Por Luz Elena Pereyra Rodríguez
El anuncio de las autoridades de Washington sobre su accionar contra los cárteles tuvo un peso sustantivo en los medios mexicanos. Un reflejo de la capacidad norteamericana de impulsar su visión estratégica.
Pocas veces una noticia logra instalarse con tanta fuerza y de manera tan homogénea en las primeras planas de los periódicos mexicanos como ocurrió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre el endurecimiento de su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La decisión ocupó, casi al unísono, los principales encabezados de la prensa nacional e internacional bajo construcciones muy similares: “Va EU contra el Cártel Jalisco”, “Aprieta EU al Cártel Jalisco”, “Intensifican EU y España ofensiva contra el CJNG” o “EU eleva recompensas por líderes del Cártel Jalisco”. La coincidencia resulta significativa no sólo por la semejanza de los titulares, sino porque una decisión anunciada desde Washington terminó por convertirse en el eje de la conversación pública de buena parte de los medios de México y del mundo marcando agenda.
El hecho noticioso posee, por sí mismo, enorme relevancia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cinco acusaciones federales contra integrantes de la estructura de mando del CJNG; el Departamento de Estado elevó a 100 millones de dólares el monto acumulado de las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de ocho de sus principales dirigentes.
El anuncio fue encabezado por el fiscal general interino, Todd Blanche, acompañado por el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel; el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, y representantes del Departamento de Estado.
De manera paralela, Washington informó sobre operaciones coordinadas con autoridades españolas contra una célula de esa organización criminal, amplió restricciones migratorias y suspendió de manera temporal las inspecciones fitosanitarias para la exportación de aguacate michoacano, argumentando riesgos para la seguridad de su personal.
Nada de ello constituye un asunto menor, en particular porque el CJNG es una de las organizaciones criminales transnacionales con mayor capacidad operativa del continente y las decisiones anunciadas por Washington tienen implicaciones directas para la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio y combate al narcotráfico.
Al mismo tiempo, las portadas permiten observar otro fenómeno de mayor alcance: la capacidad que conserva Estados Unidos para colocar sus prioridades de seguridad en el centro de la conversación pública internacional.
Obviamente, las primeras planas no sólo registran una noticia, documentan un proceso político de larga duración que refiere también la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, la cual ha estado históricamente acompañada por un “principio de seguridad” que, en distintos momentos, ha justificado formas diversas de intervención política, económica, diplomática e incluso militar para proteger aquello que Washington considera intereses estratégicos.
México no ha permanecido al margen de esa lógica. Para el gobierno mexicano es claro que la ofensiva anunciada contra el CJNG se inserta en un contexto donde el combate al crimen organizado, el tráfico de fentanilo, la seguridad fronteriza y la protección del territorio estadounidense convergen en una narrativa que amplía el margen de actuación de Washington sobre asuntos que el Estado mexicano considera parte de su jurisdicción soberana.
En ese escenario, la amplia difusión alcanzada por el anuncio no sólo refleja la importancia del hecho, evidencia asimismo la capacidad de Estados Unidos para proyectar internacionalmente sus prioridades estratégicas y convertirlas en el centro de la conversación pública.
La historia demuestra que la política exterior estadounidense ha recurrido, en distintos momentos, a narrativas de seguridad para justificar una presencia más activa en regiones consideradas de interés estratégico.
Dicho en otras palabras, la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría, el combate al terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, ahora, la confrontación contra las organizaciones criminales transnacionales responden a contextos históricos distintos, pero comparten un elemento común: la ampliación del margen de actuación internacional de Estados Unidos en nombre de su seguridad nacional. La ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación debe leerse también desde esa perspectiva.
Ahora bien, la cobertura de esta jornada no demuestra, por sí misma, la existencia de una coordinación editorial, pero sí evidencia el enorme poder de irradiación que conserva Estados Unidos cuando articula una estrategia institucional de comunicación sobre un asunto considerado prioritario para sus intereses.
Respecto a la ofensiva anunciada, tampoco puede entenderse como un episodio aislado, pues es bien sabido que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política estadounidense hacia México ha incorporado de manera sistemática conceptos como terrorismo, organizaciones criminales transnacionales, fentanilo, seguridad fronteriza, migración, revisión comercial y protección del territorio estadounidense.
