Del título al mercado ilegal: extracción, pipas y comercialización del agua
Por Luz Elena Pereyra Rodríguez
Comenzar a identificar conductas que fortalecen el comercio ilegal del agua, junto con las reformas constitucionales destinadas a mejorar el escrutinio sobre su uso, permitirán atacar de manera más eficiente el robo de agua.
Las tres primeras entregas de esta investigación siguieron el recorrido del agua desde su distribución entre los distintos usos hasta el sistema de concesiones y la concentración de volúmenes entre determinados titulares. La última parte se sitúa fuera de esa estructura formal: en los aprovechamientos que operan sin autorización, en títulos utilizados al margen de las condiciones concedidas y en redes que han convertido la extracción irregular del recurso en una actividad comercial.
Pozos sin concesión, conexiones clandestinas a redes públicas, extracción para fines distintos de los autorizados, perforaciones no permitidas y comercialización mediante pipas son algunas de las conductas que forman parte de un fenómeno que suele agruparse bajo la expresión “huachicol de agua”.
Las modalidades son distintas y también lo son sus implicaciones jurídicas, por lo que se evidencia que los operativos realizados desde 2025 muestran, además, que el problema no se circunscribe a una entidad ni responde a una sola forma de aprovechamiento ilegal.
Distinguir esas conductas resulta indispensable tanto para dimensionar el fenómeno como para determinar las responsabilidades correspondientes, por lo que es pertinente observar los operativos realizados desde 2025, mismos que muestran, además, que no se trata de una sola modalidad ni de un problema circunscrito a una entidad.
De la preocupación legislativa al delito
Antes de la reforma hídrica de diciembre de 2025 ya existían intentos legislativos por dotar al Estado de instrumentos penales específicos, pero una iniciativa publicada el 19 de febrero y presentada ante el Pleno el 4 de marzo de ese año por la diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, de Morena, propuso modificar el Código Penal Federal para sancionar la sustracción de agua de pozos o tuberías públicas destinada a su comercialización o distribución sin autorización.
El proyecto contemplaba penas de 12 a 20 años de prisión y de 12 mil a 20 mil días multa, pero resulta que fue turnado a la Comisión de Justicia y la iniciativa permanece registrada como pendiente.
No obstante, el planteamiento formó parte de una discusión legislativa más amplia: durante la LXVI Legislatura se presentaron otras propuestas encaminadas a sancionar la extracción y venta clandestina del recurso, señal de que las limitaciones del marco existente habían comenzado a formar parte de la agenda pública antes de la reforma general del sistema hídrico y, en ese contexto, la modificación de mayor alcance llegó por otra ruta.
El decreto publicado el 11 de diciembre de 2025, mediante el cual se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales, incorporó a esta última un capítulo específico de delitos contra las aguas nacionales y, entre las conductas previstas, quedó incluido el traslado con fines de lucro de aguas nacionales cuando se conozca que fueron extraídas ilegalmente; además de determinados actos de alteración, desviación u obstrucción no autorizada de cauces, vasos, corrientes o flujos. La legislación dispuso también que los delitos previstos en este capítulo fueran perseguidos de oficio por el Ministerio Público de la Federación.
El cambio permite establecer un primer contraste con febrero de 2025, gracias a que la iniciativa de Ángeles Moreno no prosperó en sus propios términos ni con las penas que proponía, pero durante ese mismo año determinadas conductas relacionadas con la extracción y comercialización ilegal del agua pasaron a formar parte del nuevo marco jurídico nacional. A los procedimientos administrativos, clausuras y sanciones económicas se agregó así la posibilidad de responsabilidad penal en los supuestos establecidos por la ley.
Un fenómeno todavía difícil de medir
La ampliación de los instrumentos jurídicos no resolvió el problema estadístico, en razón que, a diferencia del Registro Público de Derechos de Agua que permite conocer los derechos formalmente inscritos, hasta ahora no se ha localizado una base pública nacional que permita cuantificar de manera integral el volumen de agua extraído y comercializado ilegalmente en México. Conagua publica información sobre inspecciones, clausuras, denuncias y operativos específicos —en algunos casos acompañada de estimaciones de caudales o volúmenes involucrados—, pero esos registros no permiten construir una medición nacional homogénea.
La ausencia de una radiografía integral llegó también a la Cámara de Diputados, cuando el 10 de diciembre de 2025 el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Conagua un informe público sobre la extracción clandestina e ilegal de agua.
El documento pedía detallar el número de tomas detectadas, volúmenes estimados, zonas críticas, operativos de vigilancia, denuncias, sanciones y mecanismos de coordinación con gobiernos estatales y municipales. La exposición de motivos partía de la necesidad de contar con información completa y verificable para conocer la magnitud del fenómeno y evaluar los resultados de las acciones oficiales y advertía, también, sobre la existencia de mercados paralelos de agua mediante pipas y otras redes informales. Desafortunadamente, la proposición no produjo el inventario nacional que solicitaba.
