Por Ricardo Ramírez Posadas
Samuel García ha hecho frente a las diversas crisis de su mandato apostando siempre por un perfil de alta exposición mediática.
Mientras en Monterrey avanzaba uno de los episodios más delicados de su carrera política, en la Ciudad de México el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aparecía bajo reflectores completamente distintos y la escena no pasó desapercibida.
Apenas horas después de que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobara el inicio de un nuevo juicio político en su contra por presunta triangulación de recursos públicos, corrupción y posible peculado, Samuel García se presentó en la inauguración del Mundial de Futbol 2026.
Recordemos que el actual proceso no surge en el vacío, ya que desde el inicio de su administración, Samuel García ha enfrentado múltiples frentes político-jurídicos que han marcado su relación con el Congreso local.
Entre los más relevantes se encuentran las sanciones derivadas de resoluciones del Tribunal Electoral por presunta intervención indebida en procesos electorales y violación al principio de neutralidad así como la crisis institucional de 2023 provocada por su intento de separarse del cargo para buscar la candidatura presidencial que derivó en una disputa constitucional por la designación del gobernador interino.
También están los constantes choques con el bloque Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional (PRI-PAN) por la aprobación del presupuesto, la publicación de decretos y el nombramiento del fiscal estatal. Más que episodios aislados, estas controversias han configurado una disputa estructural por el control político e institucional de Nuevo León.
Pero regresando a su visita a la CDMX, el gobernador Samuel García no llegó escondido, ni adoptó el perfil bajo que suele acompañar a los políticos bajo asedio. Por el contrario, apareció con naturalidad, sonriente, acompañado de su círculo más cercano y proyectando una imagen de aparente normalidad política.
Ese contraste explica buena parte del momento que vive Nuevo León, donde por un lado el Congreso local —dominado por PRI-PAN, con apoyo parcial de Morena en esta ocasión— activó un procedimiento de juicio político derivado de acusaciones relacionadas con presuntas triangulaciones de recursos por montos que distintas versiones ubican entre mil y tres mil millones de pesos. En ese marco, la Comisión Anticorrupción aprobó dar entrada al procedimiento y otorgó al mandatario un plazo de 15 días hábiles para presentar su defensa, personalmente, por escrito o mediante representación legal.
El siguiente paso será el pleno del Congreso, donde se requerirán al menos 28 votos de 42 para avanzar en la declaratoria correspondiente; no obstante, aun si el bloque opositor consigue esa mayoría, el proceso difícilmente terminaría ahí, pues todo apunta a que la defensa del gobernador recurrirá de inmediato a la vía judicial mediante amparos federales o recursos constitucionales para impugnar el procedimiento, como ya ha ocurrido en anteriores confrontaciones institucionales.
De ser concedida una suspensión, cualquier eventual sanción podría quedar temporalmente congelada, trasladando la disputa del terreno legislativo al judicial y prolongando una batalla política que, lejos de resolverse rápidamente, podría extenderse durante meses.
Por su parte, Samuel García sigue comportándose como un actor que se niega a aceptar el marco narrativo de la crisis, rasgo que le caracteriza y del que hace gala desde que llegó al poder, pues el gobernador de Movimiento Ciudadano ha construido una forma peculiar de ejercer liderazgo político: combina comunicación digital, exposición mediática constante, confrontación institucional y una narrativa personal de modernidad, juventud y eficiencia gerencial.
Incluso en sus momentos de mayor tensión —la crisis del interinato en 2023, los choques presupuestales con el Congreso o la disputa por la Fiscalía estatal— Samuel García ha privilegiado proyectar control aun cuando el entorno sugiera lo contrario.
Lo anterior da cuenta de porque su presencia en la inauguración del Mundial resulta políticamente tan significativa y muestra que ésta no fue sólo asistencia protocolaria, sino un mensaje, pues en política se entiende que “aparecer en escena” también es comunicar.
Mientras la oposición busca instalar la imagen de un gobernador debilitado, cercado judicialmente y cada vez más vulnerable, Samuel responde proyectando exactamente lo opuesto: presencia nacional, acceso a círculos de poder y capacidad de mantenerse en el centro del tablero.
La pregunta, sin embargo, no es únicamente si esa estrategia de imagen funciona, sino si puede sostenerse indefinidamente frente al desgaste institucional acumulado y esa es, sin duda, la pregunta más relevante.
Porque el juicio político actual no puede analizarse de manera aislada, ya que forma parte de una confrontación mucho más profunda entre el Ejecutivo estatal y un Congreso que lleva años en guerra abierta con el gobernador y que ha llevado a Nuevo León a convertirse, desde hace tiempo, en uno de los laboratorios más visibles de conflicto entre poderes en México.
Dicha confrontación ha incluido bloqueos presupuestales que obligaron al estado a operar con presupuestos reconducidos, disputas por la publicación de decretos, litigios constantes ante la Suprema Corte y una crisis institucional sin precedentes en 2023, cuando la disputa por la licencia de Samuel García derivó en un escenario insólito cuando dos figuras reclamando simultáneamente la gubernatura.
A ello se suman ahora las acusaciones más delicadas hasta la fecha: presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos, peculado y posibles operaciones financieras irregulares por montos que distintas investigaciones ubican entre mil y tres mil millones de pesos, supuestamente canalizados hacia despachos y empresas vinculadas con su entorno familiar. Aunque dichas acusaciones aún deben acreditarse jurídicamente, su gravedad explica porque el actual proceso representa mucho más que un episodio legislativo, pues es la expresión más reciente de una disputa prolongada por el control político e institucional de Nuevo León.
En ese entorno, el proceso contra Samuel García puede leerse desde dos ópticas simultáneamente válidas: la primera sostiene que las acusaciones deben investigarse a fondo y que ningún actor político, por popular o mediático que sea, debe quedar fuera del escrutinio institucional; la segunda advierte que el juicio también ocurre en un contexto de guerra política permanente, donde los instrumentos legales frecuentemente son utilizados como mecanismos de presión entre bloques rivales.
Por ahora, Samuel García sigue donde ha demostrado sentirse más cómodo: en la disputa por la narrativa y mientras sus adversarios buscan llevarlo al terreno judicial, él intenta mantenerse en el terreno simbólico, donde su fortaleza mediática ha sido históricamente mayor; sin embargo, incluso la narrativa tiene límites, porque si bien la exposición constante puede administrar una crisis, difícilmente la resuelve.
Bajo dicha premisa la presencia del gobernador en la inauguración del Mundial podría terminar simbolizando algo más profundo que una simple aparición pública y resumir el momento exacto que vive Samuel García: un político que, aun rodeado de cuestionamientos, sigue apostando a que la percepción pública le compre la idea de control.
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
