Cuando el ingreso llega a los tribunales

Por Luz Elena Pereyra Rodríguez

Con esta investigación especial de LEEA, traemos a nuestros lectores una revisión más detallada sobre lo que gira entorno a lo acontecido con los esquemas de fraude en el examen de admisión de la UNAM.

En esta segunda parte de la entrega, revisaremos las consecuencias legales, institucionales y de fondo que suponen para la UNAM y la educación superior en México lo sucedido en su proceso de admisión del 2026.

Del ámbito universitario al sistema de justicia

Presentar una denuncia penal constituye apenas el punto de partida de un procedimiento jurídico cuyo propósito consiste en esclarecer hechos que podrían configurar uno o varios delitos. En el caso de la UNAM la decisión de acudir ante las autoridades ministeriales trasciende las medidas disciplinarias previstas en la normatividad universitaria y traslada la investigación al ámbito de la procuración de justicia, donde corresponderá al Ministerio Público integrar la carpeta de investigación, recabar datos de prueba y determinar si existen elementos suficientes para ejercer acción penal.

A diferencia de los procedimientos administrativos internos, la investigación penal incorpora facultades que sólo pueden ejercer las autoridades competentes, lo cual quiere decir que la Fiscalía podrá solicitar información, entrevistar testigos, requerir documentos, practicar dictámenes periciales, analizar evidencias tecnológicas y establecer, en su caso, si las conductas denunciadas fueron resultado de actuaciones individuales o de una posible coordinación entre diversas personas físicas o morales. Una vez agotada esa etapa podrá definirse si existen elementos para judicializar el caso ante un juez de control.

Ese tamiz resulta indispensable para comprender el alcance de la decisión anunciada por la Universidad, toda vez que la presentación de una denuncia no implica la acreditación de responsabilidad penal ni anticipa el sentido de una eventual resolución judicial; pero sí activa un proceso sujeto a los principios del sistema penal acusatorio, entre ellos la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. En consecuencia, cualquier responsabilidad deberá sustentarse en pruebas obtenidas conforme a la ley y valoradas por la autoridad jurisdiccional competente.

Dentro de ese marco institucional, la actuación de la UNAM adquiere una dimensión que rebasa el proceso de admisión 2026, gracias a que la denuncia coloca bajo escrutinio un fenómeno que, durante años, fue abordado en concreto desde la disciplina universitaria y la prevención administrativa; y corresponde ahora al sistema de justicia determinar si las evidencias reunidas permiten acreditar la existencia de un esquema de fraude con relevancia penal y, en su caso, identificar a quienes hubieran participado en él.

El desenlace del procedimiento no sólo definirá responsabilidades individuales, también establecerá el alcance con el que las instituciones públicas pueden enfrentar, mediante instrumentos jurídicos, las redes que lucran con el acceso a la educación superior.

La confianza pública como bien institucional

Todo sistema de admisión descansa sobre un principio que trasciende la aplicación de un examen: la confianza de la sociedad en que el acceso a la educación superior responde a reglas objetivas, transparentes y conocidas por todos; esa confianza constituye uno de los activos más valiosos de cualquier universidad pública, porque sostiene la legitimidad de los resultados y el reconocimiento social de quienes obtienen un lugar mediante su desempeño académico.

Cuando alrededor de ese proceso surgen mecanismos destinados a vender influencias inexistentes, ofrecer respuestas supuestamente auténticas o garantizar ingresos al margen de la normatividad, el daño no se limita al patrimonio de quienes fueron engañados; también se erosiona la credibilidad de las instituciones, se alimenta la percepción de que el mérito puede sustituirse por el dinero y se debilita la certidumbre que debe acompañar a todo procedimiento de selección sustentado en criterios académicos.

Por ello, en esencia, las universidades han fortalecido durante los últimos años sus mecanismos de autenticación, supervisión tecnológica y prevención del fraude; razón por la cual la incorporación de herramientas digitales para verificar identidad, monitorear la aplicación de exámenes y detectar irregularidades responde a una tendencia observada en diversos sistemas de educación superior, donde la integridad de los procesos de evaluación ha pasado a formar parte de las políticas institucionales de aseguramiento de la calidad académica.

