Por Luz Elena Pereyra Rodríguez
Durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, presentó al secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”. El reconocimiento ocurrió en un encuentro organizado por la propia DEA, apenas unas semanas después de que el mismo funcionario estadounidense acusara de una “conexión mortal” a las redes de los cárteles y al Gobierno de México.
No es un detalle menor debido a que, entre una afirmación y otra transcurrió apenas poco más de un mes, pero el contraste permite observar una de las características más complejas de la relación entre México y Estados Unidos: cooperación y presión pueden coexistir en una misma relación bilateral.
Evidentemente, Cole no llegó a Buenos Aires para retractarse de aquella declaración de julio, Harfuch tampoco acudió para responderle. Contrario a lo esperado por algunos medios deseosos de nota roja, ambos funcionarios exhibieron una relación de trabajo que el secretario mexicano describió más tarde como profesional, directa y orientada a resultados.
Durante el acto protocolario, Harfuch agradeció al director de la DEA por haber acelerado el intercambio de información y destacó que esa comunicación ha permitido avanzar con mayor rapidez en investigaciones y operaciones. México, dijo, mantendrá la cooperación internacional porque las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; no obstante, estableció los principios bajo los cuales debe desarrollarse: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto pleno a la soberanía nacional.
Ahí, veladamente, parece aparecer una clave que no debería perderse entre los elogios: México necesita la cooperación de Estados Unidos y Estados Unidos necesita la cooperación de México y, en esa realidad, ninguna de las dos afirmaciones disminuye a la otra; por la simple y sencilla razón que crimen organizado, tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de drogas atraviesan fronteras; también la información financiera, policial y de inteligencia también.
Pretender, en ese contexto, que cada país pueda resolver por separado fenómenos que operan de manera transnacional sería poco realista, aunque el gobierno mexicano, como respuesta inmediata a declaraciones y acciones de funcionarios norteamericanos, ha enfatizado reiteradamente, desde distintos enfoques, que la cooperación no implica subordinación. Esa diferencia ha estado en el centro de la relación bilateral, particularmente, durante los últimos lustros y adquirió una intensidad particular desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Amenazas arancelarias, presión sobre México para combatir a los cárteles, señalamientos sobre presuntos vínculos entre criminales y funcionarios, exigencias de extradición y acusaciones de injerencia han convivido con acuerdos comerciales, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas.
Dinámica bilateral y el rol de Harfuch
Por ejemplo, en marzo, la relación entre ambos funcionarios mostraba otra cara. Harfuch viajó a Washington y se reunió con Terrance Cole para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el tráfico de armas; días después, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó que el encuentro formaba parte de una coordinación que, según afirmó, estaba produciendo “resultados concretos” contra las redes criminales y el tráfico de drogas y armas.
Cuatro meses después, en julio, el discurso de Cole cambió sustancialmente. Durante la Cumbre América Libre de Fentanilo, el director de la DEA afirmó que existía una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano y sostuvo que “son lo mismo”; la respuesta del Gobierno de México no se hizo esperar y rechazó la acusación señalando que Estados Unidos no había presentado pruebas que sustentaran ese señalamiento.
Asimismo, durante los primeros meses de 2026 se produjo, de hecho, un acercamiento operativo significativo entre las instituciones de seguridad de ambos países.
Ese episodio ayuda a entender que la relación con la DEA no puede reducirse a una historia de enfrentamientos, pero sin duda, sí a una relación que demuestra, por parte de los funcionarios norteamericanos, ciertos trastornos del comportamiento que preocuparían a cualquier especialista en materia de salud mental.
Harfuch es ahora, en esa dinámica un tanto esquizofrénica, un “socio de confianza” y, de nuevo, se está frente a una contradicción política que merece ser observada; porque si un gobierno es presentado como parte de una supuesta conexión con organizaciones criminales y, semanas después, uno de sus principales responsables de seguridad es reconocido como socio confiable, existen dos posibilidades: las acusaciones anteriores requerían una mayor precisión e información probatoria, o el reconocimiento actual demuestra que la relación institucional es capaz de sobrevivir incluso a declaraciones que cuestionan al propio gobierno con el que se coopera.
En ambos casos, la conclusión resulta relevante, pues la política exterior estadounidense hacia México no puede analizarse solo desde sus declaraciones más duras; por la simple y sencilla razón, se reitera, de que Washington también reconoce, negocia, coopera y necesita interlocutores confiables del lado mexicano, Harfuch es uno de ellos.
Su presencia en Buenos Aires lo hizo evidente durante su intervención, la cual fue marco para presentar resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad mexicana: 63 mil 500 personas detenidas por delitos de alto impacto, 32 mil 800 armas aseguradas y 518 toneladas de droga decomisadas; asimismo, señaló que México ha trasladado a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto.
Más importante aún, Harfuch reconoció el intercambio de inteligencia con la DEA y señaló que desde la llegada de Cole la información ha fluido con mayor rapidez, lo cual significa, en términos operativos, que la cooperación existe y produce resultados que ambos gobiernos consideran útiles.
Estados Unidos ofrece una paradoja que coloca en otro lugar: reconoce la eficacia de un funcionario mexicano y, al mismo tiempo, ejerce presión sobre el gobierno del que ese funcionario forma parte; solicita cooperación y de manera simultánea formula acusaciones; defiende la soberanía de sus propias decisiones mientras cuestiona decisiones mexicanas; exige resultados contra organizaciones criminales asentadas en México mientras la discusión sobre el tráfico de armas desde territorio estadounidense permanece como una parte esencial del problema bilateral.
Afortunadamente, México tampoco es un actor pasivo en esta relación, gracias a que la administración de Sheinbaum ha optado por cooperar sin aceptar una relación de subordinación; como lo expresó Harfuch de alguna manera en Buenos Aires, con una fórmula que resume esa política: cooperación internacional, sí; coordinación, sí; intercambio de inteligencia, sí; pero bajo respeto a la soberanía.
Por tanto, la relación en materia de seguridad, como en muchas otras, no puede medirse únicamente por la cercanía personal entre funcionarios, es decir, que Cole considere a Harfuch un “buen amigo” puede ser significativo en términos políticos, pero una relación bilateral no se construye sobre amistades personales, se erige sobre intereses, instituciones, reglas, intercambio de información y capacidad para establecer límites.
Lo cual explica por qué el elogio de Cole puede ser leído de las dos maneras expresadas renglones arriba que, dicho en otros términos, no es una concesión de Washington a México, tampoco una credencial de pertenencia de un funcionario mexicano a la política estadounidense; es, a todas luces, el reconocimiento de una interdependencia que existe, incluso cuando ambos gobiernos discrepan sobre sus límites.
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