En esa ruta, comunicados del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado y de la DEA, junto con declaraciones del propio presidente y de altos funcionarios de su administración, muestran una narrativa consistente: el crimen organizado mexicano dejó de presentarse únicamente como un problema de seguridad pública para convertirse en un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo ese marco se articulan decisiones judiciales, financieras, diplomáticas, comerciales y migratorias que, observadas en conjunto, configuran una política de presión cada vez más amplia.
Ese contexto permite comprender mejor la posición sostenida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el inicio de su administración, quien, durante diversas conferencias de prensa, particularmente las realizadas en julio de este año, ha reiterado cuatro principios que, afirmó, deben regir la relación bilateral: 1) respeto a la soberanía y a la integridad territorial; 2) responsabilidad compartida y diferenciada; 3) respeto y confianza mutua; y 4) cooperación sin subordinación.
La respuesta del gobierno mexicano no desconoce la gravedad del crimen organizado ni la necesidad de la cooperación internacional; sostiene, en cambio, que el combate a esas organizaciones no puede justificar actos de injerencia ni modificar el principio constitucional de que corresponde exclusivamente al Estado mexicano ejercer autoridad sobre su territorio y conducir su política de seguridad.
Por ello, la discusión trasciende ampliamente al CJNG, su capacidad criminal está documentada tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses y representa un desafío real para ambos países. Otra cuestión consiste en determinar hasta dónde puede extenderse la cooperación bilateral sin alterar el equilibrio entre colaboración y soberanía; este no es un debate nuevo, la Iniciativa Mérida, sustituida en 2021 por el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, ya abrió una discusión sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad. Hoy esa discusión reaparece bajo un lenguaje más severo, donde convergen terrorismo, fentanilo, crimen organizado y seguridad nacional.
Conviene observar que la ofensiva anunciada esta semana no se limita al ámbito judicial, toda vez que recompensas millonarias, restricciones migratorias, acciones coordinadas con otros países, medidas comerciales y una estrategia de comunicación desplegada de manera simultánea conforman un mensaje político de amplio alcance. Más allá de sus efectos inmediatos sobre el combate al crimen organizado, el conjunto proyecta la imagen de un Estado que utiliza de manera coordinada distintos instrumentos de poder para atender aquello que considera una prioridad estratégica.
Entonces, las primeras planas terminan reflejando mucho más que una coincidencia periodística, más bien revelan el lugar que México ocupa actualmente dentro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos y la forma en que esa prioridad logra proyectarse sobre la agenda informativa internacional.
Bajo ese esquema, la ofensiva contra el CJNG forma parte de una política que articula instrumentos diplomáticos, judiciales, financieros, comerciales y de comunicación alrededor de un mismo objetivo estratégico; por lo tanto, no resulta ajena a la historia de la relación entre Washington y América Latina, donde los argumentos de seguridad han acompañado, en distintos momentos, políticas de intervención e influencia sobre países considerados de interés geopolítico.
Así, la defensa de la soberanía planteada de manera reiterada por el gobierno mexicano adquiere, desde esa perspectiva, una dimensión que trasciende la coyuntura y se inscribe en uno de los debates históricos de la relación bilateral.
Concentrar de forma simultánea recursos diplomáticos, judiciales, financieros, comerciales y comunicacionales alrededor de un mismo objetivo revela que la ofensiva contra el CJNG trasciende el ámbito de la seguridad pública, por lo que es de concluir que detrás del hecho noticioso se perfila un proceso político donde convergen intereses estratégicos que inciden sobre una relación bilateral ubicada hoy entre las más complejas de las últimas décadas.
Sin duda la ofensiva contra el CJNG constituye un acontecimiento de enorme relevancia para la seguridad regional, pero el alcance de la jornada informativa de este día rebasa la persecución de una organización criminal cuando las primeras planas documentaron el momento en que México volvió a ocupar un lugar central dentro de la narrativa estratégica de Estados Unidos, donde convergen seguridad, comercio, migración, crimen organizado y soberanía. En ese escenario, adquiere pleno sentido la insistencia del gobierno mexicano en defender la cooperación bilateral sin renunciar al ejercicio de su soberanía.
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