Editorial LEEA
El sistema y la política educativa del país se enfrenta a un gran cambio estructural para acceder a la educación media superior.
Educación media superior, COMIPEMS, “Mi derecho, mi lugar”, equidad educativa, calidad educativa y movilidad social forman hoy parte de una misma discusión de política pública que rebasa ampliamente la desaparición de un examen de admisión a los niveles de educación en México. Lo que México comenzó a modificar desde 2025 constituye uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas en materia educativa: dejar de entender el acceso al bachillerato como un proceso de competencia regulado por una prueba estandarizada para reconocerlo como un derecho cuya garantía corresponde al Estado.
Durante casi treinta años, el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) funcionó como el principal mecanismo de asignación de lugares para cientos de miles de aspirantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, porque su propósito institucional consistía en ordenar una demanda muy superior a la capacidad instalada del sistema.
Sin embargo, la experiencia acumulada mostró una realidad más compleja, la cual enseñó que el resultado obtenido en una prueba estandarizada nunca dependió exclusivamente del mérito individual; así que las condiciones de origen —calidad de la educación básica, entorno familiar, acceso a materiales de estudio, acompañamiento académico y capital cultural— incidían de manera significativa sobre el desempeño de los aspirantes.
Diversas investigaciones desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como diversos especialistas en políticas educativas han documentado que los exámenes estandarizados constituyen instrumentos útiles para evaluar determinados aprendizajes, pero presentan limitaciones cuando se convierten en el criterio predominante para distribuir oportunidades educativas en contextos marcados por profundas desigualdades sociales.
Bajo esa perspectiva, la decisión del Gobierno de México no surge como un hecho aislado, sino como parte de una discusión internacional sobre inclusión, equidad y derecho a la educación.
El nuevo modelo “Mi derecho, mi lugar” refleja precisamente ese cambio de enfoque. Para el proceso de ingreso correspondiente a 2026, más de 307 mil aspirantes participaron en el mecanismo de asignación para ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México, una cifra que confirma la enorme presión demográfica que enfrenta la educación media superior.
En paralelo, instituciones con alta demanda, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, conservaron procesos propios de selección mediante examen, reconociendo las restricciones materiales que todavía existen para absorber la totalidad de la demanda. Precisamente ahí comienza el verdadero debate, pues modificar el mecanismo de admisión representa apenas el primer eslabón de una cadena mucho más amplia.
La equidad educativa no se agota en permitir el acceso, más bien comienza cuando ese acceso conduce a oportunidades comparables de formación haciendo persistir diferencias importantes entre subsistemas, planteles y regiones del país en materia de infraestructura, equipamiento tecnológico, estabilidad de las plantas docentes, oferta académica, actividades extracurriculares, prestigio institucional e índices de tránsito hacia la educación superior; y tal situación contrasta con la realidad, toda vez que democratizar el ingreso no significa, por sí mismo, democratizar las oportunidades.
Conviene observar, además, la dimensión nacional del desafío colocando a México en contexto, pues administra uno de los sistemas educativos más extensos de América Latina: alrededor de 21.6 millones de estudiantes cursan educación básica, aproximadamente 5.5 millones estudian educación media superior y otros 5.6 millones se encuentran inscritos en educación superior de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública.
Gobernar un sistema de semejante magnitud exige políticas públicas capaces de sostener simultáneamente cobertura, calidad, permanencia escolar y pertinencia formativa, variables cuya complejidad supera ampliamente cualquier discusión sobre un procedimiento administrativo de asignación.
Experiencias internacionales muestran que los sistemas educativos con mejores resultados no descansan solo en mecanismos selectivos ni en políticas universales de acceso consideradas de manera aislada, lo cual se puede observar en países con altos desempeños educativos que han construido procesos de mejora continua mediante inversión sostenida, fortalecimiento docente, reducción de brechas territoriales, actualización curricular y evaluación permanente de resultados.
Bajo esos esquemas la premisa parece ser que la igualdad comienza mucho antes del examen y continúa mucho después del ingreso. Conviene evitar, por ello, una falsa dicotomía entre quienes defienden el antiguo examen y quienes celebran su desaparición como solución definitiva, ya que ninguna de ambas posiciones alcanza a explicar la dimensión real del problema, pues la discusión de fondo no consiste en decidir si un instrumento era mejor que otro; consiste en determinar si el sistema educativo mexicano será capaz de ofrecer condiciones equivalentes de aprendizaje para todos los jóvenes, independientemente del plantel que les sea asignado.
A unos días de que concluya el ciclo escolar y millones de estudiantes mexicanos inicien el receso de verano, conviene mirar más allá de la desaparición de un examen y preguntarnos por el horizonte que el país quiere construir para las nuevas generaciones.
Toda reforma educativa termina enfrentando la misma prueba: su capacidad para transformar trayectorias de vida y no sólo procedimientos administrativos. En ese sentido, el éxito del nuevo modelo no dependerá de haber sustituido un mecanismo de selección, sino de garantizar que el derecho de acceso se traduzca en una educación de calidad, capaz de ofrecer oportunidades equivalentes para todos. Sólo entonces podrá afirmarse que la transformación comenzó no en el proceso de admisión, sino en el corazón mismo del sistema educativo mexicano.
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