Por Miguel Ángel López
El INE ha enviado su partida presupuestal al Congreso, además de contemplar nuevas actividades que surgieron luego de la última reforma electoral.
El proceso electoral 2026-2027 comenzó este 10 de septiembre con una dimensión inédita por el número de cargos que estarán en disputa y con dos presiones que atraviesan desde ahora la organización de los comicios: la necesidad de fortalecer los filtros de integridad de las candidaturas y la reducción de recursos para operar la elección. A este escenario se suma la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), apenas un día antes del arranque formal.
En este escenario, las elecciones locales concurrentes renovarán 19,609 cargos en 31 entidades, entre ellos 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales, 18,057 cargos en ayuntamientos y 437 posiciones adicionales, como presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías. En el ámbito federal estarán en juego las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, con lo que el proceso combinará elecciones federales y locales en las 32 entidades.
Una de las novedades para este proceso es la Comisión Permanente de Verificación de Integridad en Candidaturas, instalada por el INE el 7 de septiembre. El órgano aprobó los lineamientos para coordinar la revisión de las personas candidatas y cumplir con la reforma electoral que incorporó mecanismos específicos para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada y otros factores de riesgo.
Ahora bien, la creación de este mecanismo responde a una preocupación que ya forma parte de la preparación electoral: impedir que personas relacionadas con estructuras criminales lleguen a las boletas, aunque los partidos conservarán la responsabilidad de decidir si registran o no a las personas aspirantes a partir de la información disponible.
En este sentido, la reforma impulsada por el gobierno federal contempla que la comisión pueda consultar información de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. El esfuerzo estará concentrado en convertir esos filtros en procedimientos verificables, oportunos y jurídicamente sólidos.
De igual manera, la revisión de antecedentes deberá realizarse antes del registro de las candidaturas, en un proceso que involucra información financiera, de seguridad y procuración de justicia, mientras su aplicación pondrá a prueba la capacidad institucional para distinguir entre una alerta documentada y una imputación sin sustento, además de garantizar que cualquier exclusión pueda sostenerse jurídicamente.
Aquí es importante recordar que el calendario electoral establece que las precampañas federales se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, mientras que el periodo para el registro de candidaturas será del 22 de marzo al 3 de abril.
Las campañas comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral; asimismo, el margen entre el cierre de los registros y el inicio de las campañas será, por tanto, reducido, lo que coloca la revisión de antecedentes y la resolución de posibles alertas dentro de una etapa especialmente sensible de la organización electoral.
En materia presupuestal, el INE aprobó para 2027 un anteproyecto de 47 mil 700 millones de pesos, aunque el monto incluye 10 mil 842.7 millones destinados al financiamiento de partidos políticos y candidaturas independientes y una previsión precautoria de alrededor de 4 mil 700 millones; en tanto que, para la operación del Instituto, se plantearon 31 mil 431.9 millones de pesos.
El proyecto presupuestal enviado al Congreso contempla una cantidad menor, por lo que la discusión debe centrarse en la proporcionalidad del gasto frente a las responsabilidades electorales; como referencia, el presupuesto aprobado para la operación del INE en 2024 fue de 22 mil 322.9 millones de pesos, después de que la Cámara de Diputados recortara 5 mil millones respecto del anteproyecto original.
Para el 2027, el presupuesto base propuesto representa alrededor de 40.8% más que el aprobado para 2024, aun cuando ambos ejercicios tienen características electorales distintas. El dato permite colocar la discusión en términos de eficiencia y racionalidad del gasto público, especialmente porque el propio Instituto sostiene que su propuesta incorpora medidas de austeridad y ahorros frente al proceso electoral de 2023-2024. Aquí el eje del problema, sin duda, no es gastar menos, más bien obliga a demostrar qué gasto resulta indispensable y cuál puede reducirse.
Claramente la presión financiera adquiere relevancia por la escala logística de la elección, toda vez que el calendario aprobado por el INE contempla 505 actividades vinculadas con 153 procedimientos y 44 procesos institucionales, desde la preparación territorial hasta los cómputos posteriores a la jornada electoral. La jornada está programada para el 6 de junio de 2027.
En paralelo, la salida de Claudia Arlett Espino modifica la conducción operativa del Instituto al inicio del proceso electoral. Espino fue designada Secretaria Ejecutiva del INE el 28 de noviembre de 2024, con efectos a partir del 1 de diciembre de ese año, y permaneció en el cargo alrededor de un año y nueve meses. Su renuncia irrevocable surtió efectos el 9 de septiembre de 2026, un día antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027. La funcionaria señaló motivos de salud y la necesidad de recuperar un equilibrio entre su vida profesional y personal ante la exigencia que representa la organización de los comicios federales y locales.
Recordemos que la Secretaría Ejecutiva tiene una función central dentro del INE: encabeza la Junta General Ejecutiva y coordina áreas fundamentales para la organización de los comicios, entre ellas el Registro Federal Electoral, Organización Electoral, Fiscalización, Prerrogativas y Partidos Políticos y Capacitación. También articula el trabajo de las juntas locales y distritales que despliegan la estructura electoral en el territorio nacional.
Roberto Carlos Félix López quedó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva en una sustitución que ocurre después de varios cambios en esa posición durante los últimos años, por lo que la continuidad operativa y la definición de una titularidad estable serán otro de los asuntos que acompañarán al INE durante el inicio del proceso.
Inicia así el proceso electoral de 2027, con una combinación de mayor complejidad territorial, filtros inéditos para las candidaturas, restricciones presupuestales y cambios en su estructura operativa; así que las acciones del INE durante los próximos meses determinarán cómo se traducen esos mecanismos en procedimientos concretos antes de que las candidaturas lleguen a las boletas.
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