Por Luz Elena Pereyra Rodríguez
El debate sobre el Mundial 2026 en el entorno digital ha alcanzado niveles de violencia y polarización que debilitan el intercambio democrático.
El ajolote nunca fue realmente el problema. Detrás de las burlas, campañas digitales, insultos y confrontaciones surgidas durante los últimos días alrededor de los símbolos identitarios impulsados por el gobierno de la Ciudad de México, comienza a configurarse un fenómeno político mucho más profundo: la radicalización progresiva de la disputa pública mexicana en el contexto del Mundial 2026 y de los procesos electorales que ya comienzan a perfilarse hacia el futuro inmediato.
Durante semanas recientes, la administración encabezada por Clara Brugada se convirtió en blanco permanente de críticas, memes, campañas de ridiculización y confrontación digital relacionadas con decisiones de imagen urbana, identidad visual y símbolos culturales impulsados desde el gobierno capitalino, particularmente alrededor del uso del ajolote mexicano y los colores institucionales asociados a la ciudad.
Naturalmente, dentro de cualquier democracia resulta legítimo debatir políticas públicas, prioridades presupuestales, intervenciones urbanas o estrategias de comunicación gubernamental; de hecho, diversos urbanistas, organizaciones vecinales y sectores ciudadanos han planteado cuestionamientos válidos respecto a costos, transparencia, distribución territorial de beneficios e impacto urbano de algunas obras vinculadas al Mundial.
Datos del propio gobierno capitalino muestran que el Paquete Económico 2026 contempla inversiones superiores a 57 mil millones de pesos en infraestructura urbana, de los cuales alrededor de 7 mil 500 millones estarían relacionados con proyectos de movilidad y servicios asociados al evento mundialista.
Organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México estiman además que el Mundial 2026 podría generar una derrama económica superior a 26 mil millones de pesos en sectores turísticos, hoteleros, comerciales y de entretenimiento, aunque especialistas advierten que dichas proyecciones continúan sujetas a variables de seguridad, movilidad, capacidad operativa y estabilidad urbana.
Sin embargo, el debate público comenzó rápidamente a desplazarse hacia otro terreno y, lejos de limitarse a diferencias legítimas sobre política urbana o administración pública, buena parte de la conversación digital derivó en campañas de ridiculización simbólica, insultos, descalificaciones personales y narrativas de confrontación que distintos especialistas en comunicación política identifican como características de procesos contemporáneos de polarización digital y desgaste institucional.
Dentro de los estudios recientes sobre comunicación política, guerra híbrida y desestabilización institucional, diversos autores latinoamericanos comenzaron a utilizar categorías como “golpe blando”, “golpe suave” o “lawfare” para analizar nuevas formas de confrontación política que ya no dependen necesariamente de rupturas militares tradicionales, sino de estrategias sostenidas de presión mediática, judicialización, radicalización discursiva, erosión progresiva de legitimidad pública y construcción permanente de percepciones de crisis o ingobernabilidad.
Autores como Juan Carlos Monedero, Boaventura de Sousa Santos, Atilio Boron y centros de análisis geopolítico latinoamericano han discutido ampliamente cómo las disputas contemporáneas por el poder se trasladaron progresivamente hacia terrenos simbólicos, digitales, judiciales y mediáticos, particularmente en contextos de alta polarización política y confrontación ideológica.
A diferencia de los golpes de Estado tradicionales del siglo XX, estas dinámicas contemporáneas suelen operar mediante secuencias graduales de desgaste público: amplificación de conflictos sociales, construcción de narrativas de incompetencia gubernamental, radicalización mediática, confrontación permanente y erosión emocional de la confianza institucional.
México no permanece ajeno a ese escenario, pues la proximidad del Mundial 2026 convirtió a la Ciudad de México en un espacio particularmente sensible dentro de la disputa narrativa nacional. Además de representar uno de los principales escaparates internacionales del país durante los próximos años, la capital concentra también el principal bastión político del proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum y Clara Brugada.
Bajo ese contexto, cualquier conflicto urbano, protesta social, error gubernamental o confrontación digital adquiere una capacidad de amplificación política mucho mayor; por ello, no pasa desapercibido que diversas movilizaciones anunciadas durante las últimas semanas reflejen justamente ese clima de tensión creciente.
