Por Miguel Ángel López Flores
Con el uso infraestructura tecnológica, el gobierno federal robustece la vigilancia y supervisión de las aduanas en todo el país.
Tecnología, análisis de riesgo e intercambio de información forman parte de la estrategia con la que el gobierno federal busca cerrar espacios al contrabando en las 50 aduanas del país, en un momento en que las investigaciones sobre huachicol fiscal han exhibido la capacidad de distintas redes para introducir combustibles mediante declaraciones falsas y otras irregularidades en el despacho de mercancías.
La vigilancia incorpora revisión remota de operaciones, procesamiento de imágenes y herramientas de inteligencia destinadas a detectar movimientos que se aparten de los patrones habituales.
Desde el Centro de Procesamiento Electrónico de Datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se supervisan en tiempo real operaciones de las aduanas marítimas, terrestres y aeroportuarias, y con base en la información difundida sobre su funcionamiento, se sabe que cerca de 30 especialistas analizan más de 20 mil imágenes por semana en busca de inconsistencias relacionadas con mercancías, documentación y características de los cargamentos.
La agencia trabaja además en el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial para identificar anomalías y orientar las revisiones hacia operaciones de mayor riesgo.
El esquema tecnológico forma parte de un fortalecimiento más amplio de los controles, lo que llevó a que, en junio pasado, la ANAM y la Unidad de Inteligencia Financiera suscribieron un convenio para intercambiar información estratégica y desarrollar capacidades de análisis dirigidas a prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilegales vinculadas con el comercio exterior.
Hacienda había impulsado previamente mecanismos para identificar operaciones que se apartaran de los perfiles transaccionales de importadores y exportadores.
El huachicol fiscal representa uno de los principales desafíos para ese modelo de vigilancia, el cual, a diferencia del robo directo de combustible de ductos, el mecanismo consiste en introducir hidrocarburos al país mediante esquemas destinados a evadir impuestos y controles aduaneros, entre ellos declaraciones incorrectas sobre el tipo, volumen o características de la mercancía.
Investigaciones recientes muestran la dimensión que pueden alcanzar estas operaciones: una red investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) habría movilizado más de 800 millones de litros de gasolina y diésel procedentes de Estados Unidos en 15 meses, con un daño fiscal estimado en al menos 5 mil 400 millones de pesos.
Es importante destacar que los controles no se limitan a hidrocarburos y, como muestra, es de destacar que, el 23 de julio, ANAM y Marina informaron la detección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de 236 mil 400 cigarrillos presuntamente apócrifos, mediante análisis documental, revisión de antecedentes comerciales y validación de perfiles operativos.
Dos días antes, autoridades federales reportaron que las acciones desarrolladas en el AICM durante 2025 y 2026 habían permitido asegurar más de 156 toneladas de mercancías ilícitas, entre drogas, productos apócrifos y otras mercancías sujetas a restricciones.
El reforzamiento ocurre además mientras se moderniza la operación del sistema aduanero, contexto en el que desde el 1 de julio entró en funcionamiento nacional la figura de las agencias aduanales, después de una prueba piloto realizada entre mayo y junio; la Secretaría de Economía, el SAT y la ANAM vincularon el cambio con la modernización de los procesos de comercio exterior que atraviesan las 50 aduanas mexicanas.
La apuesta consiste en trasladar parte de la vigilancia desde la inspección física hacia la detección anticipada de riesgos: cruzar información financiera y aduanera, identificar patrones atípicos y utilizar tecnología para seleccionar operaciones que requieren una revisión más profunda.
El alcance del nuevo esquema dependerá de su capacidad para convertir las alertas generadas desde los centros de monitoreo en inspecciones, investigaciones y sanciones efectivas, particularmente frente a redes que han utilizado las propias operaciones de comercio exterior para ocultar el contrabando de combustibles.
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