Por Miguel Ángel López Flores
La vinculación a proceso del exgobernador Aguirre abre las puertas de una nueva ruta sobre una investigación que sigue abierta 12 años después.
Casi doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el caso vuelve a colocar a un exgobernador de Guerrero frente a un juez y, así, Ángel Aguirre Rivero permanece en prisión preventiva oficiosa desde el 7 de agosto, vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.
El juez Mario Elizondo Martínez determinó, en la audiencia del pasado 11 de agosto, que los datos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes, en esta etapa procesal, para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del exmandatario; además, ratificó la prisión preventiva y fijó cuatro meses para la investigación complementaria. La defensa anunció que impugnará la resolución.
La resolución modifica el punto procesal en el que se encontraba el expediente: el juez consideró que los datos presentados por la FGR permiten continuar el proceso contra Aguirre por desaparición forzada. El expediente no plantea, en esta etapa, que el exmandatario sea procesado como autor material de la desaparición de los estudiantes, sino por su presunta participación en una conducta que habría afectado de manera decisiva la investigación: el ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
El punto que cambia el expediente
Por principio, la acusación de la FGR se concentra en material videográfico que habría sido captado por cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala y que da cuenta, según lo expuesto por el Ministerio Público durante la audiencia del 7 de agosto, dos testigos —una exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y la entonces presidenta de ese órgano— declararon que un disco con grabaciones fue entregado a funcionarios estatales y más tarde llegó a manos de Aguirre Rivero. La FGR sostiene que, días después de los hechos, el entonces gobernador habría ordenado a colaboradores cercanos destruir la evidencia.
Resultan relevantes esas imágenes ya que, según la investigación presentada por la FGR, las cámaras habrían registrado la detención de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala. Reuters informó, con base en las declaraciones de la fiscal general Ernestina Godoy, que las autoridades habían sostenido en inicio que esas grabaciones no existían y que nuevos testimonios obtenidos en enero y mayo de 2026 fueron determinantes para reactivar la línea contra Aguirre.
La agencia también recogió la valoración de Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien señaló que ese grupo ya había abierto una línea de investigación sobre Aguirre desde 2015.
Ahí aparece una cuestión de fondo: la justicia no está regresando al caso simplemente para revisar qué ocurrió aquella noche, sino para determinar también qué ocurrió con la información que pudo haber permitido saberlo.
Doce años de una investigación que nunca terminó
Ayotzinapa no comenzó como una investigación ordinaria, ya que desde 2015 el GIEI fue incorporado a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en la investigación, la búsqueda de los estudiantes y la atención a las víctimas. Su primer informe cuestionó de manera sustancial la versión oficial presentada en octubre de 2014 y señaló que la llamada “verdad histórica” sobre la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula no estaba respaldada por las pruebas disponibles.
Entonces, el problema no fue solamente que una hipótesis resultara equivocada, porque la investigación del GIEI documentó obstáculos, inconsistencias y dificultades para acceder a información y realizar diligencias; tan fue así que en su cuarto informe, presentado en septiembre de 2022, el grupo señaló que las primeras consignaciones habían sido debilitadas por investigaciones basadas en declaraciones obtenidas mediante tortura y por la insuficiencia de pruebas objetivas complementarias.
La nueva etapa iniciada con la FGR y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) incorporó revisión de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Marina (Marina), análisis telefónicos y nueva información procedente de Estados Unidos.
El cambio de escala fue considerable y en agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) informó que había reunido y procesado 41 mil 168 documentos y reconstruido la red de comunicaciones de los días 26 al 28 de septiembre mediante el análisis de 87 millones de registros, de los cuales se depuró una base de 84 mil y se identificaron 17 mil números telefónicos relacionados con los hechos. El informe sostuvo que la desaparición de los estudiantes implicó la participación de autoridades y grupos criminales y que hubo ocultamiento y manipulación de información.
Sin embargo, el GIEI nunca presentó aquel informe gubernamental como el cierre definitivo del caso, lo que lleva a un quinto informe, de marzo de 2023, en el que el grupo de expertos estableció nuevas líneas para investigar la autoría, la obstrucción y la tortura, y reclamó acceso a información de Defensa y Marina. El sexto y último informe, presentado en julio de ese año, dejó una agenda de pendientes relacionada con responsabilidades, desaparición forzada, tortura, ocultamiento de información, búsqueda y esclarecimiento.
El expediente que conduce a Aguirre
La trayectoria de Aguirre vuelve particularmente relevante la nueva imputación, debido a que se trata de quien era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos y dejó el cargo el 26 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los estudiantes. Durante los años siguientes compareció ante distintas instancias y negó haber intervenido en la desaparición o en el ocultamiento de evidencia.
En mayo de 2025, después de la detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Aguirre negó de manera rotunda haber conocido los videos de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala y afirmó que nunca había dado instrucciones sobre el manejo de ese material. Galeana había sido detenida, en concreto, por su presunta relación con la desaparición de esas grabaciones.
Esa nueva acusación coloca esa versión frente a testimonios que, según la FGR, surgieron o fueron corroborados posteriormente, la cual será uno de los puntos decisivos del proceso y que lleva a la premisa de que no basta con demostrar que los videos existieron, que desaparecieron o que fueron relevantes; deberá acreditarse judicialmente quién tuvo acceso a ellos, qué instrucciones recibió, qué ocurrió con el material y cuál fue la participación concreta de Aguirre.
