Por Ricardo Ramírez
La semana pasada, se presentaron dos publicaciones que arrojan luces sobre el estado actual de los diarios y el periodismo en México.
Hay días en que uno no sabe qué da más vergüenza, si ciertos periodistas que publican primero y piensan después, o las hordas digitales que convierten cualquier basura en trending topic. Lo ocurrido recientemente con El Universal y Excélsior retrata con crudeza el deterioro de una parte del periodismo mexicano y, de paso, la lamentable degradación de la conversación pública, ya que no se trata de un desliz menor, de un mal encabezado o de una torpeza editorial, más bien lo que vimos fue algo más serio: mentira, rumor, prejuicio y linchamiento convertidos en espectáculo.
En el caso de El Universal, los hechos son suficientemente graves como para no requerir exageración alguna: el 18 de junio, el diario publicó de nuevo una entrevista realizada en 1999 por el periodista Edmundo Cázares a Carlos Monsiváis, presentada editorialmente como un homenaje por el decimosexto aniversario luctuoso del escritor.
Bajo ese encuadre, cualquier lector podía asumir que se trataba de un ejercicio serio de recuperación documental y memoria periodística sustentado en archivos verificables y sometido a los mínimos estándares de revisión editorial. Sin embargo, la publicación detonó una controversia inmediata cuando la reedición incluyó fragmentos que no aparecían en la publicación original de El Sol de México, entre ellos afirmaciones que sugerían una relación íntima entre Monsiváis y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Conviene decirlo con claridad, el problema no es la orientación sexual real, supuesta o imaginada de ninguno de los involucrados, eso pertenece al ámbito privado y, en una sociedad democrática, no tendría por qué convertirse en instrumento de escarnio público ni de erosión política.
La gravedad del caso radica en otro sitio: se utilizó la voz de un hombre fallecido hace dieciséis años para difundir afirmaciones de enorme impacto político y personal sin sustento verificable. Y esa sola circunstancia, debía haber obligado a una revisión editorial particularmente rigurosa toda vez que un personaje fallecido no puede aclarar, contextualizar, matizar ni desmentir. Por ello, poner en su boca afirmaciones explosivas exige no sólo respeto, sino un estándar de verificación mayor, no menor.
Nada de eso ocurrió y tuvo que ser la familia de Monsiváis quien desmintió de manera pública la autenticidad de las declaraciones, y fue todavía más lejos al asegurar que el escritor ni siquiera conocía a López Obrador en la época referida por el texto. La controversia escaló hasta un punto inusual. El Universal emitió un comunicado institucional ofreciendo disculpas públicas a la familia de Carlos Monsiváis y a sus lectores, admitiendo que no cotejó el contenido de la entrevista con la grabación original que el autor aseguró poseer. Más que una rectificación menor, se trató del reconocimiento explícito de una falla editorial grave; dato que resulta demoledor desde cualquier estándar periodístico serio.
La prueba primaria que debía sostener la publicación —la grabación original— no estuvo disponible para verificación editorial antes de su difusión. Tiempo después, el propio Edmundo Cázares renunció al diario y declaró que revisaría centenares de casetes en busca del audio que, según sostiene, respalda sus afirmaciones. Traducido al lenguaje del oficio, el hecho es difícil de suavizar: se publicó primero y se decidió verificar después; y aunque la frase resulte dura, conviene decirla sin rodeos: eso no es periodismo, el verdadero periodismo, serio, ético y responsable funciona exactamente al revés.
Para un episodio de Excélsior, el formato fue distinto pero inquietantemente parecido en su lógica. El 24 de junio, la periodista Leticia Robles de la Rosa publicó información según la cual el senador Gerardo Fernández Noroña habría presentado a su colaborador, Emiliano González, como su hijo ante integrantes del Senado. La afirmación produjo un impacto inmediato por la naturaleza íntima del señalamiento y por las implicaciones personales y públicas que conllevaba.
Fernández Noroña negó de forma categórica cualquier parentesco y respondió con un reto tan inusual como revelador: someterse a una prueba de ADN para zanjar el asunto. La controversia escaló todavía más cuando la madre del joven expresó de manera pública su indignación por la exposición mediática de su familia y por el daño provocado por una versión no corroborada. Días después, la propia periodista ofreció disculpas directas a la madre, aunque sostuvo que la información no había sido inventada, sino obtenida de fuentes senatoriales.
