El crimen organizado y la captura del poder local

Por Miguel Ángel López Flores

Los hechos de violencia en Zacatecas invitan a pensar sobre el papel que debe asumir el Estado y las capacidades de gobernanza de las autoridades locales.

Diez hombres asesinados, cinco de ellos colgados de un puente vehicular, es una escena propia de los años más cruentos de la llamada “guerra contra el narco” y que, por sí misma, estremeció al país el pasado 18 de julio. Sin embargo, reducir lo ocurrido en Zacatecas a una nueva masacre atribuible al crimen organizado sería quedarse en la superficie de un fenómeno mucho más complejo: la brutalidad del crimen, el perfil de las víctimas y lo que éste revela sobre la evolución de las organizaciones criminales en México. 

Entre los asesinados se encontraban un expresidente municipal, funcionarios de un ayuntamiento, empresarios de la construcción, organizadores de actividades económicas, productores agropecuarios y personas vinculadas a la vida pública regional; por lo que es fácil dilucidar que no se trató de una agresión indiscriminada contra la población civil, sino de un ataque dirigido hacia actores que ocupaban posiciones relevantes dentro del entramado económico y político de diversos municipios zacatecanos. 

La reconstrucción oficial de los hechos permite advertir una operación planeada cuidadosamente y cuyas investigaciones establecen que las víctimas fueron privadas de la libertad entre el 16 y el 18 de julio, y que sus cuerpos aparecieron en distintos puntos de los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Cinco personas fueron colgadas de un puente sobre la carretera federal 54 y otras abandonadas cerca de instalaciones públicas y vías de comunicación.

El mensaje no estaba dirigido únicamente a las familias de las víctimas. Su destinatario implicó un mensaje de carácter social que llevó a que, en un primer momento, predominara la lógica habitual de la violencia criminal: un ajuste de cuentas, una disputa entre organizaciones o un episodio más dentro de la confrontación entre grupos delictivos. Conforme avanzó la investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado comenzó a delinear un panorama más complejo.

Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, informó que existen elementos para sostener líneas de investigación relacionadas con redes de extorsión y posibles actos de colusión de servidores públicos. Asimismo, señaló que al menos dos de las víctimas habrían participado en actividades de extorsión, aunque precisó que esa acción pudo haber ocurrido de manera voluntaria o bajo coerción, razón por la cual las investigaciones permanecen abiertas.

Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas y las autoridades mantienen indagatorias financieras y patrimoniales para esclarecer el alcance de la red criminal; precisión que resulta fundamental al seguir la información que involucra un proceso de investigación, la cual no equivale a una sentencia que, en un Estado de derecho, no implica precisamente una sentencia; en ese sentido convertir hipótesis ministeriales en verdades judiciales sería tan irresponsable como ignorar los indicios que hoy poseen las autoridades.

Dado que la prudencia obliga a distinguir entre lo acreditado y lo que aún debe probarse, el caso Zacatecas merece un análisis más allá de las personas involucrada, tomando en cuenta que lo ocurrido parece responder a un patrón que distintos estudios académicos han venido documentando desde hace varios años: las organizaciones criminales ya no buscan solo controlar rutas para el trasiego de drogas, sino de influir mediante en la sociedad al perpetrar una serie de actividades ilícitas. 

Lejos de constituir una hipótesis novedosa, esta dinámica ha sido documentada por diversos estudios sobre violencia política y gobernanza criminal en México, como es el caso de las investigaciones de los politólogos mexicanos Guillermo Trejo y Sandra Ley,¹ han demostrado que los ataques contra alcaldes, candidatos y autoridades municipales dejaron de ser hechos aislados para convertirse en una estrategia orientada a influir en la integración de los gobiernos locales, ampliar el control territorial de las organizaciones criminales y asegurar rentas derivadas de economías ilegales como la extorsión, el robo de combustible, el lavado de dinero o el control de mercados regionales.

Zacatecas ofrece en la actualidad un escenario particularmente ilustrativo, ya que durante los últimos años la entidad transitó de ser uno de los estados con mayores niveles de homicidio a registrar una disminución significativa en ese indicador; dicha reducción ha sido presentada por el gobierno estatal como evidencia de un proceso de pacificación. 

Por otra parte, diversos especialistas advierten que una caída en los homicidios no necesariamente implica el debilitamiento de las organizaciones criminales; también puede reflejar procesos de reacomodo, acuerdos de facto entre grupos rivales o formas distintas de ejercer el control territorial. 

La masacre del 18 de julio obliga a plantear una pregunta en ese sentido: ¿estamos frente a una ruptura de ese supuesto equilibrio o ante una demostración de fuerza dirigida a quienes participan —voluntaria o involuntariamente— en circuitos económicos sometidos a la presión del crimen organizado?

Responder hoy sería precipitado, pero sí puede afirmarse que la violencia ha cambiado de naturaleza de las interacciones criminales, pues hace una década predominaban los enfrentamientos entre grupos armados por el dominio de carreteras o corredores estratégicos, mientras hoy aparecen indicios de una disputa por controlar actividades económicas legales, decisiones administrativas y estructuras municipales que permiten obtener recursos, protección e información.

Ese desplazamiento modifica también los desafíos para las instituciones, ya que no basta con incrementar patrullajes o desplegar fuerzas federales, el problema que se enfrenta, de manera preocupante en Zacatecas, exige fortalecer capacidades de inteligencia financiera, sistemas de fiscalización, controles sobre la contratación pública y mecanismos eficaces para proteger a las autoridades municipales frente a las presiones del crimen organizado.

La imagen de cinco cuerpos suspendidos de un puente permanecerá durante mucho tiempo en la memoria colectiva, si bien el alcance del caso Zacatecas rebasa el impacto de esa imagen. El verdadero desafío para el Estado mexicano no consiste únicamente en detener a los responsables materiales, consiste en impedir que las organizaciones criminales conviertan la economía local, los gobiernos municipales y la gestión pública en espacios donde la violencia sustituya a la autoridad y donde el miedo termine administrando aquello que corresponde al Estado gobernar.

1. Guillermo Trejo, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), especializado en violencia política, democratización y crimen organizado en México. Sandra Ley, politóloga mexicana, entonces investigadora de la División de Estudios Políticos del CIDE (Ciudad de México), actualmente profesora e investigadora en la Universidad de Columbia. ↩︎

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