La CNTE confirmó un paro nacional indefinido y nuevas movilizaciones a partir de este 25 de mayo y del 1 de junio, incluyendo marchas, plantones y posibles bloqueos en la Ciudad de México, en protesta por demandas laborales, jubilaciones y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Dirigentes magisteriales advirtieron incluso que aprovecharán la visibilidad internacional del Mundial 2026 para presionar al gobierno federal y no descartaron movilizaciones en inmediaciones de estadios o durante actos relacionados con la inauguración del torneo.
De igual manera, organizaciones de transportistas, productores agrícolas, colectivos de familiares de personas desaparecidas y agrupaciones sociales anunciaron posibles bloqueos carreteros, protestas urbanas y movilizaciones en distintos puntos de la capital y de las sedes mundialistas si no existen avances en materia de seguridad, apoyos económicos, desapariciones y condiciones laborales. Algunas de estas organizaciones señalaron abiertamente que buscarán aprovechar la atención internacional generada por el torneo para visibilizar sus demandas.
En paralelo, comenzaron a ganar presencia pública colectivos y expresiones digitales como “Mexicanos contra el narco”, grupo vinculado, por el nombre que ha impulsado acciones mediáticas, posicionamientos en redes sociales y exigencias dirigidas a autoridades electorales para investigar presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras del crimen organizado. La narrativa del colectivo se centra en denunciar lo que consideran procesos de infiltración criminal dentro de las instituciones y exigir investigaciones contra funcionarios públicos y gobiernos locales.
Aunque estas organizaciones han logrado colocar el tema dentro de la conversación pública mediante campañas digitales y manifestaciones visibles, hasta el momento no existen elementos públicos concluyentes que permitan acreditar vínculos orgánicos directos con partidos políticos, organizaciones empresariales o actores específicos de oposición, pese a que distintos usuarios y espacios digitales han intentado establecer esas asociaciones.
Conviene subrayarlo con claridad: las demandas de estos sectores no pueden reducirse automáticamente a estrategias de desestabilización política, porque tanto organizaciones magisteriales como transportistas arrastran conflictos históricos reales relacionados con condiciones laborales, seguridad, inflación, jubilaciones y políticas públicas acumuladas desde hace décadas.
No obstante, resulta imprescindible señalar que especialistas en comunicación política advierten que, en escenarios de alta polarización, conflictos sociales legítimos pueden ser amplificados o utilizados dentro de dinámicas más extensas de disputa narrativa, particularmente cuando coinciden con coyunturas de enorme exposición mediática internacional. Algo similar comenzó a observarse alrededor del Mundial.
Actores políticos opositores, espacios mediáticos y ecosistemas digitales altamente polarizados comenzaron a utilizar de manera creciente conceptos como caos, crisis, incapacidad gubernamental o deterioro urbano para construir percepciones negativas alrededor de la capital del país y del gobierno federal.
Basta con observar aquí la aparición reciente de colectivos digitales como “Mexicanos contra el narco”, que también refleja cómo nuevos actores del activismo político comienzan a disputar espacio dentro de la conversación pública nacional mediante campañas digitales, presión mediática y narrativas asociadas con “narcogobierno” o “gobernanza criminal”.
El colectivo ha ganado notoriedad particularmente a través de redes sociales y coberturas difundidas por espacios informativos como Azteca Noticias, desde donde se han visibilizado acciones, posicionamientos y exigencias dirigidas a autoridades electorales para investigar presuntos vínculos entre partidos políticos y estructuras del crimen organizado.
Aunque hasta el momento no existen elementos públicos concluyentes que permitan acreditar vínculos orgánicos formales entre estos colectivos y actores empresariales, partidistas o mediáticos específicos, tomando como eje la comunicación política, comienza a observarse una creciente convergencia de narrativas, activismos digitales y ecosistemas mediáticos que termina amplificando percepciones de crisis, polarización y desgaste institucional alrededor del gobierno federal y de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.
Más que una estructura única o una coordinación centralizada comprobada, lo que comienza a perfilarse es un entorno de disputa narrativa donde medios, plataformas digitales, actores políticos, colectivos ciudadanos y espacios de opinión confluyen —muchas veces desde intereses distintos— en la construcción de climas permanentes de confrontación pública.
