Por Ariadna Cantarell
Rocha Moya retoma el gobierno de Sinaloa tras 112 días de licencia y asegura que la FGR no encontró pruebas para acusarlo de delito, mientras los señalamientos de Estados Unidos permanecen como un expediente separado.
Rubén Rocha Moya retomó este viernes sus funciones como gobernador de Sinaloa, después de 112 días de licencia solicitada en mayo, cuando se puso a disposición de las autoridades mexicanas para ser investigado tras señalamientos formulados por Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Al anunciar su regreso, afirmó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos de prueba que acreditaran su participación en algún delito y señaló que continuará al frente del Ejecutivo estatal hasta el término de su mandato, en 2027.
Ha de recordarse que la investigación mexicana comenzó después de que Estados Unidos formulara en abril acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. En mayo la FGR informó que había citado a declarar a las personas señaladas para avanzar en su propia indagatoria; en julio, funcionarios de la Fiscalía señalaron que Estados Unidos no había proporcionado elementos probatorios suficientes para satisfacer los requisitos de la legislación mexicana. Rocha Moya permaneció con licencia durante ese periodo y sostuvo que se había separado para facilitar las investigaciones.

Durante los 112 días de ausencia el caso tuvo otros movimientos afines: Gerardo Mérida, quien había sido secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rocha, se entregó en Estados Unidos y enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con Los Chapitos; posteriormente salió de prisión, aunque su proceso continúa: se suma también la reciente detención en México de Fausto Corrales Rodríguez, considerado testigo relevante en las investigaciones sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, hechos ocurridos en julio de 2024 y que han colocado nuevamente bajo escrutinio la actuación de autoridades y funcionarios sinaloenses.
El regreso de Rocha ocurre, por tanto, en un escenario distinto al de mayo: la investigación mexicana que él invoca para justificar su regreso no derivó, según su propia declaración, en elementos para acusarlo de un delito, pero las acusaciones formuladas desde Estados Unidos permanecen como un expediente separado. México había señalado previamente que no contaba con pruebas suficientes para atender la solicitud estadounidense contra el gobernador.
Sin duda, la diferencia entre una investigación mexicana sin elementos para proceder y los señalamientos estadounidenses es relevante para entender la situación jurídica actual que se resume en el retorno a sus funciones de Rocha Moya, quien vuelve así a encabezar un gobierno que ha estado bajo presión por las investigaciones nacionales y estadounidenses, por la crisis de seguridad y por casos relacionados con funcionarios de su administración.

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