Por Jessica Chaparro
López Beltrán dio a conocer que le fue retirada la visa para ingresar a los Estados Unidos en una carta dirigida al presidente Donald Trump.
Andrés Manuel López Beltrán informó la noche del 13 de agosto que Estados Unidos revocó su visa de ingreso al país vecino. Una decisión que, según el propio político morenista, fue ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau.
López Beltrán dio a conocer la medida mediante sus redes sociales y una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que cuestionó si el mandatario conocía la decisión y sostuvo que ésta tenía motivaciones políticas. Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha hecho pública una explicación sobre las razones específicas de la revocación.
La decisión ocurre mientras Washington ha ampliado el uso de sus facultades migratorias sobre extranjeros y luego de que el Departamento de Estado informara, el 10 de agosto, que durante la administración Trump ha revocado más de 175 mil visas por causas que incluyen violaciones a las condiciones del documento, delitos, fraude migratorio, amenazas a la seguridad nacional y llamados a la violencia.
La administración también endureció la revisión de antecedentes y de presencia en redes sociales para determinadas categorías de solicitantes; en junio de 2025, por ejemplo, anunció una revisión amplia de la presencia en línea de estudiantes y visitantes de intercambio.
México ha experimentado una aplicación muy visible de esta política hacia integrantes de su clase política; tan es así que en octubre de 2025 Reuters reportó que Estados Unidos había revocado las visas de más de 50 políticos mexicanos, incluidos integrantes de Morena; un funcionario del Departamento de Estado justificó entonces las cancelaciones en actividades consideradas contrarias al interés nacional estadounidense.
La medida se ha presentado en paralelo con una mayor presión de Washington para que México investigue posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones delictivas; razón por la cual, incluso, en abril de 2026 el embajador estadounidense Ronald Johnson incluso anticipó posibles acciones contra corrupción y sobornos dentro del marco del T-MEC.
En el caso de López Beltrán, la revocación de la visa no constituye por sí misma una acusación penal ni demuestra que haya cometido un delito, tampoco se conoce públicamente la causa concreta que motivó la decisión estadounidense, sin embargo, su propia versión sostiene que no existen elementos que justifiquen la medida y que ésta responde a razones políticas.
Al mismo tiempo, sectores de la oposición mexicana han vinculado el episodio con señalamientos sobre su entorno y con investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, afirmaciones que deben distinguirse de una imputación formal o una resolución judicial.
Adquiere el caso una dimensión que rebasa la situación personal del dirigente morenista, toda vez que Estados Unidos está utilizando con mayor amplitud instrumentos migratorios que afectan a ciudadanos extranjeros, incluidos políticos de países aliados, mientras incrementa la presión sobre México en materia de seguridad, corrupción y combate al crimen organizado.
La particularidad del caso López Beltrán es que, a diferencia de otros expedientes en los que Washington ha hecho públicas razones relacionadas con delitos, seguridad o violaciones migratorias, hasta ahora no ha explicado públicamente qué motivó esta revocación y esa ausencia de información deja abiertas dos cuestiones distintas: cuál fue la razón administrativa de la medida y qué consecuencias políticas tendrá en una relación bilateral en la que las herramientas migratorias han adquirido un peso creciente.
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