Por Miguel Ángel López Flores
Oaxaca se encuentra entre el pasado, el presente y la necesidad de impulsar el desarrollo en el sur de nuestro país.
Oaxaca volvió a colocarse en el centro del debate nacional a partir de la convergencia de tres factores particularmente sensibles para el sur del país: 1) el aumento sostenido del flujo migratorio por el corredor Chiapas–Istmo, 2) la creciente presión sobre albergues e instituciones de atención humanitaria y, 3) la preocupación por eventuales restricciones a las remesas provenientes de Estados Unidos, fuente de ingreso fundamental para cientos de miles de familias oaxaqueñas.
En medio de este escenario, el gobernador Salomón Jara ha insistido en que proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec pueden convertirse en una palanca de desarrollo capaz de modificar, al menos de forma parcial, las condiciones históricas que han empujado a millones de personas a migrar. Sin embargo, hablar hoy de Oaxaca exige una mirada más amplia y profunda que la coyuntura inmediata.
Oaxaca representa, quizá como ningún otro estado del país, una de las paradojas más severas del modelo de desarrollo mexicano: se trata de una entidad con una riqueza cultural extraordinaria, una de las mayores biodiversidades del continente, enorme potencial turístico y una ubicación geoestratégica cada vez más relevante para la reorganización logística y comercial del país.
Pero esa riqueza convive con niveles persistentes de pobreza, marginación rural, demora educativa, dispersión poblacional y rezago estructural que, durante décadas, no han logrado revertirse de manera sustantiva.
Conviene precisar un dato que suele simplificarse en el debate público y que tiene qué ver con cómo, con frecuencia, se afirma que Oaxaca técnicamente es el estado más pobre de México bajo el criterio de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ya que dicha afirmación no siempre es exacta.
Según las mediciones más recientes, Chiapas mantiene el porcentaje más alto de población en pobreza, con niveles cercanos al 67–68%, seguido por Guerrero con más del 60%, mientras Oaxaca se ubica de manera consistente entre 58 y 61% acompañado por entidades como Veracruz y Puebla. Es decir, Oaxaca no siempre ocupa el primer lugar, pero sí permanece de forma persistente entre los estados con mayores niveles de desigualdad, rezago y exclusión del país.
Este matiz importa porque permite comprender mejor la dimensión real del problema al observar que Oaxaca tiene más de 4.1 millones de habitantes y una población profundamente marcada por dinámicas migratorias históricas.
En ese contexto se estima que alrededor de 1.3 millones de oaxaqueños viven en Estados Unidos o mantienen vínculos migratorios directos, lo que ha convertido a las remesas en uno de los pilares silenciosos de la economía estatal y, tan sólo en 2025, Oaxaca recibió 3,433 millones de dólares en remesas, equivalentes a cerca de 68 mil millones de pesos. Para dimensionar la magnitud, basta recordar que México captó más de 61 mil millones de dólares en remesas durante ese mismo año, consolidándose entre los principales receptores a nivel mundial.
Detrás de estas cifras hay una realidad incómoda que no debe perderse de vista: las remesas sostienen economías familiares, alivian carencias inmediatas y permiten financiar alimentación, educación, vivienda o atención médica, pero por sí solas no resuelven la pobreza estructural y, aunque sí pueden reducir vulnerabilidades domésticas, no sustituyen la necesidad de empleo formal, productividad regional, infraestructura social y desarrollo económico sostenido. En otras palabras, las remesas amortiguan el rezago, pero no corrigen las causas profundas que lo generan.
Precisamente ahí aparece una de las contradicciones más duras del sur mexicano toda vez que Oaxaca continúa expulsando población por razones estructurales: pobreza rural, falta de oportunidades, desigualdad histórica y escasa capacidad para generar empleo formal suficiente; pero al mismo tiempo, el propio estado se ha convertido en un corredor central de movilidad humana internacional.
Miles de personas provenientes de Haití, Venezuela, Honduras y Cuba, entre otros países, atraviesan por la República Mexicana en ruta hacia el norte, lo que ha comenzado a tensionar albergues, servicios de salud, capacidades humanitarias y mecanismos institucionales de respuesta haciendo de la paradoja algo evidente.
Oaxaca vive, de manera simultánea, en ambos lados del fenómeno migratorio: expulsa población y recibe migrantes en tránsito; padece carencias estructurales y al mismo tiempo despliega capacidades de contención humanitaria; depende económicamente de su diáspora y, a la vez, enfrenta las presiones sociales de la movilidad internacional. Es por ello que el debate sobre Oaxaca rebasa cualquier lectura localista, lo que obliga a observar también el papel de la actual administración estatal.
El gobernador Salomón Jara ha apostado por una narrativa centrada en el desarrollo del sur-sureste y en la posibilidad de que proyectos como el Corredor Interoceánico reconfiguren la economía regional y, dicha apuesta, en principio, es estratégica y no carece de lógica porque El Istmo de Tehuantepec posee ventajas geográficas excepcionales: conecta el Pacífico con el Golfo de México en uno de los puntos más estrechos del territorio nacional.
Además, la modernización ferroviaria, el fortalecimiento de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, el desarrollo de polos industriales y el actual contexto de nearshoring podrían convertirlo en una plataforma logística, energética e industrial de alta relevancia para atraer inversión, fortalecer cadenas productivas y generar empleo formal en una región históricamente relegada.
Pero también conviene evitar triunfalismos prematuros: los megaproyectos, por sí mismos, no garantizan transformación estructural. Sí pueden detonar crecimiento, pero crecimiento no es automáticamente desarrollo.
Entonces, el verdadero desafío consiste en asegurar que esa inversión logre traducirse en bienestar social tangible, reducción de desigualdades territoriales, fortalecimiento institucional y oportunidades reales para las comunidades que históricamente han permanecido al margen y ese es, con precisión, el reto de fondo, porque el problema de Oaxaca no comenzó con esta administración, ni se resolverá en un solo sexenio, se trata de una deuda histórica del Estado mexicano con su propio sur.
Durante décadas, el desarrollo nacional pareció diseñarse con una lógica territorial profundamente desigual: el norte industrial, el Bajío manufacturero y el centro financiero avanzaron con ritmos acelerados, mientras buena parte del sur quedó atrapada entre abandono estructural, rezago institucional y migración forzada.
Por ello, hablar hoy de Oaxaca es hablar también de México, de las consecuencias de un modelo de desarrollo que durante demasiado tiempo trató al sur como periferia económica, reservorio cultural o proveedor de mano de obra migrante sin generar condiciones equivalentes de transformación estructural.
Oaxaca nos recuerda una verdad que el país no puede seguir posponiendo, una idea que Mario Benedetti convirtió en consigna para América Latina y que hoy adquiere especial sentido en un estado cuyo nombre náhuatl, Huāxyacac —“en la punta de los huajes”—, evoca la riqueza natural de su territorio: el sur también existe. Y mientras esa existencia siga expresándose en pobreza persistente, migración obligada y desigualdad estructural, México seguirá teniendo una deuda pendiente consigo mismo.
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