Editorial LEEA
La definición de las 17 coordinaciones estatales con las que Morena se prepara para las elecciones de 2027 dejó algo más complejo que una lista de nombres, al mostrar que el partido concluyó el 28 de septiembre la selección de los perfiles que encabezarán sus estructuras rumbo a las gubernaturas, pero el proceso estuvo acompañado por desacuerdos con sus aliados, inconformidades internas, negociaciones sobre las encuestas y decisiones que modificaron las expectativas construidas durante meses.
Proceso de selección en Morena
Hoy el dato político más interesante no está únicamente en quién fue designado, sino en cómo se llegó a cada designación. Morena había anunciado desde mayo que el método tendría como eje las encuestas, acompañadas por filtros relacionados con reconocimiento ciudadano y antecedentes de los aspirantes y, en ese marco, en julio, Citlalli Hernández sostuvo que la encuesta determinaría a los 17 coordinadores y que habría una primera medición para conocer el nivel de reconocimiento público.
Ese mecanismo, sin embargo, terminó conviviendo con otras variables: paridad, acuerdos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), equilibrios territoriales, negociaciones entre dirigencias y decisiones internas modificaron en distintos estados el resultado político esperado a partir de las mediciones. El propio partido anunció que haría públicas las encuestas utilizadas para seleccionar a los perfiles, después de que surgieran cuestionamientos sobre su transparencia.
Resulta especialmente ilustrativo el caso de San Luis Potosí, donde Morena decidió competir sin coalición con el PVEM y el PT, mientras que el Verde perfila a su propia aspirante. Para Morena, la coordinación quedó en manos de Elí César Cervantes, quien, según la dirigencia, llegó al acuerdo por consenso entre los aspirantes, la dirigencia estatal y la militancia; de acuerdo con la información publicada sobre el proceso, ni siquiera participó en la encuesta y los demás inscritos declinaron en su favor.
Hoy la decisión tiene una lectura política que merece atención porque muestra hasta dónde puede llegar un método de selección basado en acuerdos; es decir, una encuesta pretende medir preferencias, mientras un consenso busca resolver una disputa.
La selección de candidaturas de Morena para 2027 muestra un problema propio de los partidos que han pasado de ser fuerzas emergentes a organizaciones con responsabilidades de gobierno y alianzas nacionales: el mecanismo que funcionó para ordenar la competencia interna debe ahora procesar más aspirantes, más intereses territoriales, obligaciones de paridad y una coalición cuyos integrantes
reclaman participación efectiva en las decisiones.
La encuesta continúa siendo parte central del procedimiento, pero ya no opera aislada de esas otras variables. La forma en que Morena articule los resultados de las mediciones con los criterios de paridad, los filtros internos y los acuerdos con sus aliados será determinante para la transparencia del proceso y para la confianza que sus propios participantes depositen en él.
Ahora bien, en cuanto a Nayarit, la situación fue distinta; la candidatura quedó en manos del PVEM con Jasmine Bugarín, mientras figuras de Morena que habían participado en el proceso quedaron fuera. La dirigencia explicó la decisión a partir de los acuerdos de coalición y de la necesidad de cumplir con la paridad. En el mismo proceso, se informó que Héctor Santana había obtenido la mayor valoración en las encuestas, pero que la candidatura correspondió finalmente a una mujer.
Aquí aparece una cuestión central para entender el proceso: una encuesta no constituye por sí misma una candidatura, toda vez que es un instrumento dentro de una decisión política más amplia; entonces, la paridad es una obligación jurídica; los convenios de coalición son acuerdos políticos; las reglas internas del partido establecen procedimientos propios. El resultado final surge de la combinación de esos factores.
Sin embargo, el problema comienza cuando el discurso público presenta la encuesta como el mecanismo determinante y las decisiones posteriores parecen responder a variables diferentes. Morena prometió transparentar las mediciones precisamente después de que aparecieran inconformidades en entidades como Guerrero, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo. El Partido del Trabajo, por su parte, acusó a Morena de incumplir acuerdos relativos a una segunda encuesta conjunta y a mesas técnicas y jurídicas para procesar las candidaturas. Morena rechazó esa interpretación y sostuvo que sí se realizaron las mediciones correspondientes.
El conflicto con el PT revela otro elemento de fondo, el cual se centra en que la coalición que Morena, PT y PVEM anunciaron en mayo fue presentada entonces como una alianza que competiría conjuntamente en 2027 y construiría una plataforma común. No obstante, conforme avanzaron las designaciones, las diferencias sobre quién tendría las candidaturas adquirieron una dimensión territorial concreta y el PVEM obtuvo cuatro posiciones dentro del reparto que terminó de configurarse, mientras el PT expresó públicamente su inconformidad por no encabezar ninguna gubernatura.
