De la redacción
TV Azteca, empresa de Salinas Pliego, entró en concurso mercantil por adeudo con acreedores y tenedores de bonos.
TV Azteca enfrenta el momento financiero más delicado de su historia debido a que la jueza Tessy del Rocío Covarrubias Torres, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, declaró formalmente a la empresa en concurso mercantil al determinar que incurrió en un incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago.
La resolución abre un periodo de conciliación de hasta un año para negociar con sus acreedores; de no alcanzarse un convenio dentro del plazo legal, el procedimiento avanzará hacia la quiebra y la liquidación de la empresa.
El expediente judicial identifica 1,970 adeudos por un monto conjunto de 23,345 millones de pesos, cifra 147% superior a los 9,449 millones reportados al cierre de 2022 y señala que entre los principales acreedores se encuentran tenedores de bonos en Estados Unidos, quienes mantienen litigios por incumplimientos de pago desde 2021.
La resolución también ordena la designación de un conciliador que supervisará la negociación con los acreedores y vigilará la operación ordinaria de la compañía durante el proceso.
La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, sostiene que el concurso mercantil forma parte de una estrategia para reorganizar sus pasivos y preservar la continuidad de sus operaciones, por lo que mientras dure el procedimiento podrá seguir transmitiendo con normalidad, aunque quedará sujeta a supervisión judicial y a restricciones para realizar determinadas operaciones financieras.
El mecanismo concursal busca precisamente evitar una quiebra inmediata y privilegiar un acuerdo con los acreedores.
El concurso mercantil ocurre en un contexto marcado por los litigios fiscales y financieros que desde hace varios años mantienen empresas del Grupo Salinas con autoridades hacendarias y distintos acreedores.
Aunque este procedimiento responde jurídicamente al incumplimiento de obligaciones frente a sus acreedores, el caso vuelve a colocar en el debate público la responsabilidad de las grandes corporaciones frente al cumplimiento de sus obligaciones financieras y fiscales.
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