Por Óscar Manríquez Palacios
A lo largo de la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), solo cinco mujeres han ocupado alguna de las magistraturas de su Sala Superior. Diez años tuvieron que pasar desde la reforma que ordenó la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, para que México tuviera a su primera magistrada electoral federal.
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, originaria de Jalisco, fue designada en 1996 como la primera magistrada electoral, entre aquella también primera generación de juristas que conformaron el Pleno del recién creado TEPJF, y cuya intervención fue clave para la resolución de la polémica elección presidencial de 2006, de la que resultó electo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con apenas el 0.56% de votos respecto a los obtenidos por Andrés Manuel López Obrador.
Fue en el 2007 cuando se trazó la ruta que habrían de seguir las magistradas electorales que continuaron la senda comenzada por la célebre jalisciense: la promoción y defensa de los derechos político-electorales de las ciudadanas mexicanas. Dicha labor estuvo en manos de la primera Magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, quien, durante su gestión, sentó las bases de la actual Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del TEPJF, al haber creado en 2009 a su primer antecedente: la Dirección de Equidad y Género, como el área encargada de desarrollar proyectos tendentes a institucionalizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al interior de la institución.
Hacia el año 2016, la designación de la tercera generación de magistraturas del TEPJF representó la consolidación del empoderamiento jurisdiccional femenino, luego de que, por primera vez en su historia, dos brillantes juristas arribaron a su Sala Superior: Janine Madeline Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso, cuyo trabajo ha fortalecido y ampliado el espectro de protección de los derechos político-electorales, no solo de las mujeres, sino de otros grupos históricamente ignorados y vulnerados.
La magistrada Janine Madeline Otálora Malassis es la segunda abogada que ha presidido al TEPJF, siendo recordada su gestión, entre otras cuestiones, por haber impulsado la creación de la Defensoría Pública Electoral, como el órgano encargado de prestar los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica electoral a personas indígenas, inmigrantes, afro-mexicanas, con discapacidad, adultas mayores, de la diversidad sexual y de género; en prisión preventiva, e incluso a niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, el trabajo de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, actual y tercera presidenta del TEPJF, se ha caracterizado por combatir la violencia política en razón de género que sufren las mujeres. Esto puede apreciarse principalmente en dos vertientes: la primera, a través de sus sentencias y criterios de interpretación legales y constitucionales, que han llevado a considerar a la comisión de ese tipo de violencia como una causal de nulidad de las elecciones; y en segundo lugar, mediante el diseño y la creación de la Defensoría Pública Electoral para Mujeres, como el órgano encargado de prestar los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica electoral a quienes han sufrido violencia política en razón de género.
El 2024 fue un año particular para la integración de la Sala Superior del TEPJF, luego de que la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, fuera convocada por la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, para integrarse temporalmente al Pleno de la Sala Superior, con la finalidad de reunir el quórum de seis magistraturas requerido por la Ley para realizar la declaración de validez y de presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, luego de que desde el 2023 dicho Pleno ha sesionado con solo cinco de las siete magistraturas que deben de integrarlo.
En ese contexto, y en un caso sui generis, Claudia Valle Aguilasocho ocupará el próximo 1° de septiembre, por segunda ocasión, un lugar en la Sala Superior del TEPJF, luego de haber resultado electa para dicho cargo tras las elecciones judiciales del pasado 1° de junio.
Al respecto, estoy convencido de que su arribo a esa máxima instancia se traducirá en el fortalecimiento del legado de sus antecesoras, así como del trabajo de sus próximas compañeras de Pleno, pues, si algo ha caracterizado su trayectoria jurisdiccional, es la sensibilidad y el humanismo con los que ha promovido y defendido los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, de las personas indígenas o con discapacidad, y en general, de cualquiera otra en situación de vulnerabilidad.
¡Enhorabuena por ella y desde luego, por el Tribunal!
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