Editorial LEEA
La respuesta ante las exigencias de la CNTE se han dado en un marco institucional y de disposición al diálogo.
A la espera de la reunión programada para este lunes 15 de julio entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum llega a la nueva mesa de negociación con una postura clara: se han presentado propuestas concretas, se han atendido demandas históricas del magisterio y existen avances sustantivos. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible alcanzar un acuerdo definitivo.
Tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, han sostenido que el diálogo permanece abierto, aunque también han cuestionado la falta de apertura de sectores de la dirigencia magisterial para procesar las propuestas gubernamentales, particularmente en materia de pensiones y jubilaciones.
Desde la postura oficial, la negociación no parte de cero y precisa que, entre los avances que el Gobierno considera relevantes destaca el reciente incremento salarial del 9% retroactivo a enero, con un 1% adicional programado para septiembre, lo que representa un ajuste anual de 10% para alrededor de 1.2 millones de docentes.
De acuerdo con datos de la SEP, el salario promedio docente pasó de niveles cercanos a 10 mil pesos mensuales en 2018 a más de 20 mil pesos en 2026, reflejando un incremento acumulado cercano al 100% en términos nominales, en concreto para los niveles salariales más bajos; a lo que se suman la reinstalación de docentes cesados tras la reforma educativa de 2013 y otras medidas orientadas a fortalecer los derechos laborales del sector.
Otro de los puntos que el Gobierno presenta como una concesión política de alto calado es la apertura formal para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las demandas más reiteradas por amplios sectores docentes; dicha propuesta contempla no sólo eliminar este mecanismo —ampliamente criticado por su burocratización y por limitar derechos escalafonarios—, sino construir un nuevo modelo mediante consulta directa con maestras y maestros, escuela por escuela; lo que políticamente significa abrir la puerta a una redefinición profunda de la relación entre el Estado y el magisterio.
Si lo resumido aquí no son avances reales, entonces la pregunta inevitable es ¿por qué no hay acuerdo? La respuesta está en el verdadero núcleo del conflicto: las pensiones.
El principal punto de desacuerdo continúa siendo la exigencia de la CNTE de abrogar por completo la Ley del ISSSTE de 2007 y restablecer un sistema solidario de pensiones. Sobre este tema, el Gobierno ha sido enfático. Existe disposición para fortalecer PensionISSSTE, crear una aseguradora pública y mejorar progresivamente las condiciones de retiro, pero una derogación inmediata implicaría desafíos fiscales y presupuestales de enorme magnitud.
Las estimaciones actuariales permiten dimensionar el problema de una manera más asertiva. Regresar plenamente al esquema previo a 2007 podría generar pasivos adicionales de entre 1.5 y 3 billones de pesos en las próximas décadas, por lo que para entender su magnitud, hablamos de montos equivalentes a varios años completos del presupuesto federal en educación o a varias veces el presupuesto anual del sector salud, a lo que se sumarían mayores presiones derivadas de una jubilación más temprana y del eventual regreso al cálculo pensionario basado en salario mínimo en lugar de UMA.
Ese dato cambia por completo la discusión, porque obliga a reconocer una realidad incómoda para ambas partes. La demanda de la CNTE puede ser legítima histórica y políticamente, pero su implementación inmediata puede comprometer seriamente las finanzas públicas.
Por eso, quizá la pregunta ya no sea quién tiene toda la razón, sino si ¿existe una ruta intermedia capaz de reconciliar justicia laboral y sostenibilidad financiera?
La propia CNTE informó el jueves que llevaría las propuestas gubernamentales a consulta con sus bases antes de emitir una respuesta definitiva, pero hasta el cierre de esta edición se desconoce si hay un posicionamiento nacional concluyente sobre esa deliberación.
En ese contexto, la reunión del lunes podría resultar decisiva para medir si existe margen real de acuerdo o si el conflicto entra en una nueva etapa de tensión. La postura del Gobierno, resumida por sus negociadores, es evidente: la mesa sigue abierta, las propuestas están sobre la mesa y ahora también corresponde a la Coordinadora definir si existe voluntad política para avanzar hacia consensos en uno de los temas más complejos del conflicto magisterial.
Entender esta negociación exige mirar el contexto más amplio que, como ya hemos analizado en este espacio, explica por qué hoy los ojos del país y del mundo están puestos sobre México; porque ya no se trata únicamente del conflicto entre el Gobierno y la CNTE, sino del momento histórico que atraviesa la nación.
La consolidación de una nueva etapa de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la primera mujer en la Presidencia, la discusión sobre soberanía nacional, el reposicionamiento geopolítico de México y la antesala del proceso electoral de 2027.
En ese contexto, cualquier conflicto social adquiere una dimensión mayor y se convierte en un termómetro político y, en ese marco, lo ocurrido el jueves resulta revelador. Pese a la falta de acuerdos en la mesa de negociación y a los escenarios de crisis, boicot y violencia anticipados por diversos sectores, la inauguración del Mundial se llevó a cabo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó los actos oficiales, la movilización de la CNTE no rebasó los límites establecidos por el operativo de seguridad y el saldo final fue blanco, lo que demostró que el Estado mantuvo control institucional y territorial en uno de los momentos de mayor exposición internacional.
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