Por otro lado, el caso de Chihuahua aporta otra pieza, pues la decisión favoreció a Cruz Pérez Cuéllar sobre Andrea Chávez y la resolución provocó reacciones dentro de Morena, dejando fuera a una de las figuras que durante meses había construido una presencia pública importante en torno a esa candidatura. La explicación formal fue el resultado de las encuestas; el proceso, sin embargo, estuvo atravesado por las relaciones internas y por la disputa entre grupos políticos que acompañaban a los distintos aspirantes.
Con respecto a Nuevo León, Morena optó por Clara Luz Flores para encabezar de nuevo la ruta electoral, una decisión que también produjo resistencias internas. En Sonora, Lorenia Valles quedó al frente después de un proceso en el que se confrontaron diferentes perfiles y respaldos políticos. En Tlaxcala, Ana Lilia Rivera fue seleccionada frente a Alfonso Sánchez García. En cada caso existen circunstancias particulares; juntos, sin embargo, muestran que la construcción de candidaturas no puede explicarse solo mediante una fotografía de preferencias electorales.
Por eso resulta tentador hablar de “acuerdos que parecen jugar a perder”. La expresión no describe una intención comprobada de Morena, sino una paradoja observable: un partido que busca consolidar su presencia en 17 gubernaturas puede terminar tomando decisiones que generan inconformidad entre sus propios aspirantes, tensan la relación con sus aliados o dejan fuera a figuras que habían construido expectativas públicas durante meses.
El efecto no queda necesariamente confinado a la vida interna del partido, porque las decisiones de selección ocurren frente a una ciudadanía que observa y evalúa; y llegan, además, en un momento en que las mediciones nacionales ya registran modificaciones en la percepción de Morena. Algunas encuestas registraban con anticipación una disminución de su opinión positiva y un aumento de la negativa respecto de un año antes, aunque el partido conservaba la valoración más favorable entre las fuerzas políticas medidas.
La cuestión, por tanto, no consiste en atribuir a las designaciones un desgaste que las encuestas no permiten explicar causalmente, sino en reconocer que la manera en que un partido resuelve sus candidaturas también comunica hacia afuera cómo entiende la competencia, el mérito, los acuerdos y la representación política, dando pauta al cuestionamiento y pérdida de credibilidad en detrimento de la imagen del partido.
No funciona la política electoral y, se puede entender, como una simple suma de la persona mejor posicionada en una encuesta, porque los partidos deben resolver simultáneamente cuestiones de género, coaliciones, equilibrios territoriales, cohesión interna, reglas estatutarias y viabilidad jurídica. La propia autoridad electoral ha establecido que los partidos deben comunicar sus procedimientos internos y fijar criterios de paridad, acciones afirmativas y otros requisitos antes de las precampañas.
La pregunta relevante, entonces, no es quién tenía que ganar cada encuesta. La pregunta es qué sistema de decisión está construyendo Morena para seleccionar a quienes pretenden representar su proyecto político.
Aquí es importante señalar responsabilidades y compromiso: si la encuesta es el método central, sus resultados deben poder conocerse y comprenderse; si los
acuerdos políticos tienen un peso determinante, harán de formar parte de la explicación pública; si la paridad modifica una decisión, tendrán que explicarse con el mismo nivel de claridad. Y, finalmente, si las coaliciones determinan quién encabeza una candidatura, los electores tienen derecho a conocer qué lógica política produjo esa distribución.
Adquiere aquí la transparencia una importancia que va más allá de la disputa interna, pues Morena ya no es una organización emergente que pueda resolver sus candidaturas exclusivamente mediante acuerdos de dirigencia, por lo que la magnitud electoral que ha alcanzado convierte sus procedimientos internos en un asunto de interés público; luego entonces, la selección de sus candidaturas condicionará buena parte de la competencia política de 2027.
Hay, además, una paradoja adicional: cuanto más poder electoral concentra un partido, mayor es el costo político de equivocarse en la selección de sus candidatos. Pareciera que lo ocurrido esta semana demuestra que una organización con presencia territorial, gobiernos estatales, mayoría legislativa y una coalición amplia tiene más recursos para construir candidaturas competitivas, pero también más intereses internos que conciliar.
Los próximos meses permitirán observar si los acuerdos alcanzados producen cohesión o mantienen abiertas las fracturas que aparecieron durante la selección. No corresponde anticipar el resultado electoral, pero es imperioso analizar la consistencia de las decisiones.
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