Por Miguel Ángel López Flores
El caso de Dafne Zapata puso en el ojo del huracán el desempeño de las escuelas militarizadas. La SEP ha tomado medidas definitivas con este tipo de instituciones.
La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de prohibir definitivamente la operación de escuelas militarizadas en México marca uno de los cambios más significativos en la política educativa de los últimos años gracias a que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, ningún plantel podrá ofrecer servicios educativos bajo las denominaciones “militar”, “militarizada”, “castrense” o cualquier otra que implique instrucción de carácter militar.
Dicha medida no se limita a modificar nombres comerciales: ordena revisar autorizaciones, Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y permisos otorgados por las autoridades educativas para impedir que continúe operando un modelo que la propia dependencia considera incompatible con la Ley General de Educación y con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
La decisión no surgió de manera espontánea, sino como la respuesta institucional más contundente a una sucesión de hechos que obligó a revisar un modelo cuya existencia había pasado prácticamente inadvertida para la mayoría de la sociedad: la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, durante un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas.
El suceso precipitó una revisión nacional que terminó por revelar una realidad mucho más amplia: en México operaban más de 60 academias de corte militarizado —la mayoría privadas— distribuidas en distintas entidades federativas y con reconocimiento oficial de estudios, aunque sin una categoría jurídica específica que definiera con claridad su naturaleza, alcances o mecanismos de supervisión.
Ese dato resulta muy revelador, considerando que durante años estas instituciones funcionaron con autorización educativa, cobraron colegiaturas, promovieron un modelo disciplinario inspirado en la organización castrense y ofrecieron a miles de familias una promesa que encontró amplio eco social: formar niñas, niños y adolescentes mediante orden, obediencia, jerarquía y rigor físico.
Para algunos padres representaban una alternativa frente a problemas de conducta; para otros, un camino hacia la responsabilidad, el liderazgo e incluso una eventual carrera militar. No obstante, detrás de esa oferta coexistía una pregunta que pocas veces fue planteada: ¿bajo qué fundamento legal una institución civil podía impartir una formación que se presentaba como militarizada si la educación militar corresponde, en exclusiva al Estado a través del sistema educativo de la Secretaría de la Defensa Nacional?
La respuesta institucional terminó siendo contundente, y tanto la SEP como la Secretaría de la Defensa Nacional aclararon que ninguna de las dos dependencias autoriza, regula o supervisa escuelas privadas de corte militarizado. La primera sostiene que esa modalidad no está prevista en la Constitución ni en la Ley General de Educación; la segunda recordó que sus atribuciones educativas se limitan solo al sistema educativo militar destinado a la formación de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Se hizo evidente entonces que el vacío regulatorio permitió que durante años coexistieran instituciones que utilizaban símbolos, grados, uniformes, marchas, ejercicios y estructuras de mando inspiradas en la disciplina militar sin pertenecer al sistema educativo castrense ni estar sujetas a reglas específicas sobre ese modelo pedagógico.
El caso de Dafne tampoco apareció de manera aislada, pues en los últimos tres años fueron documentadas las muertes de Zamir Pinto, Erick Leonardo Terán Torbellín y Dafne Zapata, todas ocurridas en contextos relacionados con academias militarizadas y acompañadas por denuncias de maltrato físico, castigos extremos, sobreesfuerzo, humillaciones y un patrón disciplinario que, según testimonios de exalumnos y familiares, normalizaba la violencia como mecanismo formativo. Las investigaciones penales siguen su curso y cada caso mantiene particularidades propias; sin embargo, el conjunto terminó por exhibir un problema estructural que trascendía responsabilidades individuales.
Es claro que la discusión tampoco concluyó con el anuncio de la SEP debido a que algunos gobiernos estatales, particularmente Guanajuato, defendieron la continuidad de sus bachilleratos militarizados argumentando que no forman militares, sino que utilizan esquemas de disciplina para fortalecer valores cívicos, liderazgo y responsabilidad entre los estudiantes.
Ese desacuerdo abre un debate jurídico y pedagógico que con seguridad continuará durante los próximos meses: ¿es posible trasladar elementos propios de la organización militar al ámbito educativo sin desdibujar los principios que rigen el interés superior de niñas, niños y adolescentes? ¿Dónde termina la disciplina escolar y dónde comienza una lógica incompatible con un modelo educativo sustentado en derechos humanos?
Esa es la verdadera dimensión de la decisión anunciada por la SEP que da cuenta de cómo el Estado mexicano asume su responsabilidad —quizás debió asumirla hace mucho tiempo— y no sólo clausura un tipo de planteles; redefine los límites entre educación, disciplina y formación castrense.
No debe olvidarse que, durante décadas, buena parte de estas academias construyeron su prestigio y finanzas alrededor de una idea profundamente arraigada en la cultura mexicana: que la severidad forma mejores ciudadanos. Hoy, la resolución de la SEP plantea una tesis distinta: la disciplina constituye un componente legítimo de cualquier proceso educativo; la violencia, el abuso y la simulación de prácticas militares no.
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