Ese aspecto puede convertirse en una de las líneas probatorias más importantes del expediente porque conecta tres momentos distintos: la existencia de evidencia audiovisual, su desaparición y la posible intervención de autoridades estatales en ese proceso. La investigación ya había avanzado sobre el primer y segundo punto; ahora corresponde al Ministerio Público sostener ante los tribunales el tercero.
La prisión preventiva también tiene una explicación jurídica
Cabe precisar aquí que la prisión preventiva impuesta a Aguirre no fue una decisión excepcional derivada de su condición de exgobernador debido a que la desaparición forzada se encuentra, hoy por hoy, dentro del catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Por ello, el artículo 19 de la Constitución incluye de manera expresa los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; por su parte la Ley General en Materia de Desaparición Forzada también establece la procedencia de esta medida para determinados delitos previstos en ella.
Existe, además, una diferencia entre la prisión preventiva y la vinculación a proceso: la primera es una medida cautelar; la segunda implica que el juez consideró que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él. En este caso, esa determinación ya fue tomada: Aguirre quedó sujeto a proceso y permanecerá en prisión preventiva mientras avance la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en cuatro meses. La defensa anunció que impugnará la resolución.
Lo que está en juego
Debe tomarse en consideración que el expediente adquiere una dimensión que rebasa a Ángel Aguirre a partir de la propia hipótesis que el juez consideró suficientemente sustentada para llevarlo a proceso: que desde el gobierno estatal pudo haberse ocultado o destruido evidencia relevante para esclarecer lo ocurrido. Abre una etapa procesal en la que la FGR deberá desarrollar esa hipótesis y aportar elementos que permitan determinar quién intervino, qué ocurrió con los videos y cuál fue el alcance de esas acciones.
Esa sería una diferencia sustancial respecto de las primeras investigaciones, con lo que la discusión ya no se limitaría a determinar quiénes participaron materialmente en el ataque contra los estudiantes, sino también quiénes contribuyeron después a impedir que el Estado conociera y persiguiera los hechos.
Adquiere el caso todavía mayor relevancia porque la investigación oficial ha señalado durante años la intervención de distintos niveles de autoridad; por ejemplo, el informe de la CoVAJ de 2022 sostuvo que en los hechos concurrieron agentes estatales y grupos criminales; de igual manera el GIEI documentó la necesidad de investigar responsabilidades de autoridades municipales, estatales y federales y reclamó acceso a información que permanecía bajo control institucional.
Por eso, reducir el proceso contra Aguirre a una acción contra un exgobernador sería insuficiente. La pregunta que queda abierta es mucho mayor: ¿hasta dónde llegará la investigación si la línea de obstrucción de justicia conduce hacia otras estructuras políticas y administrativas que estuvieron al frente del Estado de Guerrero durante aquellos días?
Lo que viene
La primera respuesta judicial llegó, tras una audiencia que se prolongó hasta la madrugada del 12 de agosto y donde el juez Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso a Aguirre Rivero por desaparición forzada y ratificó la prisión preventiva oficiosa; la FGR dispone ahora de cuatro meses para desarrollar la investigación complementaria, mientras la defensa podrá controvertir los datos de prueba y recurrir la resolución judicial.
No obstante, el escenario más relevante no está solo en la situación jurídica del exgobernador, sino en lo que la investigación complementaria pueda establecer sobre los videos y las personas que participaron en su ocultamiento, destrucción o manejo; en ese marco, si los nuevos actos de investigación permiten identificar a otros funcionarios, operadores o responsables de la cadena de custodia, el expediente podría ampliar de nueva cuenta su alcance.
Existe también una segunda consecuencia posible: una investigación que consiga demostrar con la ley en la mano que información relevante fue destruida de forma deliberada, modificaría la comprensión de los primeros años del caso Ayotzinapa. La desaparición de los estudiantes no sólo habría estado acompañada por violencia y desaparición forzada, también por acciones posteriores destinadas a impedir que determinadas evidencias llegaran a formar parte de la investigación.
Concurre una tercera dimensión, quizá la más delicada: la prueba. Ayotzinapa ha acumulado durante casi doce años informes, testimonios, documentos, peritajes, intervenciones telefónicas, archivos militares y declaraciones contradictorias, por lo que el caso Ayotzinapa no necesita otra narrativa política, sino que cada afirmación pueda sostenerse ante un tribunal.
Por esa razón, la prisión preventiva de Ángel Aguirre no debe confundirse con el cierre de una historia ni con la resolución de Ayotzinapa, pues los hechos muestran que esa es apenas el ingreso de una nueva pieza al proceso judicial, cuya importancia dependerá de lo que pueda demostrarse sobre los videos, de la consistencia de los testimonios que ahora involucran al exgobernador y de la capacidad de la FGR para establecer una cadena probatoria que resista la contradicción de la defensa.
Por esa razón, la vinculación a proceso de Ángel Aguirre no debe confundirse con el cierre de una historia ni con la resolución del caso Ayotzinapa: establece que la decisión judicial abre una nueva etapa en la que la importancia del expediente dependerá de lo que pueda demostrarse sobre los videos, de la consistencia de los testimonios que involucran al exgobernador y de la capacidad de la FGR para fundar una cadena probatoria que resista la contradicción de la defensa. Los cuatro meses fijados para la investigación complementaria serán el primer periodo para medir la solidez de la acusación.
A casi doce años de aquella noche, la noche de Ayotzinapa, tres estudiantes han sido identificados y los demás continúan desaparecidos y, frente a ello, la investigación ha demostrado que la primera versión oficial no explicó los hechos y que hubo manipulación de información y obstáculos institucionales.
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