Lo verdaderamente inquietante es que, más allá de las diferencias entre ambos episodios, el patrón resulta notable por su naturaleza y similar. En ambos casos se difundió información de altísimo impacto reputacional sin sustento concluyente; el daño público ocurrió de inmediato y las rectificaciones —cuando llegaron— aparecieron tarde, cuando la conversación ya había sido contaminada por el rumor, el morbo y la especulación.
A partir de ahí, el resto ocurrió con la velocidad habitual de nuestro tiempo y las redes sociales, lejos de funcionar como espacios de contraste, verificación o deliberación, operaron como una maquinaria de amplificación emocional donde el dato dejó de importar y lo central pasó a ser el impacto: cuentas automatizadas, operadores políticos, propagandistas de ocasión, opinadores profesionales y figuras públicas de alta exposición —entre ellas Lilly Téllez, Javier Lozano Alarcón, Pedro Ferriz Hijar y otros referentes habituales de la oposición digital— hicieron lo previsible: convertir el rumor en meme, la insinuación en burla y la mentira en entretenimiento masivo.
En realidad, México no presenciaba escándalos de falsificación informativa o montajes de semejante impacto desde los episodios que marcaron la etapa más cuestionada del periodismo-espectáculo, con figuras como Carlos Loret de Mola en el centro de controversias que mostraron hasta dónde podía llegar la distorsión informativa cuando el espectáculo desplazaba a la verificación. La diferencia es que hoy el montaje ya no necesita horas de televisión y ese es el núcleo del problema: le bastan minutos para viralizarse y millones de pantallas para multiplicar su daño.
No estamos solamente frente a errores periodísticos, que ya serían suficientemente graves, sino ante una práctica cada vez más visible en ciertos sectores de la prensa: difundir versiones insuficientemente corroboradas cuando éstas resultan escandalosas, rentables y útiles. La lógica es perversa porque desplaza el centro del oficio: la verificación deja de ser condición para publicar y se convierte en una tarea secundaria, a veces posterior, cuando el daño ya fue producido.
En ambos casos, además, la herramienta elegida para infligir ese daño no parece casual, se apeló a prejuicios de arraigo profundo en la sociedad mexicana: homofobia, ridiculización de la intimidad y utilización de la vida privada como arma de desprestigio; pero lo más alarmante es que alguien, en alguna mesa editorial o en algún cálculo político, asumió que esos prejuicios seguían siendo de gran “rentabilidad como para activar la conversación pública. Por desgracia, ese “alguien” no se equivocó.
Debería alarmarnos lo ocurrido no sólo por el daño infligido a los personajes directamente involucrados, sino por lo que revela sobre la degradación de una parte del oficio periodístico. Se denigra la memoria de Carlos Monsiváis, se agrede a familias completas, se normaliza la humillación pública y se envía un mensaje devastador a millones de mexicanas y mexicanos: la mentira sigue siendo rentable cuando viene acompañada de morbo y prejuicio.
Ahí reside la parte más pavorosa de todo esto: que algunos medios han dejado de competir por credibilidad y han comenzado a competir por viralidad, dejando de preocuparse por premisas elementales del periodismo y ya ni siquiera se ocupan en informar mejor, sino cómo imponen el escándalo del día. Las redes, por su parte, se han convertido en la correa de transmisión perfecta para esa degradación, acelerando un proceso en el que la mentira ya ni siquiera necesita parecer verdad; le basta con ser escandalosa, emocionalmente rentable y con una buena dosis de vulgaridad para detonar la reacción colectiva.
El fondo del problema rebasa por mucho a los periodistas involucrados y a los medios que publicaron estas versiones, al exhibir el deterioro de una lógica profesional que durante décadas sostuvo al periodismo serio: verificar antes de publicar, contrastar antes de afirmar y probar antes de acusar. Hoy, en demasiados espacios, esa lógica se ha invertido como una orden lineal: primero se lanza la versión, luego se mide su impacto y sólo después —si la presión pública obliga— aparece la rectificación. Para entonces, el daño ya está hecho y la mentira ya ha circulado con la velocidad suficiente para instalarse en la conversación pública.
Ese es el verdadero cambio periodístico de la época presente, donde la disputa ya no gira solamente en torno a quién tiene la información, sino a quién logra imponer la narrativa más rentable, más emocional y más escandalosa y, tristemente, en ese terreno, la verdad compite en desventaja frente al morbo, el prejuicio y la vulgaridad.
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