De la redacción
Guanajuato mantendrá bachilleratos militarizados pese a la orden de la SEP
La decisión del Gobierno de Guanajuato de mantener su modelo de seis Bachilleratos Bivalentes Militarizados, pese a la instrucción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de eliminar las escuelas con ese esquema, reabre el debate sobre los límites entre disciplina, formación cívica y educación pública. La postura estatal surge después de que la Federación ordenara el cierre de más de 60 escuelas militarizadas en el país tras la muerte de tres estudiantes en distintos planteles durante los últimos tres años, el caso más reciente el de Dafne Zapata, de 13 años, fallecida en un curso de verano militarizado en Tamaulipas.
Guanajuato sostiene que sus planteles responden a un modelo distinto, incorporado al sistema público de educación media superior y orientado a la formación técnica y en valores.
En la actualidad operan seis bachilleratos en Acámbaro, Celaya, Dolores Hidalgo, Irapuato y León, con una matrícula superior a 3 mil 400 estudiantes, y el gobierno estatal afirma que no se han registrado incidentes de violencia comparables a los que motivaron la decisión federal.
El desafío no se limita a una diferencia de criterios entre la Federación y Guanajuato. La SEP argumenta que cualquier modalidad educativa con carácter militar resulta incompatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, mientras que el gobierno estatal defiende que el problema no radica en la disciplina como herramienta pedagógica, sino en la ausencia de supervisión y en los abusos documentados en instituciones particulares. La discusión, por tanto, trasciende el nombre de los planteles y se centra en qué modelo educativo puede conciliar orden, derechos humanos y seguridad para los estudiantes.
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