De la redacción
Una nueva propuesta de modificación regulatoria abrió el debate sobre los alcances y las capacidades de control sobre contenidos noticiosos en pro de los derechos de las audiencias.
La discusión sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias volvió a colocar en el centro una tensión permanente de las democracias contemporáneas: cómo garantizar el derecho de las personas a recibir información diferenciada, identificable y verificable sin invadir la libertad editorial de los medios de comunicación.
La propuesta sometida a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, entre ellas distinguir información de opinión, separar claramente la publicidad de los contenidos informativos, emitir códigos de ética y contar con defensorías de las audiencias; el incumplimiento puede derivar en sanciones previstas por la legislación vigente.
No gira el debate sobre el tema solo en torno a la existencia de multas, debido a que los derechos de las audiencias forman parte del marco jurídico mexicano desde hace más de una década, pero durante años su aplicación enfrentó controversias regulatorias y judiciales.
Los nuevos lineamientos buscan establecer procedimientos para hacer exigibles esos derechos mediante mecanismos de autorregulación, en los que cada concesionario adopte un código de ética, nombre una persona defensora de las audiencias y atienda las quejas antes de que intervenga la autoridad. Bajo esta disputa se ha concentrado la discusión en los espacios involucrados en la posibilidad de que la regulación pueda interpretarse como una forma indirecta de control sobre los contenidos informativos.
Frente a dicha controversia y las críticas de diversos sectores que advirtieron un posible riesgo para la libertad de expresión, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los lineamientos durante su conferencia matutina del 28 de julio, en Palacio Nacional y explicó que las multas previstas en la legislación no constituyen el eje del nuevo modelo regulatorio, sino la última etapa de un procedimiento que privilegia la autorregulación: cada concesionario deberá emitir su propio código de ética, designar una persona defensora de las audiencias y atender, en primera instancia, las quejas que presenten radioescuchas y televidentes.
Sólo si ese mecanismo no se cumple o persiste el incumplimiento de las obligaciones legales, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá iniciar el procedimiento sancionador previsto en la ley.
Los lineamientos se encuentran actualmente en consulta pública, etapa en la que podrán presentarse observaciones y propuestas de modificación; una vez concluido ese procedimiento, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones deberá resolver sobre su contenido definitivo, incluyendo los mecanismos para la atención de quejas, las obligaciones des los concesionarios y, en su caso, la aplicación de las sanciones previstas.
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