De la redacción
La reforma en materia de fiscalización le ha permitido a la ASF reforzar sus acciones contra actos de corrupción.
A poco más de 100 días de haber asumido la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel informó la presentación de 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos daños al erario superiores a 600 millones de pesos, en hechos que involucran a alrededor de 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
Las irregularidades detectadas corresponden a diversos ejercicios fiscales (principalmente entre 2020 y 2025) y apuntan a posibles actos de corrupción, desvío de recursos y colusión en procesos de contratación pública.
De manera paralela, la ASF abrió 31 expedientes de investigación adicionales y al menos 30 procedimientos por responsabilidades administrativas graves, derivados de anomalías detectadas en dependencias federales, gobiernos estatales y municipios.
Aunque el auditor evitó revelar nombres específicos para no vulnerar el debido proceso, reportes periodísticos señalan que entre los entes bajo revisión aparecen organismos como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Talleres Gráficos de México, así como administraciones locales de entidades como Nayarit, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Michoacán.
El anuncio marca el primer gran efecto de la reforma en materia de fiscalización aprobada el 21 de abril de 2026, la cual otorgó nuevas facultades a la ASF para iniciar investigaciones y presentar denuncias penales sin esperar la conclusión total del proceso de auditoría, que antes podía tardar entre dos y tres años.
Bajo este nuevo esquema de “auditoría integral”, el organismo proyecta realizar 2,244 auditorías durante 2026, revisar 1,733 entes públicos y fiscalizar, por primera vez, el 100% de las dependencias federales. Más allá de la cifra de 600 millones, el mensaje político es claro: la fiscalización en México busca dejar de ser reactiva para convertirse en un mecanismo de intervención temprana contra posibles actos de corrupción.
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