Por Luz Elena Pereyra y Ricardo Ramírez
Diversas publicaciones apuntan al gobernador de Durango como objeto de investigaciones que lo vinculan con el crimen organizado.
Un nuevo escándalo político sacude al norte del país y ahora recae sobre el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien se convirtió en el más reciente actor político mexicano cuyo nombre aparece vinculado a reportes de inteligencia e investigaciones periodísticas sobre presuntos nexos con el crimen organizado, en concreto con estructuras asociadas al Cártel de Sinaloa.
La acusación es delicada, pues de acuerdo con diversas publicaciones periodísticas y filtraciones provenientes de fuentes de seguridad, autoridades de Estados Unidos y áreas de inteligencia mexicanas estarían reuniendo información sobre una presunta red de protección institucional en Durango, vinculada a operadores de La Mayiza, una de las facciones más relevantes del Cártel de Sinaloa tras la fragmentación interna que siguió a la disputa entre Los Chapitos y el grupo histórico de Ismael “El Mayo” Zambada.
Dentro de ese entramado aparece además el nombre de Los Cabrera, organización criminal con presencia territorial en Durango y capacidad logística en corredores estratégicos entre Durango, Sinaloa y Chihuahua, aunque conviene establecer desde el inicio una distinción fundamental.
Hasta el cierre de esta edición, no existe una acusación formal pública presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) o la Fiscalía General de la República contra el mandatario duranguense; tampoco se conoce de manera oficial una orden de aprehensión, solicitud de extradición o imputación judicial; pero lo que sí existe son filtraciones, reportes periodísticos y versiones provenientes de fuentes de seguridad que apuntan a una investigación en curso.
Aquí la diferencia no es menor, si se observar que el propio Esteban Villegas se ha dado a la tarea de rechazar enérgicamente los señalamientos; y es que el gobernador priista sostiene que no ha sido notificado de investigación alguna y ha negado cualquier vínculo con organizaciones criminales, lo que permite entender que desde el punto de vista jurídico el caso permanece en una fase preliminar y mediáticamente explosiva. Suficiente para generar presión política, pero insuficiente todavía para hablar de culpabilidades reales.
No obstante, limitar el análisis al escándalo inmediato sería quedarse en la superficie, cuando el verdadero interés del caso quizá reside en el contexto donde emerge, y ahí se hace necesario organizar una especie de mapa mental, con algunas líneas guía. Durango no es un estado cualquiera dentro del mapa criminal del norte del país; por largas décadas ha sido un territorio estratégico para el narcotráfico por razones geográficas, logísticas y operativas; la entidad forma parte del llamado Triángulo Dorado, región montañosa compartida con Sinaloa y Chihuahua, asociada al cultivo de amapola y marihuana y, más recientemente, a rutas de trasiego, refugio y reconfiguración operativa del crimen organizado.
Enmarcado en dicho escenario, quien controla corredores en Durango no sólo controla territorio, lo hace también sobre la movilidad, zonas de protección y espacios de repliegue que permiten a las organizaciones criminales reorganizarse, esconder operadores y mantener capacidad de maniobra incluso bajo presión militar o policial.
Ese punto resulta esencial para comprender el interés de Washington, ya que tras el endurecimiento de la política estadounidense contra el fentanilo, el crimen organizado mexicano dejó de analizarse en exclusiva como un fenómeno policial para convertirse en una amenaza de seguridad nacional y, bajo esa lógica, Estados Unidos ha elevado la presión no sólo sobre organizaciones criminales, sino también sobre actores políticos locales que, desde su perspectiva, pudieran facilitar operación, protección o tolerancia hacia estructuras criminales.
Aquí es donde aparece uno de los elementos más interesantes del caso, en términos políticos, pues a diferencia de otros expedientes recientes donde los señalados pertenecen a Morena o a gobiernos cercanos a la Cuarta Transformación, Esteban Villegas representa a un gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional, lo cual modifica la lectura política del caso.
Si la investigación escala y eventualmente adquiere forma judicial, Washington estaría enviando una señal muy potente. El escrutinio no distinguiría entre oficialismo y oposición cuando se trata de presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Será?
Conviene ahora hacer una pausa para reiterar las preguntas eje de esta disertación. Si la primera pregunta alrededor del caso Esteban Villegas es si existe o no una investigación formal, la segunda —quizá más importante— es qué estarían buscando en realidad las autoridades estadounidenses y, sin duda, la respuesta en situaciones como esta casi siempre está en el dinero.
En las investigaciones contemporáneas sobre corrupción política, lavado de activos y crimen organizado, los expedientes más sólidos rara vez comienzan con declaraciones espectaculares o filtraciones mediáticas; suelen empezar con algo más silencioso y mucho más revelador: transferencias atípicas, triangulaciones financieras, contratos públicos inusuales, empresas de papel y movimientos patrimoniales difíciles de explicar.
Los investigadores financieros suelen repetir una máxima casi detectivesca: follow the money, “seguir la ruta del dinero” y, en el caso de Durango, esa ruta podría estructurarse en al menos cinco niveles de análisis.
El primero es el patrimonio personal y familiar, pues toda investigación seria sobre presuntos vínculos entre poder político y crimen organizado comienza preguntando si la evolución patrimonial del funcionario, sus familiares o su círculo cercano corresponde razonablemente con sus ingresos declarados; lo que en términos prácticos implica revisar declaraciones patrimoniales, propiedades, fideicomisos, estructuras societarias y adquisiciones realizadas antes y después de asumir el poder.
