Por Ricardo Ramírez Posadas
La FGR ha citado a declarar a actores políticos de alto perfil esta semana. Dos casos que ocupan gran parte del debate público del momento.
Gran revuelo —aunque no necesariamente sorpresa— provocaron los recientes citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República contra actores políticos de alto nivel vinculados con investigaciones relacionadas con narcotráfico, seguridad nacional y cooperación internacional.
Caso Maru Campos
En primer término, la FGR citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en calidad de testigo dentro de una investigación relacionada con un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales habrían participado junto con presuntos agentes estadounidenses en acciones contra un narcolaboratorio sin que existiera —al menos hasta ahora— claridad pública sobre los mecanismos de notificación y autorización federal correspondientes.
La indagatoria no se limita al aseguramiento. El núcleo del caso gira alrededor de la posible participación de agentes extranjeros en territorio mexicano y de la cadena de mando que habría autorizado o conocido dicha intervención. La FGR busca esclarecer si existieron violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional derivadas de operaciones extranjeras realizadas sin los mecanismos institucionales correspondientes.
Ahí es donde el caso comenzó a adquirir una dimensión política mucho más delicada, sobre todo porque durante los últimos días, Maru Campos desplegó una intensa estrategia mediática en la Ciudad de México orientada a deslindarse de cualquier responsabilidad y a posicionar públicamente una narrativa centrada en la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.
Sin embargo, en distintas entrevistas y declaraciones públicas terminó reconociendo elementos que complejizaron su propia posición política: por un lado afirmó desconocer la presencia de agentes extranjeros en el operativo; pero al mismo tiempo defendió la necesidad de coordinación operativa con agencias estadounidenses en una entidad fronteriza como Chihuahua.
La aparente contradicción abrió cuestionamientos inevitables sobre: a) el nivel de conocimiento real del gobierno estatal respecto al operativo, b) la supervisión de corporaciones de seguridad locales, c) los límites legales de la cooperación internacional en materia de combate al narcotráfico.
En términos jurídicos, el citatorio debe entenderse dentro de una investigación más amplia y todavía en desarrollo, pues es claro que la FGR busca esclarecer no solamente los hechos relacionados con el aseguramiento de un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, sino también la cadena de mando de los funcionarios involucrados y las condiciones bajo las cuales habrían participado presuntos agentes extranjeros en el operativo realizado en Chihuahua.
El tema adquiere especial relevancia porque, tras las reformas realizadas en 2020 a la Ley de Seguridad Nacional —particularmente a sus artículos 68, 69 y 71—, las agencias extranjeras que operan en territorio mexicano deben sujetarse a mecanismos específicos de coordinación, intercambio de información y autorización institucional con el Estado mexicano.
Asimismo, el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad del Ejecutivo Federal preservar la seguridad nacional y conducir la política exterior del país. Por ello, la investigación busca determinar si existieron mecanismos formales de autorización, conocimiento y coordinación entre autoridades estatales, federales y posibles agentes extranjeros involucrados en el operativo.
Y es precisamente ahí donde algunos analistas comenzaron a hablar de un posible desgaste irreversible para su futuro político, no necesariamente por la investigación en sí misma, sino por el manejo narrativo y las contradicciones públicas surgidas durante su “defensa mediática”.
Caso Rocha Moya
En segundo lugar y en paralelo, el caso de Rubén Rocha Moya adquirió una dimensión todavía más compleja, cuando el mandatario sinaloense solicitó licencia a su cargo mientras avanzan las investigaciones abiertas tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Junto a Rocha Moya también fueron citados diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos: el hoy senador Enrique Inzunza Cázarez, Sara Bruna Quiñónez, Cristóbal Castañeda Camarillo, y mandos policiales relacionados con áreas de seguridad y procuración de justicia.
Las autoridades estadounidenses sostienen acusaciones relacionadas con: a) presunta protección institucional a integrantes del Cártel de Sinaloa, b) filtración de información sensible, c) utilización de corporaciones de seguridad para resguardar operaciones ilícitas, d) recepción de sobornos millonarios.
A partir de esas acusaciones internacionales, la FGR abrió diligencias propias para determinar posibles responsabilidades dentro del territorio mexicano. Y es aquí donde aparece uno de los puntos centrales del análisis: el creciente peso de las investigaciones transnacionales en la política interna mexicana.
México en la mira
México vive actualmente una etapa donde la seguridad pública, el combate al narcotráfico y la cooperación bilateral con Estados Unidos generan tensiones constantes entre soberanía nacional, colaboración internacional, presión diplomática y legitimidad institucional.
En el caso Chihuahua, el debate gira alrededor de hasta dónde puede llegar la cooperación operativa con agencias estadounidenses sin comprometer el marco constitucional mexicano. En el caso Sinaloa, la discusión se desplaza hacia otro terreno igual de delicado: el impacto político y jurídico de acusaciones construidas desde cortes estadounidenses contra funcionarios mexicanos con poder regional y estructura política propia.
Hasta ahora, la propia FGR ha insistido en que los procedimientos corresponden a entrevistas ministeriales y comparecencias derivadas de investigaciones abiertas, no a imputaciones formales ni órdenes de aprehensión, postura que ha sido fortalecida por la presidenta Claudia Sheinbaum al sostener públicamente que se trata de diligencias ordinarias y no de persecuciones políticas.
No obstante, el contexto vuelve prácticamente inevitable la lectura política, mediática e incluso geopolítica del caso; porque más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan acreditarse o descartarse, el episodio revela algo más profundo: las disputas contemporáneas sobre seguridad, narcotráfico y gobernabilidad ya no se desarrollan exclusivamente dentro de las fronteras nacionales: agencias extranjeras, cortes estadounidenses, medios internacionales y organismos de inteligencia forman hoy parte activa del entorno político mexicano, amplificando narrativas, presiones y consecuencias internas.
Por ello, el verdadero desafío quizá no radique únicamente en determinar responsabilidades penales, sino en preservar algo todavía más importante: la credibilidad institucional del Estado mexicano que se obliga a demostrar que sus acciones se ejercen con justicia y razón.
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