La decisión de la UNAM de acudir al sistema de justicia se inserta en ese contexto de fortalecimiento institucional, pues más allá del resultado que alcance la investigación ministerial, el caso coloca en el centro del debate la necesidad de proteger procedimientos cuya legitimidad depende de la confianza pública.

Dejando claro que en esa universidad —que cada año concentra la aspiración de cientos de miles de jóvenes— preservar la integridad del ingreso significa también resguardar uno de los principios que dan sustento a la educación pública: que las oportunidades académicas se asignen conforme a reglas verificables, transparentes y sustentadas en el mérito.

Un desafío global

Lejos de constituir un episodio aislado, los intentos por vulnerar los procesos de admisión forman parte de un fenómeno que acompaña a los sistemas universitarios de alta demanda en distintas regiones del mundo. La combinación entre una competencia cada vez más intensa por acceder a instituciones de prestigio, el elevado valor social de la educación superior y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas ha obligado a universidades y gobiernos a fortalecer sus mecanismos de prevención, supervisión e investigación.

Con fines comparativos, este trabajo incorpora algunos de los casos internacionalmente mejor documentados sobre fraude en procesos de admisión universitaria, cuya selección no pretende ofrecer una muestra estadística representativa, sino reunir experiencias paradigmáticas que ilustran distintas modalidades de fraude, la diversidad de las respuestas institucionales y los principales aprendizajes desarrollados por sistemas de educación superior sometidos a una elevada presión competitiva.

Uno de los antecedentes más relevantes se registró en Estados Unidos en el 2021 con la denominada Operación Varsity Blues, investigación federal que reveló una red integrada por asesores educativos, entrenadores deportivos, administradores de exámenes y familias que pagaban sobornos para obtener ventajas indebidas en los procesos de admisión de universidades de élite.

A diferencia del caso mexicano, el esquema no se concentró en vulnerar un examen de ingreso, sino en manipular distintos componentes del procedimiento de selección mediante falsificación de credenciales deportivas, alteración de evaluaciones estandarizadas y corrupción de funcionarios universitarios. El caso derivó en decenas de procesos penales y motivó una revisión de los mecanismos de control en diversas instituciones estadounidenses.

China ofrece un contraste distinto con el Gaokao, considerado uno de los exámenes de admisión más competitivos del mundo, al movilizar cada año a millones de aspirantes. A lo largo de las últimas décadas las autoridades han documentado intentos de suplantación de identidad, utilización de dispositivos electrónicos, venta de respuestas supuestamente filtradas y esquemas de fraude difundidos mediante plataformas digitales para engañar a aspirantes y sus familias.

Ese escenario llevó al Estado a desplegar protocolos extraordinarios de seguridad que incluyen reconocimiento facial, monitoreo con inteligencia artificial, detectores electrónicos, vigilancia especializada, inhibidores de señal y sanciones penales dirigidas tanto contra quienes intentan vulnerar el examen como contra quienes organizan o comercializan actividades fraudulentas relacionadas con el proceso de admisión. La prioridad institucional no ha consistido únicamente en sancionar el fraude una vez cometido, sino en reducir al máximo las posibilidades de que ocurra mediante una estrategia integral de prevención, supervisión e investigación.

También experiencias recientes en India muestran otra dimensión del problema, toda vez que las investigaciones abiertas a partir de irregularidades detectadas en el examen nacional de ingreso a Medicina de India (National Eligibility-cum-Entrance Test/NEET) dieron lugar a detenciones, cancelación de procesos y reformas administrativas dirigidas a fortalecer la seguridad de las evaluaciones. Los casos documentados evidenciaron que la presión por acceder a carreras altamente demandadas también puede favorecer la aparición de redes dedicadas a comercializar filtraciones, suplantaciones o supuestas garantías de ingreso.

