Por Ricardo Ramírez
Por presunto desvío de 270 mdp, la Fiscalía del estado prepara la presentación de 32 personas asociadas con la administración de “Alito” Moreno como gobernador.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) prepara la presentación ante jueces de Control de 32 exfuncionarios vinculados con la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, quien gobernó el estado entre 2015 y 2019, por presuntos desvíos de recursos públicos superiores a 270 millones de pesos.
Las investigaciones apuntan a un esquema que habría utilizado Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras, para canalizar recursos desde al menos 12 secretarías y dependencias estatales. Las comparecencias comenzarán durante agosto.
De acuerdo con la investigación de la Feccecam, entre las dependencias donde se localizaron operaciones bajo indagatoria se encuentran Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo y Educación, además de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Comunicación Social. Las empresas utilizadas en el presunto esquema tendrían domicilios fiscales principalmente en Campeche y Ciudad de México. Las carpetas de investigación fueron integradas a partir de denuncias de organismos fiscalizadores estatales y contemplan principalmente el delito de peculado.
El caso se suma a otras investigaciones que han alcanzado a excolaboradores de Moreno y que de acuerdo con información difundida sobre los expedientes, 17 personas que trabajaron en aquella administración ya habían sido detenidas y vinculadas a proceso por presunto peculado; 16 enfrentan sus procesos en libertad y una permanece en prisión. Los nuevos procedimientos amplían las indagatorias hacia exsecretarios y exdirectores de distintas dependencias.
Adicionalmente se registra que la investigación también tiene un antecedente en una denuncia presentada en 2021 ante el Servicio de Administración Tributaria, relacionada con operaciones del gobierno de Campeche con empresas que aparecían como emisoras de comprobantes por operaciones inexistentes.
Aquella denuncia involucró 31 empresas y una persona física y documentó operaciones por 59.9 millones de pesos entre 2017 y 2019. Ese expediente y las investigaciones que ahora involucran más de 270 millones deben distinguirse: corresponden a indagatorias relacionadas con el mismo periodo gubernamental, pero no son necesariamente el mismo monto ni el mismo expediente penal.
Para Alejandro Moreno, actualmente senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, las nuevas investigaciones se incorporan a un escenario judicial más amplio relacionado con su administración en Campeche.
La Feccecam investiga a los exfuncionarios y serán los jueces quienes determinen su situación jurídica a partir de las imputaciones que presente la Fiscalía. El avance de los procesos permitirá establecer si los recursos fueron efectivamente desviados, qué participación tuvo cada funcionario y qué empresas intervinieron en las operaciones señaladas.
Lo cierto es que el caso es de gran magnitud si se considera el número de funcionarios involucrados, el monto investigado y la amplitud de las dependencias alcanzadas. Más que una nueva acusación política contra la administración de Moreno, el expediente comienza ahora una etapa judicial en la que deberán acreditarse, caso por caso, las operaciones, los recursos involucrados y las responsabilidades individuales.
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