Al cierre de 2025 coexistían, por tanto, dos realidades: México había fortalecido jurídicamente la persecución de determinadas conductas relacionadas con el aprovechamiento ilegal del agua, pero seguía sin disponer públicamente de una medición integral y homogénea que permitiera establecer la dimensión nacional del fenómeno.
Los registros administrativos ofrecen una aproximación desde otro ángulo, al observarse que para noviembre de 2025, Conagua había realizado más de 4 mil verificaciones en campo y recibido más de mil 500 denuncias ciudadanas. De ellas, 470 estaban relacionadas con aprovechamiento sin título de concesión o para una finalidad distinta de la autorizada; 266 correspondían a pozos ilegales; 118 a descargas de aguas residuales sin permiso; 93 a ocupación irregular de bienes nacionales y 82 a desviaciones de cauces sin autorización.
Esas cifras tampoco representan el universo nacional de irregularidades, por la simple y sencilla razón que una denuncia contabiliza un hecho puesto en conocimiento de la autoridad, pero no una conducta ya acreditada ni el volumen de agua involucrado; por lo tanto su utilidad radica en mostrar la variedad de prácticas sometidas a revisión y la imposibilidad de reducir el fenómeno, en exclusiva, a la existencia de pozos clandestinos.
La pipa como último eslabón
Una característica aparece como una constante en los operativos: la extracción irregular puede convertirse en una cadena comercial; dicho en otras palabras, agua obtenida de un pozo o de infraestructura sin autorización puede ser cargada en carros tanque y posteriormente distribuida a cambio de dinero. En esos casos, la pipa constituye el último eslabón visible de una operación cuyo origen se encuentra varios pasos atrás.
El Estado de México permitió observar esa estructura desde 2025, concretamente en marzo, cuando Conagua y la Guardia Nacional inspeccionaron 11 sitios de Texcoco y Chicoloapan donde al parecer se extraía agua para venderla mediante carros tanque, y donde solo uno presentó un título de concesión en regla. El resultado: cuatro pozos fueron clausurados, una perforadora quedó fuera de operación y en cinco instalaciones donde no fue posible ingresar se colocaron sellos.
Semanas después, una denuncia ciudadana condujo a otro aprovechamiento en Cuautitlán Izcalli, donde inspectores localizaron extracción de agua subterránea del acuífero Cuautitlán-Pachuca sin título de concesión, destinada al abastecimiento de alrededor de 25 pipas. La autoridad clausuró temporalmente el pozo e inició el procedimiento correspondiente.
Puebla permite reconstruir la cadena con mayor precisión, gracias a que el 6 de junio de 2026, un operativo interinstitucional encontró en San Pablo Xochimehuacan un pozo equipado con bomba sumergible y cuatro andenes para llenar pipas, todo sin concesión vigente.
En el lugar fueron asegurados diez carros tanque y cuatro personas quedaron a disposición de las autoridades, asimismo fue localizada una conexión a una línea del sistema público de agua potable; después de intervenirla se recuperó una presión aproximada de 40 litros por segundo, casi 3.5 millones de litros diarios, cantidad que Conagua estimó suficiente para abastecer diariamente a 35 mil habitantes.
Ese caso muestra también por qué resulta necesario separar las conductas, pues permite confirmar que una correspondía al aprovechamiento de agua subterránea sin concesión vigente; otra, a la sustracción desde infraestructura del sistema público; y ambas podían desembocar en una operación de carga mediante pipas, pero ni el origen del recurso ni las posibles responsabilidades jurídicas eran necesariamente los mismos.
De los operativos al patrón territorial
Oaxaca ofrece una perspectiva acumulada y muy precisa. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, Conagua realizó 329 visitas de inspección en la entidad y reportó la clausura de 66 pozos, además de intervenciones sobre ocupaciones irregulares en zonas federales. Cuatro cateos efectuados en Santa Cruz Xoxocotlán, Cuilápam de Guerrero, San Sebastián Tutla y Santa Lucía del Camino estuvieron específicamente relacionados con extracción ilegal de aguas subterráneas para su comercialización mediante pipas; los pozos fueron clausurados y cuatro carros tanque quedaron asegurados.
La intervención creciente de fiscalías y fuerzas federales introduce otra dimensión del problema. Algunos operativos han dejado de limitarse a la clausura administrativa de pozos para incorporar cateos judiciales, detenciones y aseguramiento de inmuebles, equipos y flotillas utilizadas para distribuir el recurso.
En el Estado de México, investigaciones realizadas en 2025 alcanzaron incluso a grupos señalados por las autoridades por participar de manera organizada en el comercio ilegal de agua. La evidencia disponible no permite concluir que estas redes controlen el mercado clandestino a escala nacional ni medir cuánto han logrado reducirlo las acciones oficiales; sí muestra que determinadas modalidades de extracción y venta han adquirido suficiente organización logística y económica para ser abordadas también desde la seguridad pública y la investigación penal.