También Corea del Sur ofrece otra experiencia relevante por la elevada competencia que caracteriza su sistema de ingreso a la educación superior. El College Scholastic Ability Test (CSAT), conocido como Suneung, constituye uno de los procesos de evaluación más exigentes del mundo y ha obligado a las autoridades a fortalecer de forma permanente los mecanismos de supervisión.

No obstante, los casos de corrupción documentados han respondido a modalidades distintas de las observadas en Estados Unidos o India, las investigaciones sobre filtración de reactivos, manipulación de materiales de estudio y vulneración de procedimientos administrativos han derivado en reformas orientadas a reforzar la transparencia, la trazabilidad y el control institucional del proceso de admisión. La experiencia surcoreana confirma que, incluso en sistemas altamente regulados, la presión competitiva exige revisar continuamente los mecanismos de integridad académica.

Muestran los casos analizados respuestas institucionales distintas frente a modalidades igualmente diversas de fraude académico, pero todos comparten un objetivo común: preservar la confianza pública en los mecanismos de selección universitaria. Estados Unidos respondió mediante investigaciones penales dirigidas a desarticular redes de corrupción; China fortaleció la vigilancia tecnológica y los controles preventivos sobre el Gaokao; India combinó procesos judiciales con reformas administrativas; Corea del Sur reforzó los mecanismos de supervisión y transparencia de uno de los sistemas de admisión más competitivos del mundo.

Mientras, México comienza ahora a recorrer su propia ruta a partir de la denuncia presentada por la UNAM contra personas y empresas presuntamente vinculadas con la comercialización fraudulenta de servicios relacionados con el ingreso a licenciatura. Más que comparar países, la revisión permite identificar distintas respuestas institucionales frente a un fenómeno que, con modalidades propias en cada contexto, ha adquirido una dimensión internacional.

Vista desde esa perspectiva comparada, la actuación de la UNAM adquiere un significado que rebasa el proceso de admisión 2026 y permitirá a la investigación ministerial establecer si los hechos denunciados corresponden solo a actuaciones individuales o si revelan modalidades de operación semejantes a las observadas en otros sistemas universitarios. Cualquiera que sea el desenlace, el caso incorpora a México a un debate internacional que ya no se limita a impedir que un aspirante haga trampa durante un examen, sino que busca proteger la integridad de los procesos de admisión frente a formas de fraude y delincuencia organizada cada vez más complejas y tecnológicamente sofisticadas.

Lo que está en juego 

Con independencia del desenlace judicial, la decisión de la UNAM de acudir al sistema penal establece un precedente institucional frente a un fenómeno cuya complejidad ha crecido al ritmo de la expansión tecnológica y de la competencia por ingresar a las universidades públicas. El alcance de ese precedente no dependerá en exclusiva de una eventual resolución judicial, sino de la capacidad de las instituciones para incorporar mecanismos permanentes de prevención, investigación y protección de sus procesos de admisión.

México concentra uno de los sistemas de educación superior más extensos de América Latina y, cada año, cientos de miles de aspirantes participan en procesos altamente competitivos para acceder a universidades públicas; ese volumen convierte la integridad de los mecanismos de selección en un asunto de interés público, pues la confianza social en las instituciones educativas descansa, en buena medida, en la certeza de que las reglas de ingreso se aplican bajo criterios objetivos, transparentes y verificables.

Frente a ese escenario, la denuncia presentada por la Universidad adquiere una dimensión que rebasa el proceso de admisión de un solo año y la investigación ministerial permitirá delimitar responsabilidades, identificar modalidades de operación y, en su caso, aportar criterios útiles para fortalecer la protección jurídica de los procesos de selección en otras instituciones de educación superior.

Cualquiera que sea el desenlace, el expediente constituirá un referente para comprender la respuesta del Estado ante formas de fraude que evolucionan con rapidez y aprovechan las posibilidades que ofrecen los entornos digitales. Finalmente, ahí radica la relevancia del caso, es decir, en la defensa de la integridad académica como uno de los pilares sobre los que descansa la legitimidad de la educación superior pública.

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