El segundo nivel, quizás el más importante, refiere a los contratistas gubernamentales, y es aquí donde llega a encontrarse el verdadero corazón de las investigaciones complejas, porque se entiende que cuando agencias estadounidenses investigan posibles redes de corrupción vinculadas al narcotráfico, rara vez buscan maletas de efectivo o depósitos burdos; más bien lo que rastrean son esquemas más sofisticados. Adjudicaciones de contratos, sobrecostos, facturación inflada, subcontratación opaca y empresas intermediarias que permiten transformar recursos públicos en capital privado difícil de rastrear. Seamos realistas, la lógica suele seguir una secuencia conocida: gobierno → proveedor → empresa intermediaria → operador financiero → red criminal.
Un tercer nivel es el sistema bancario, donde entran en juego los llamados Informes de Actividades Sospechosas que bancos y entidades financieras están obligados a presentar cuando detectan patrones asociados con lavado de dinero como transferencias fraccionadas, movimientos transfronterizos inusuales, depósitos recurrentes en efectivo, operaciones con empresas de reciente creación o estructuras corporativas en jurisdicciones favorables al anonimato; es decir, señales que activan alertas automáticas.
Resulta interesante observar aquí un dato políticamente sensible. Si la investigación contra Esteban Villegas realmente avanza desde Washington, es poco probable que el punto de partida haya sido un testimonio aislado, pues resulta más seguro pensar en trazas financieras detectadas por sistemas de cumplimiento bancario o por agencias especializadas del Departamento del Tesoro, en particular aquellas enfocadas en lavado de dinero y financiamiento criminal.
El cuarto nivel de análisis tiene que ver con el territorio y la operación criminal y aquí es importante meditar en el hecho de que a veces la ruta del dinero no comienza en cuentas bancarias, sino en patrones operativos que revelan protección institucional indirecta como operativos fallidos, objetivos que escapan de manera sistemática, decomisos que nunca ocurren en ciertas zonas o estructuras criminales que parecen anticiparse a movimientos oficiales y que pueden convertirse en indicios de filtración o tolerancia selectiva.
Esto no imponer considerar una implicación o colusión directa, a veces el fenómeno es más complejo, pues no se trata de una relación de subordinación abierta entre autoridad y crimen, sino de esquemas de permisividad, protección territorial o convivencia funcional donde ciertos actores dejan de intervenir en determinadas zonas o frente a ciertos operadores.
El quinto y último nivel es quizá el más político de todos. El entorno de relaciones, donde es imposible no pensar que en México la ruta del dinero no siempre conduce de forma directa al funcionario, sino que, con frecuencia, atraviesa círculos más difusos: empresarios cercanos, operadores de campaña, familiares, compadres, socios comerciales o redes históricas de poder regional. Entonces, la pregunta central no siempre es quién es el político investigado, sino con quién opera, quién financia su ascenso y qué estructuras económicas orbitan a su alrededor.
Ahora bien, en el contexto de las acusaciones contra Villegas Villarreal, emerge la pregunta que quizá pocos medios están formulando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el nombre del gobernador de Durango aparece en este momento en reportes de inteligencia y filtraciones periodísticas?
Existen, al menos, tres hipótesis. La primera es la más directa y refiere que la investigación esté realmente avanzada y existan elementos financieros sólidos que en algún momento puedan traducirse en acciones judiciales concretas. La segunda apunta a una lógica de presión preventiva, pues más que un expediente judicial robusto, podríamos estar frente a una señal política cuidadosamente dosificada para hacer saber que Washington hoy cuenta con herramientas financieras, tecnológicas y de inteligencia suficientes para seguir el rastro de redes complejas de poder criminal. La tercera hipótesis es más geopolítica si ubicamos que Estados Unidos podría estar endureciendo de forma deliberada su presión sobre gobernadores ubicados en corredores estratégicos para el tráfico de fentanilo, armas, dinero y precursores químicos.
Lectura que pone el análisis en el hecho de que las filtraciones de inteligencia no sólo servirían para preparar expedientes judiciales, sino también para mover piezas de poder y alterar equilibrios políticos regionales; y ese punto resulta fuertemente delicado, si consideramos que cuando un gobierno extranjero investiga a un gobernador mexicano por presuntos vínculos criminales, el asunto deja de ser solo de carácter judicial para entrar en el terreno de la soberanía, la presión diplomática y la disputa por el control narrativo; tal como lo hemos estado atestiguando en los últimos meses; por ejemplo en el caso del gobernador con licencia Rocha Moya.
El caso Esteban Villegas trasciende con mucho la dimensión de un expediente individual, porque si Washington realmente ha comenzado a seguir la ruta del dinero alrededor del gobernador de Durango, lo que podría venir ya no se limitaría a una crisis política local o al desgaste mediático de un mandatario priista, sino a una indagatoria financiera de mayor profundidad que podría derivar en congelamiento de activos, sanciones económicas, restricciones de movilidad internacional, judicialización binacional e incluso en la ampliación del escrutinio hacia redes empresariales, políticas y operativas vinculadas a su entorno.
Tampoco sería menor el impacto para México de escalar esta investigación, ya que el país volvería a colocarse en una zona de alta tensión con Estados Unidos, donde seguridad, soberanía y cooperación bilateral dejarían de ser conceptos abstractos para convertirse nuevamente en terreno de disputa real. Más allá del futuro inmediato de Esteban Villegas, el caso podría convertirse en otro episodio ilustrativo de una realidad cada vez más evidente: en la nueva etapa de la relación México–Estados Unidos, las investigaciones financieras y las filtraciones de inteligencia también operan como instrumentos de presión, reconfiguración política y ejercicio de poder.
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