Cabe señalar que, según las pesquisas, el fenómeno antecede a la actual administración encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y que desde 2020 Conagua utilizaba de manera pública la expresión “huachicoleo del agua” al referirse a presuntas extracciones ilegales en la cuenca del río Conchos, Chihuahua.
Lo que cambió entre 2025 y 2026 fue el contexto institucional: depuración del registro, incremento de inspecciones, recepción de denuncias, coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia y, finalmente, incorporación de delitos específicos a la legislación hídrica.
Otro elemento complica la fiscalización: la irregularidad no necesariamente comienza con la inexistencia de un título; es decir, si bien las verificaciones de Conagua han identificado concesiones agrícolas utilizadas para finalidades distintas de las autorizadas, incluida la comercialización mediante pipas, determinar la legalidad del aprovechamiento exige comprobar no sólo que existe una concesión, sino su vigencia, ubicación, volumen autorizado, finalidad y correspondencia con el uso efectivamente realizado.
Esta distinción conecta con el reordenamiento analizado en las partes anteriores. Esto es, un sistema integrado por cientos de miles de títulos, registros acumulados durante décadas, concesiones vencidas y aprovechamientos cuyo destino pudo modificarse con el tiempo; lo cual exige una fiscalización distinta a la simple búsqueda de pozos clandestinos. La existencia documental de una concesión constituye apenas el primer nivel de verificación.
¿Cuánta agua se roba en México?
Aparentemente la pregunta que es relativamente simple continúa sin una respuesta nacional verificable: cuánto volumen de agua se extrae ilegalmente cada año en México. Los operativos permiten conocer pozos, pipas, instalaciones clausuradas y, en determinados casos, caudales recuperados, pero sumar esas intervenciones y convertirlas en una estimación nacional sería metodológicamente incorrecto.
Tampoco toda el agua transportada mediante pipas es ilegal. Los carros tanque forman parte legítima del abastecimiento de comunidades, colonias, actividades económicas y situaciones de emergencia. La irregularidad depende del origen del recurso, del derecho para extraerlo y de las condiciones bajo las cuales se utiliza o comercializa. En el mismo sentido convertir “pipa” en sinónimo de “huachicol” sería tan impreciso como considerar ilegal toda gran concesión.
Ahora bien, los operativos sí permiten documentar la existencia de cadenas económicamente organizadas alrededor de agua obtenida fuera de las condiciones legales. Instalaciones preparadas para llenar de manera simultánea varios carros tanque, pozos destinados a comercialización y conexiones clandestinas a infraestructura pública muestran operaciones que, al menos en los casos documentados, rebasan la extracción ocasional.
La reforma de 2025 añadió instrumentos penales para enfrentar determinadas conductas; las inspecciones y operativos muestran una capacidad creciente para identificarlas en territorio. Permanece, sin embargo, una limitación sustantiva: conocer casos y clausurar aprovechamientos no equivale todavía a dimensionar el mercado ilegal del agua. Construir una medición pública que permita establecer su escala territorial, económica y volumétrica sigue siendo una pieza necesaria para evaluar hasta dónde ha avanzado realmente el Estado frente a esta vertiente del problema hídrico.
Finalmente, los resultados documentados entre 2024 y 2026 muestran un cambio en la capacidad del Estado para intervenir sobre un sistema hídrico acumulado durante décadas: cientos de miles de títulos fueron sometidos a revisión, se recuperaron volúmenes previamente concesionados, cambiaron las reglas para transmitir y conservar derechos, aumentaron las inspecciones y determinadas conductas pasaron del ámbito exclusivamente administrativo al penal. Los operativos contra pozos, conexiones clandestinas y redes de comercialización muestran, además, que la fiscalización comenzó a trasladarse del registro al territorio.
Ese avance no permite afirmar que los problemas hayan sido resueltos, toda vez que persisten acuíferos sin disponibilidad y sobreexplotados, una distribución desigual de los derechos de aprovechamiento y, en materia de extracción ilegal, falta todavía una medición nacional homogénea que permita comparar la magnitud del fenómeno con los resultados de las acciones emprendidas. El Estado puede contabilizar títulos revisados, volúmenes recuperados, inspecciones y clausuras, pero todavía no puede establecer de manera pública qué proporción del mercado ilegal ha logrado contener.
Ahí se encuentra una de las conclusiones centrales de esta investigación: México ha comenzado a reconstruir instrumentos para ordenar, medir y fiscalizar el aprovechamiento de sus aguas nacionales, pero la capacidad institucional sólo podrá evaluarse plenamente cuando los resultados administrativos y penales puedan contrastarse con información suficiente sobre la disponibilidad real del recurso, su utilización efectiva y la dimensión de los aprovechamientos que permanecen fuera de la legalidad. El derecho humano al agua, reconocido constitucionalmente desde 2012, depende también de que esa distancia entre la norma, el registro y lo que ocurre en el territorio pueda ser conocida y reducida.
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
