De la redacción
Dos grupos criminales de México han sido incluidos en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos.
Este miércoles 15 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó al Cártel de Juárez y a Los Viagras a las categorías de Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (Specially Designated Global Terrorist, SDGT), con lo que amplía el régimen de sanciones financieras y legales aplicado a organizaciones criminales mexicanas.
La medida forma parte, según funcionarios norteamericanos, de una política iniciada por Washington en 2025 para incorporar a diversos cárteles al esquema jurídico antiterrorista, estrategia que busca fortalecer las herramientas para combatir sus estructuras financieras y sus operaciones transnacionales.
La actualización modifica el estatus que ambas organizaciones mantenían dentro del sistema de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designación a partir de la cual todos los bienes y activos sujetos a jurisdicción estadounidense permanecen bloqueados bajo el régimen antiterrorista.
Además, ciudadanos, empresas e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con estas organizaciones o con entidades que se encuentren bajo su control. Resulta por demás notorio que la clasificación también amplía las herramientas de investigación y persecución financiera disponibles para las autoridades estadounidenses.
Es de destacar que la decisión no constituye un hecho aislado, ya que desde febrero de 2025 Washington incorporó a otros cárteles mexicanos al mismo régimen de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Entre ellos están los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. La inclusión del Cártel de Juárez y Los Viagras representa, por tanto, una ampliación de una estrategia que el gobierno estadounidense ha sostenido durante los últimos dieciocho meses.
Por otro lado, es de señalar que el anuncio ocurre en un momento muy sensible para la relación bilateral, tomando en cuenta que, en las últimas semanas el gobierno de México formalizó denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales registrada bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque no existe evidencia pública que permita establecer una relación entre ambos acontecimientos, la coincidencia temporal coloca la nueva designación dentro de un contexto de alta sensibilidad política y jurídica entre ambos gobiernos.
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