirantes, una cifra que permite dimensionar la magnitud de la demanda que concentra la institución y el desafío permanente de asignar los espacios disponibles conforme a criterios académicos previamente establecidos. 

De acuerdo con información oficial de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, para el ciclo escolar más reciente la Universidad programó el ingreso a licenciatura de 48 mil 560 estudiantes distribuidos en 133 programas académicos, impartidos en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.

Sin embargo, la organización del ingreso responde a una estructura que suele pasar inadvertida en la discusión pública, y es el hecho que del total de estudiantes de nuevo ingreso, 29 mil 6 acceden mediante el Pase reglamentado, mecanismo previsto para los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que cumplen los requisitos establecidos por la normatividad universitaria.

Los 19 mil 554 lugares restantes se asignan a través del Concurso de Selección, dirigido a aspirantes externos y a quienes no cuentan con ese beneficio. Esta distribución modifica la manera en que deben interpretarse las cifras del proceso, pues quienes presentan el examen compiten únicamente por los espacios disponibles en esa modalidad y no por la totalidad de la matrícula de nuevo ingreso. (Véase la tabla “Modalidades de ingreso a licenciatura de la UNAM” al final de este apartado).

La competencia tampoco se distribuye de manera uniforme, ya que conforme a la información que la Dirección General de Administración Escolar publica en cada convocatoria, la relación entre oferta, demanda y aciertos mínimos varía de forma significativa entre licenciaturas, registrándose que Medicina, Derecho, Psicología, Arquitectura y diversas ingenierías concentran históricamente los mayores niveles de presión, mientras otros programas mantienen una demanda considerablemente menor.

El sistema de admisión, por tanto, no enfrenta una competencia homogénea, sino múltiples escenarios definidos por la capacidad instalada de cada entidad académica y por el atractivo profesional y social que determinadas carreras representan para los aspirantes.

Sobre esa estructura altamente diferenciada se configura el entorno en el que prosperan quienes ofrecen supuestos mecanismos para garantizar un lugar en la Universidad, pues la expectativa de ingresar a las licenciaturas con mayor demanda confiere un valor económico a la promesa de obtener un espacio; circunstancia que permite comprender por qué las prácticas fraudulentas no aparecen de manera aleatoria, sino que tienden a concentrarse allí donde la competencia académica alcanza sus niveles más elevados.

Ese fenómeno constituye el punto de partida para analizar, en el siguiente apartado, la evolución de las modalidades de fraude vinculadas con el ingreso a la educación superior.

Del acordeón al algoritmo

Proteger la integridad de los procesos de admisión ha obligado a la UNAM a actualizar de manera permanente sus mecanismos de supervisión, como se puede observar en el hecho de que conforme el examen evolucionó hacia esquemas apoyados en plataformas digitales, sistemas de autenticación e inteligencia artificial, también cambiaron las formas de vulnerar esos controles.

El fraude dejó de limitarse a prácticas aisladas, como la copia o la suplantación de identidad, para incorporar modalidades cada vez más sofisticadas que aprovechan las posibilidades tecnológicas y la amplia difusión que ofrecen las redes sociales.

Información difundida por la propia UNAM a lo largo de los últimos procesos de admisión documenta esa transformación, dando cuenta de cómo durante las aplicaciones en línea fueron detectados aspirantes que intentaron recibir apoyo externo, manipular cámaras, utilizar dispositivos no autorizados o eludir los mecanismos de identificación establecidos por la convocatoria.

Esos hallazgos derivaron en la cancelación de exámenes, la anulación de registros y, cuando existieron elementos suficientes, en la presentación de denuncias ante las autoridades competentes, confirmando que la Universidad ha fortalecido progresivamente su política de protección de la integridad académica.

Con la convocatoria 2026 correspondiente apareció un componente distinto, expresado en el comunicado oficial emitido por la Dirección General de Comunicación Social, al referir la presunta participación de personas y empresas que ofrecían servicios fraudulentos relacionados con el ingreso a licenciatura; circunstancia que desplaza de manera parcial la atención del comportamiento individual del aspirante hacia posibles esquemas organizados de intermediación ilícita.

Precisamente ese aspecto constituye el objeto de la investigación ministerial que se encuentra en curso y será la autoridad competente quien determine si los hechos acreditan responsabilidades individuales o la existencia de estructuras dedicadas a lucrar con el acceso a la educación superior.

Lejos de responder a un fenómeno exclusivo de la UNAM, la evolución de estas modalidades refleja un comportamiento observado en distintos sistemas universitarios del mundo, pues cada avance en los mecanismos de control suele ir acompañado por estrategias cada vez más complejas para intentar evadirlos. 

Esa dinámica permite comprender por qué el fraude académico dejó de representar únicamente un problema disciplinario para convertirse, de manera creciente, en un asunto vinculado con la seguridad de los procesos de evaluación, el uso de tecnologías digitales y la actuación de redes que buscan obtener beneficios económicos mediante el engaño. Las modalidades del fraude académico se pueden observar, de manera resumida, en la tabla a continuación.

El negocio del ingreso

Ingresar a una universidad pública de alta demanda representa, para cientos de miles de jóvenes, una oportunidad de movilidad social construida durante años de preparación académica que muestra una alta expectativa, la cual es legítima, pero también ha dado origen a un mercado clandestino que identifica en la competencia por un espacio una oportunidad de negocio, ofreciendo supuestos mecanismos para asegurar el ingreso mediante pagos, intermediaciones inexistentes o servicios que, además de carecer de sustento, pueden constituir conductas delictivas.

Redes sociales, servicios de mensajería instantánea, páginas de internet y plataformas de comercio digital se han convertido en los principales canales de captación, a través de los cuales se anuncian cursos con “ingreso garantizado”, venta de reactivos, acceso anticipado a exámenes, asesorías vinculadas con presuntos funcionarios universitarios o incluso la promesa de alterar resultados.

Ninguno de esos ofrecimientos forma parte de los procedimientos oficiales de admisión y, de acuerdo con los comunicados emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, constituyen prácticas respecto de las cuales la institución ha mantenido alertas permanentes dirigidas a aspirantes y familias.

Conviene distinguir, sin embargo, entre preparación académica y fraude, porque México cuenta con una amplia oferta de cursos legítimos de apoyo para el examen de admisión, impartidos por instituciones educativas y especialistas que desarrollan contenidos de estudio sin establecer vínculos con las universidades ni prometer resultados.

El mercado ilícito comienza cuando la oferta deja de centrarse en el aprendizaje y asegura influencias, acceso privilegiado a información reservada o cualquier mecanismo ajeno al mérito académico como condición para obtener un lugar.

Precisamente en ese contexto adquiere relevancia la denuncia penal presentada por la UNAM durante el proceso de admisión 2026, cuya investigación ya no se limita a determinar si existieron intentos individuales por vulnerar el examen, sino que busca esclarecer la posible actuación de personas físicas o morales que habrían obtenido beneficios económicos mediante el engaño.

Esa diferencia modifica el alcance del caso: el objeto de investigación deja de ser en exclusiva la conducta del aspirante y se desplaza hacia quienes, aprovechando la alta demanda por ingresar a la educación superior, construyen esquemas de captación y lucro alrededor de una aspiración legítima de miles de jóvenes.

En la segunda parte de la entrega, estaremos explorando algunos ejemplos de diversas universidades en el mundo y la forma en que respondieron a casos de fraude en sus procesos de selección, los desafíos institucionales a los que se enfrenta la Universidad a partir de la denuncia interpuesta y el panorama general de la educación superior en México ante este nuevo tipo de mercados ilícitos que han florecido entorno a los mecanismos de admisión.

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