Por Miguel Ángel López Flores
Persisten las tensiones, la huelga de la CNTE pone a prueba al nuevo gobierno.
La huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha convertido en el primer gran conflicto social que enfrenta la administración de Claudia Sheinbaum, porque después de semanas de movilizaciones, plantones, marchas, mesas de negociación y anuncios gubernamentales, el conflicto permanece abierto y, por momentos, parece alejarse más de una solución que acercarse a ella. Por el contrario, la violencia se ha hecho presente.
A primera vista, la situación resulta paradójica, pues el gobierno federal ha realizado concesiones que en otros momentos habrían representado avances significativos para el magisterio, entre los que se destacan el incremento salarial del 9 por ciento, la reducción gradual de la edad de jubilación para trabajadores incorporados al régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE y el compromiso público de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de regular los procesos de admisión, promoción y movilidad docente.
Durante los últimos días, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteraron que la desaparición de la USICAMM forma parte de los compromisos que el gobierno federal pretende concretar mediante reformas legales y administrativas. La medida responde a una de las demandas históricas planteadas por amplios sectores del magisterio, que durante años cuestionaron el funcionamiento del sistema por considerar que generaba incertidumbre laboral y excesiva burocratización de los procesos profesionales.
Sin embargo, las movilizaciones continúan, como se pudo observar con la marcha nacional realizada el 1 de junio y la permanencia del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México; mostrando que el anuncio no modificó sustancialmente la postura de la Coordinadora, pese a que las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y los representantes magisteriales continúan abiertas, pero sin acuerdos definitivos.
A ello se suman los episodios de tensión registrados durante las últimas semanas, como lo ocurrido en Oaxaca, donde se reportaron enfrentamientos durante bloqueos carreteros, mientras que en la Ciudad de México se registraron forcejeos entre manifestantes y elementos de seguridad en las inmediaciones del Zócalo. Si bien las versiones sobre los hechos difieren entre autoridades y dirigentes magisteriales, pero reflejan un incremento en el nivel de confrontación alrededor del conflicto.
La permanencia de las movilizaciones después del anuncio gubernamental confirma que la discusión difícilmente puede explicarse a partir de un solo tema, aunque la desaparición de la USICAMM, anunciada por el Secretario de Educación, constituye una demanda relevante para amplios sectores docentes, la CNTE ha reiterado que su pliego petitorio incluye además aspectos relacionados con pensiones, jubilaciones, derechos laborales, salarios, condiciones de trabajo y modificaciones estructurales al sistema educativo.
Por ello, el conflicto debe entenderse en una dimensión más amplia, como lo consideran diversos especialistas, para quienes la controversia combina factores laborales, sindicales, presupuestales, políticos y de representación, particularmente en torno a quién conduce las negociaciones, cuáles demandas son prioritarias y qué capacidad real tiene el Estado para responder a planteamientos que involucran a millones de trabajadores del sector público.
Dicha situación también coloca al gobierno federal frente a una contradicción característica de los movimientos que transitan de la oposición al ejercicio del poder. Durante años, Morena construyó parte de su legitimidad política respaldando causas sociales, sindicales y educativas que cuestionaban reformas impulsadas por gobiernos anteriores. Hoy, desde la responsabilidad de gobierno, enfrenta la necesidad de conciliar esas demandas con restricciones presupuestales, compromisos institucionales y responsabilidades de gobernabilidad.
El conflicto ocurre a poco más de una semana de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, evento que colocará a México en el centro de la atención internacional. En ese contexto, la CNTE ha planteado que mantendrá la visibilidad de sus movilizaciones, circunstancia que añade presión al gobierno federal para evitar que el conflicto magisterial escale durante uno de los acontecimientos de mayor relevancia política, económica y mediática para el país.
Al mismo tiempo, la disputa se desarrolla en una etapa donde comienzan a perfilarse los escenarios políticos rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Sin afirmar una motivación electoral directa, resulta evidente que cualquier conflicto social de gran escala tiene repercusiones en la percepción pública sobre la capacidad gubernamental para construir acuerdos, administrar tensiones y preservar la estabilidad institucional.
La reciente decisión del gobierno federal de avanzar hacia la desaparición de la USICAMM representa uno de los movimientos políticos más relevantes realizados hasta ahora para atender las demandas magisteriales. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que el conflicto difícilmente se resolverá mediante una sola medida.
Por ello, el desenlace de la huelga nacional dependerá menos de anuncios aislados y más de la capacidad de ambas partes para construir acuerdos verificables, sostenibles y políticamente viables. La desaparición de la USICAMM podría convertirse en un punto de partida para la negociación, pero los hechos de los últimos días sugieren que difícilmente será el punto final del conflicto.
Lo que hoy está en juego no es únicamente una reforma administrativa ni una prestación laboral específica, también se encuentra a prueba la capacidad del Estado mexicano para dialogar con uno de los movimientos sindicales más influyentes del país y la capacidad del propio movimiento magisterial para transformar la movilización en acuerdos duraderos. En esa tensión entre negociación, presión social y gobernabilidad se encuentra, probablemente, la verdadera dimensión política del conflicto.
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