La tierra, el cuerpo y la dignidad frente a la violencia de Estado

Por Angélica Martínez

El pasado mes de mayo se cumplieron veinte de años de lo sucedido en San Salvador Atenco.

Hablar de San Salvador Atenco es hacerlo acerca de uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos en la historia reciente de los movimientos sociales en México y hay que traer a la memoria, a veinte años de los operativos policiales de mayo de 2006, este doloroso caso que permanece como una herida abierta en la memoria colectiva del país, no sólo por la brutalidad de la represión policial, sino por lo que reveló sobre la relación entre poder, territorio y violencia de Estado.

Atenco no comenzó en 2006, pues su historia se remonta a 2001, cuando el gobierno federal encabezado por Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional sobre tierras ejidales de municipios del oriente del Estado de México, entre ellos San Salvador Atenco.

El proyecto fue presentado como una apuesta por el desarrollo, la modernización y la competitividad económica del país; sin embargo, para las comunidades campesinas, aquel megaproyecto significaba algo muy distinto: despojo territorial, ruptura del tejido comunitario y pérdida de una relación histórica con la tierra, por lo que la respuesta no tardó en llegar y hombres y mujeres campesinas comenzaron a organizarse en defensa de sus territorios, dando origen al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Su símbolo —el machete en alto— pronto se convirtió en una imagen poderosa de resistencia comunitaria y, si bien no representaba violencia gratuita, se constituyó en símbolo de defensa territorial, identidad campesina y dignidad frente al poder; principios bajo los cuales y contra todos los pronósticos, llevó a la movilización, en 2002, a una victoria histórica: el gobierno federal canceló el proyecto aeroportuario.

Atenco demostró entonces que la organización comunitaria podía frenar incluso decisiones del más alto nivel del Estado, pero la historia no terminó ahí. Los días 3 y 4 de mayo de 2006, un conflicto inicialmente relacionado con el desalojo de floricultores en Texcoco escaló rápidamente hasta convertirse en un operativo policial de gran magnitud en San Salvador Atenco y, en él, participaron elementos de la Policía Federal Preventiva y de corporaciones estatales bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo que siguió fue una operación marcada por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, allanamientos, golpizas y graves violaciones a derechos humanos, dando como resultado la muerte de dos jóvenes, decenas de personas heridas y más de 200 detenidas.

Sin embargo, uno de los capítulos más atroces de Atenco ocurrió lejos de las cámaras, pues durante los traslados y detenciones, al menos 11 mujeres denunciaron haber sido víctimas de tortura sexual por parte de agentes policiales: golpes, amenazas, tocamientos, desnudez forzada, humillaciones y violaciones configuraron un patrón de violencia que, con el paso del tiempo, sería reconocido no como un hecho aislado, sino como un patrón de prácticas sistemáticas de castigo y control.

Desde una perspectiva de género, Atenco obliga a mirar una verdad incómoda: el cuerpo de las mujeres fue utilizado como territorio de disciplinamiento político, probando que la violencia sexual en contextos de represión estatal no ocurre accidentalmente; funciona como mensaje de poder, busca quebrar, humillar, sembrar terror y enviar una advertencia colectiva: resistir tiene consecuencias.

En Atenco, la agresión sexual operó como mecanismo ejemplarizante dirigido no sólo contra las mujeres detenidas, sino contra toda una comunidad movilizada, lo que llevó a las sobrevivientes a enfrentar, durante años, no sólo traumas físicos y emocionales, sino también revictimización institucional, impunidad y descrédito.

Pese a ello, decidieron romper el silencio y llevar su lucha más allá de las fronteras nacionales, persistencia que transformó el caso en un referente internacional. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica contra el Estado mexicano en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. El tribunal concluyó que el Estado fue responsable de tortura sexual, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos, ordenando medidas de reparación, investigación y garantías de no repetición.

La sentencia marcó un precedente crucial para América Latina, ya que por primera vez la violencia sexual cometida por fuerzas de seguridad mexicanas durante un operativo de represión social fue reconocida internacionalmente como tortura.

Hoy, a 20 años de la represión en Atenco, el significado de su lucha trasciende la cronología de los hechos, porque representa la convergencia de múltiples luchas: la defensa de la tierra, los derechos campesinos, la resistencia comunitaria, la autonomía territorial y la lucha de las mujeres contra la violencia patriarcal ejercida incluso desde las instituciones del Estado. También evidenció una tensión histórica en México: la persistencia de una lógica donde el Estado, frente a la organización social incómoda, puede responder mediante criminalización, militarización o represión.

A veinte años de aquellos hechos, Atenco ya no puede leerse únicamente como memoria de la violencia de Estado, sino como la historia de una resistencia que transformó la relación entre comunidad y poder. La lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no sólo logró frenar uno de los megaproyectos federales más ambiciosos de su tiempo; también obligó al Estado mexicano a confrontar los costos humanos, políticos y jurídicos del uso de la fuerza contra la protesta social.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018 marcó un parteaguas al reconocer la tortura sexual ejercida contra las mujeres de Atenco como una grave violación a los derechos humanos y al establecer obligaciones concretas de reparación para el Estado mexicano. No obstante, quizá la transformación más profunda no se encuentra únicamente en el ámbito jurídico, sino también en el terreno político y simbólico.

Las recientes reuniones entre integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la presidenta Claudia Sheinbaum sugieren una modificación relevante —al menos en el plano discursivo— en la interlocución entre Estado y movimientos sociales. En palabras de la propia mandataria, el poder público debe entenderse desde una lógica distinta: un Estado que no reprime al pueblo, sino que gobierna con y para el pueblo. Más allá de la declaración política, ese posicionamiento contrasta discursivamente con el México de 2006, cuando la respuesta institucional frente a la organización social fue la represión.

Ese contraste permite comprender la dimensión real de la lucha de Atenco: veinte años después, su legado no se limita a haber resistido el despojo territorial ni a haber alcanzado justicia internacional para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Su mayor contribución histórica quizá radica en haber modificado, desde abajo, la conversación nacional sobre territorio, derechos colectivos, protesta social y límites del poder estatal.

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