Parte importante de esa confrontación terminó concentrándose sobre Clara Brugada, pues no sólo se cuestionaron políticas públicas, prioridades presupuestales o estrategias urbanas, sino que las campañas digitales comenzaron también a incorporar burlas relacionadas con símbolos culturales, estética visual, identidad política y elementos asociados a la figura personal de la jefa de gobierno, donde aparece un elemento especialmente delicado.
Distintos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará han advertido que la crítica política legítima deja de pertenecer exclusivamente al terreno democrático cuando deriva en violencia simbólica, misoginia digital, deshumanización, ridiculización sistemática o ataques orientados a erosionar la legitimidad pública de las mujeres en el ejercicio del poder.
Datos de ONU Mujeres muestran que la violencia política digital contra mujeres ha crecido significativamente durante los últimos años en América Latina, particularmente mediante campañas de odio, ataques coordinados en redes sociales, sexualización, ridiculización estética y agresiones orientadas a inhibir liderazgo político femenino.
Bajo esa lógica, el debate ya no gira únicamente alrededor de colores, ajolotes o imagen urbana; lo que comienza a disputarse es algo mucho más profundo: la percepción pública del país, la legitimidad simbólica de determinados proyectos políticos y el control narrativo de la conversación pública rumbo al siguiente ciclo electoral nacional, pues resulta innegable que antes de disputarse el poder en las urnas, primero suele disputarse la percepción colectiva de la realidad.
Quizá ahí se encuentre uno de los riesgos más delicados del actual escenario político mexicano, no necesariamente en la existencia de críticas legítimas, protestas sociales o confrontaciones democráticas —todas ellas inevitables dentro de cualquier sociedad plural—, sino en la creciente normalización del odio digital, la ridiculización política, la polarización emocional y la degradación progresiva del debate público como herramientas permanentes de confrontación.
Distintos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como disposiciones contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reconocen que campañas digitales, expresiones discriminatorias, ataques sistemáticos o dinámicas de ridiculización dirigidas contra mujeres en el ejercicio del poder podrían eventualmente configurar supuestos de violencia política en razón de género, particularmente cuando buscan erosionar legitimidad pública, inhibir funciones institucionales o deshumanizar políticamente a quienes ocupan cargos de representación.
De acuerdo con resoluciones recientes del propio Tribunal Electoral y con criterios impulsados por ONU Mujeres y la Convención de Belém do Pará, la violencia política contemporánea no necesariamente opera sólo mediante agresiones físicas o amenazas directas, sino también a través de mecanismos simbólicos, digitales y discursivos orientados a desacreditar, humillar o debilitar de manera pública la participación política de las mujeres.
Desde luego, dentro de una democracia constitucional la crítica política, la sátira pública e incluso la confrontación discursiva forman parte de la libertad de expresión y del debate democrático; no obstante, especialistas en derecho electoral y violencia digital advierten que el escenario cambia cuando determinadas campañas dejan de constituir opiniones aisladas y comienzan a transformarse en dinámicas sistemáticas de hostigamiento, discriminación, violencia simbólica o incitación al odio dirigidas específicamente contra mujeres en el ejercicio del poder.
Bajo ese supuesto, si de manera eventual llegaran a acreditarse mecanismos coordinados, financiamiento, campañas organizadas o participación sistemática de actores políticos cuyo propósito sea desacreditar mediante violencia digital, misoginia o deshumanización a determinadas figuras públicas, podrían actualizarse hipótesis jurídicas vinculadas con violencia política en razón de género, discriminación, violencia mediática o incluso responsabilidades electorales y administrativas contempladas dentro de la legislación mexicana.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, diversos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resoluciones de la Suprema Corte han establecido que la violencia política contemporánea puede manifestarse también mediante expresiones digitales orientadas a limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a través de ataques sistemáticos, campañas de odio, humillación pública o ridiculización basada en estereotipos de género.
En escenarios de esa naturaleza, las autoridades electorales, tribunales especializados, fiscalías o institutos de derechos humanos podrían eventualmente iniciar investigaciones para determinar si determinadas conductas permanecen dentro del terreno protegido por la libertad de expresión o si cruzan hacia formas de violencia política sancionables conforme al marco constitucional y electoral mexicano.
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