Por Ricardo Ramírez Posadas
Este viernes 12 de junio se instaló el Grupo Bilateral de Implementación (GBI) entre México y Estados Unidos.
Las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad rara vez admiten lecturas simples. No se mueven únicamente entre cooperación y confrontación, ni responden a una lógica lineal donde un país presiona y el otro cede. Por el contrario, suelen desarrollarse en una zona compleja donde convergen intereses estratégicos compartidos, asimetrías estructurales de poder, tensiones diplomáticas y disputas narrativas que influyen tanto como las decisiones operativas.
Bajo esa lógica debe leerse la instalación del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), celebrada el pasado 12 de junio, porque a primera vista podría parecer una reunión más dentro del largo historial de mecanismos de coordinación bilateral en seguridad; pero la coyuntura en la que surge obliga a observarla con detenimiento.
La mesa se instala en un momento sensible para ambos países: Estados Unidos mantiene una presión creciente en torno al tráfico de fentanilo, la migración irregular y la violencia asociada al crimen organizado transnacional; México enfrenta un entorno donde la seguridad se ha convertido no sólo en un desafío operativo, sino también en un campo de disputa política y mediática.
Ronald Johnson, embajador estadounidense, fue claro en su mensaje al referirse a este nuevo mecanismo y aseguró que se abre una etapa orientada a producir resultados inmediatos y de gran impacto contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, el flujo ilegal de armas y la migración irregular. Obsérvese que la elección de palabras no parece accidental, pues evidentemente Washington busca dejar atrás la etapa de reuniones protocolarias y avanzar hacia una cooperación medible, evaluable y con resultados concretos y el énfasis que colocó en sus intervenciones revela mucho sobre la posición estadounidense.
Recordemos que, desde hace meses, diversos actores políticos, agencias de seguridad, centros de análisis y sectores mediáticos en Estados Unidos han endurecido el tono hacia México, llevando a transitar su discurso de la exigencia de mayores resultados hasta narrativas que, en algunos casos, presentan al Estado mexicano como una estructura rebasada o insuficientemente eficaz frente al crimen organizado. A ello se han sumado declaraciones de figuras políticas que han coqueteado con planteamientos abiertamente intervencionistas, en particular en torno al combate contra cárteles y laboratorios de fentanilo.
Conviene subrayar que esta presión no se ha expresado sólo por canales diplomáticos formales, sino que también ha operado en el terreno de la percepción pública, pues las amenazas de acciones unilaterales, la retórica de seguridad fronteriza, las campañas de desacreditación mediática y la insistencia en ubicar a México como el principal foco del problema del fentanilo forman parte de un ecosistema discursivo que busca moldear el marco de discusión bilateral. Es evidente, claro está, que la presión no sólo se ejerce mediante decisiones de Estado, sino también a través de narrativas que condicionan desde la política el margen de maniobra de los gobiernos.
Precisamente por ello, la postura mexicana en el GBI adquiere especial relevancia y vale la pena por ello observar quiénes la encarnaron. La delegación nacional estuvo encabezada por Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y uno de los principales operadores diplomáticos del vínculo con Washington, acompañado por las estructuras institucionales encabezadas por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; y Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, además de áreas estratégicas de inteligencia y procuración de justicia.
La composición misma de la delegación envió un mensaje claro: México acudió con interlocutores capaces de articular simultáneamente la dimensión diplomática, operativa, militar y de seguridad del diálogo bilateral y, lejos de responder desde la confrontación retórica, el gobierno mexicano optó por reforzar una posición diplomática construida con cautela durante los últimos meses. Mantener la cooperación bilateral sin permitir que ésta derive en esquemas de subordinación política o institucional.
Dicha distinción es crucial, porque durante años mecanismos como la Iniciativa Mérida fueron objeto de críticas por la percepción de una relación marcadamente asimétrica, donde buena parte del diseño estratégico respondía a prioridades estadounidenses; mientras el actual gobierno parece decidido a marcar distancia respecto de ese modelo.
Hoy, no se trata de rechazar la cooperación, mucho menos de negar la dimensión transnacional del crimen organizado; porque basta observar la naturaleza de los flujos criminales contemporáneos para comprender que ninguna estrategia unilateral resulta suficiente, ya que mientras las drogas cruzan hacia el norte, el flujo de armas avanza hacia el sur y el lavado de dinero atraviesa estructuras financieras que rebasan fronteras nacionales.
Sin duda alguna la interdependencia es evidente y, por esa razón, la cuestión de fondo no radica en decidir si México debe cooperar con Estados Unidos, pues esa discusión está superada por los hechos; más bien el debate sustantivo gira alrededor de las condiciones de la cooperación en términos de profundidad operativa.
Y aquí es donde la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum parece haber encontrado una posición muy singular, porque su estrategia en política exterior, al menos en esta etapa inicial, no se ha caracterizado por la estridencia ni por la subordinación, sino más bien ha mostrado una combinación poco frecuente de firmeza política, pragmatismo diplomático y capacidad de contención narrativa.
Así, frente a las bravuconadas provenientes de ciertos sectores estadounidenses, la respuesta mexicana ha evitado tanto la reacción emocional como la concesión automática, logrando cierto equilibrio que resultaría absurdo subestimar.
Ahora bien, la relevancia del GBI no está sólo en su dimensión operativa, sino en el hecho de revelar, en esta nueva relación bilateral, que México no llega a esta etapa desde la posición de un actor aislado o debilitado, sino respaldado por una serie de acciones estratégicas que han fortalecido su capacidad de interlocución con la potencia más importante del mundo.
En el plano económico le respalda que, dentro de las cadenas productivas de Norteamérica, el peso mexicano ha aumentado sustancialmente; en el terreno geopolítico su papel en migración, comercio, nearshoring y seguridad fronteriza lo convierte en un socio cuya relevancia difícilmente puede ignorarse; y en el plano político la administración de Claudia Sheinbaum ha comenzado a construir una relación con Washington basada menos en la dependencia reactiva y más en el reconocimiento de intereses compartidos y, esa, es una narrativa que la Presidenta ya logrado imponer paulatinamente, lo que modifica el punto de partida.
Estados Unidos necesita cooperación mexicana tanto como México requiere coordinación bilateral, realidad que introduce un elemento de equilibrio que no siempre estuvo presente con la misma claridad en décadas anteriores y es por ello que quizá el aspecto más interesante del GBI sea su naturaleza dual, ya que para Washington, representa un mecanismo de ejecución inmediata orientado a resultados cuantificables y, para México, representa una prueba institucional de que se puede profundizar la cooperación sin ceder control estratégico sobre la agenda nacional de seguridad.
Sin duda el reto sigue siendo enorme, pues la cooperación operativa intensiva siempre conlleva riesgos reducir el análisis del GBI a una lectura simplista —ya sea como sometimiento de México o como triunfo diplomático absoluto— sería insuficiente, dado que la realidad parece más compleja, no obstante, empieza a configurarse una nueva fase de la relación México–Estados Unidos, donde seguridad, soberanía y poder dejan de ser categorías separadas para entrelazarse de manera permanente y donde la eficacia en el combate al crimen organizado seguirá siendo importante, pero no será el único parámetro de evaluación.
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