Por Camila Salazar
La investigación científica insiste en el error conceptual de la psicopatía en niños y niñas. La salud mental de los pequeños requiere de un diagnóstico amplio y adecuado para poder atender sus necesidades.
Pocas palabras cargan hoy tanto peso como la de psicópata. Basta que un niño golpee a un compañero, maltrate un animal, desafíe constantemente la autoridad o parezca incapaz de mostrar remordimiento para que alguien pronuncie el término. Redes sociales, series de televisión y conversaciones cotidianas han convertido un concepto clínico complejo en una explicación inmediata para conductas que inquietan a familias, docentes y a la propia sociedad.
Preocupa la facilidad con la que utilizamos esa palabra, pues revela algo más profundo que un problema de lenguaje: nuestra necesidad de encontrar respuestas rápidas frente a comportamientos que no comprendemos. Sin embargo, cuando una etiqueta sustituye al diagnóstico, el prejuicio desplaza a la evidencia y la preocupación legítima termina construyéndose sobre una idea equivocada.
La ciencia sostiene una conclusión distinta. De manera particular, la psiquiatría contemporánea no reconoce la psicopatía como un diagnóstico aplicable a niñas, niños o adolescentes; lo que observa es un aumento en problemas relacionados con la salud mental, la regulación emocional y los trastornos de conducta, fenómenos cuya explicación exige mirar mucho más allá de una palabra convertida en sentencia.
De ninguna manera la preocupación es imaginaria, aun cuando docentes describen aulas donde la impulsividad, la agresión física, la intolerancia a la frustración y las dificultades para convivir parecen presentarse con mayor frecuencia; padres de familia expresan incertidumbre frente a cambios de conducta que no saben cómo interpretar.
Aunado a ello, los servicios especializados en salud mental atienden cada vez más consultas relacionadas con ansiedad, depresión, alteraciones emocionales y problemas del comportamiento. El fenómeno existe, lo que está en discusión es la manera de comprenderlo.
Datos oficiales respaldan esa percepción, por ejemplo, la Secretaría de Salud reconoce a la salud mental como uno de los principales desafíos del sistema sanitario mexicano, siendo a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), que en México se ha documentado un incremento sostenido en la demanda de atención por trastornos emocionales y conductuales, particularmente después de la pandemia por COVID-19.
El Programa Institucional 2025-2030 de Centros de Integración Juvenil confirma esa tendencia: después de los trastornos de ansiedad y depresión, los trastornos de conducta figuran entre los principales motivos de atención en población infantil y adolescente, evidenciando de un problema que rebasa el ámbito familiar para convertirse en un desafío de salud pública.
En su ficha informativa más reciente sobre salud mental de los adolescentes, actualizada en septiembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la estimación de que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con algún trastorno mental y advierte que aproximadamente la mitad de estos padecimientos inicia antes de los catorce años. Se trata de una estimación epidemiológica vigente que el organismo ha mantenido en sus actualizaciones recientes, sustentada en la evidencia científica acumulada.
En México, UNICEF, en su informe Situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2026, llega a conclusiones semejantes. El organismo documenta, con base en información oficial disponible hasta 2023 y 2024, que la violencia, la pobreza, la desigualdad y las secuelas sociales de la pandemia continúan siendo factores que afectan el bienestar emocional de millones de niñas, niños y adolescentes. Más que atribuir el problema a características individuales, el informe plantea la necesidad de comprenderlo desde el contexto social en el que crecen las nuevas generaciones.
Conviene detenerse en este punto para señalar que si la evidencia científica no habla de psicopatía infantil, ¿por qué ese concepto se ha instalado con tanta fuerza en el imaginario colectivo? La respuesta comienza con una precisión indispensable.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) no reconoce la psicopatía como un diagnóstico para menores de edad, en su lugar identifica el trastorno de conducta y contempla un especificador denominado emociones prosociales limitadas, incorporado a partir de las investigaciones del psicólogo estadounidense Paul Frick.
Este concepto describe la presencia persistente de rasgos como baja empatía, escasa culpa o indiferencia afectiva en algunos menores, pero no autoriza a clasificarlos como psicópatas.
Indudablemente la diferencia es mucho más que técnica, pues un diagnóstico busca comprender un proceso de desarrollo para orientar una intervención, una etiqueta suele cancelar esa posibilidad antes de que la investigación siquiera comience. El comportamiento humano nunca depende de una sola causa: la agresividad persistente, la incapacidad para establecer vínculos afectivos o la dificultad para controlar los impulsos son el resultado de procesos en los que intervienen la biología, el entorno familiar, las experiencias tempranas y el contexto social.
Entre las décadas de 1950 y 1980, el psiquiatra y psicoanalista británico John Bowlby desarrolló la teoría del apego, con la que demostró que la calidad del vínculo afectivo construido durante los primeros años de vida influye directamente en la capacidad para regular las emociones, confiar en otras personas y enfrentar situaciones de estrés. La ausencia de relaciones estables, la negligencia, el abandono o la violencia no producen automáticamente conductas antisociales, pero incrementan la probabilidad de que aparezcan dificultades emocionales y de comportamiento.
A partir de la década de 1960 y durante más de dos décadas de investigación, el psicólogo canadiense Albert Bandura fortaleció esa explicación con la teoría del aprendizaje social, la cual rompió otro mito profundamente arraigado: la violencia también se aprende.
Dicho en otras palabras, niñas y niños observan, imitan y normalizan las conductas presentes en su entorno inmediato; un hogar donde predominan las agresiones, una comunidad marcada por la violencia o la exposición cotidiana a modelos violentos pueden convertirse en escenarios donde la conducta agresiva deja de percibirse como excepcional para integrarse a la vida cotidiana.
Desde la década de 1970 y a lo largo de más de tres décadas de investigación, el psiquiatra británico Michael Rutter, considerado el padre de la psiquiatría infantil moderna, amplió esa comprensión al cuestionar la idea de que la conducta estuviera determinada únicamente por la herencia. En sus investigaciones, demostró que los factores genéticos pueden aumentar ciertas vulnerabilidades, pero también que el ambiente posee la capacidad de potenciarlas o disminuirlas.
Concluyó que el desarrollo infantil depende de una interacción constante entre predisposición biológica y experiencias de vida; por ello, la prevención resulta tan importante como el tratamiento.
De igual manera, desde mediados de la década de 1990, el neuropsiquiatra estadounidense Bruce Perry ha aportado evidencia desde las neurociencias. Sus estudios sobre trauma infantil demostraron que la exposición prolongada al miedo, la violencia o el estrés extremo modifica el desarrollo cerebral; es decir, las regiones responsables del autocontrol, la regulación emocional y la toma de decisiones pueden alterarse cuando un niño crece bajo condiciones permanentes de amenaza.
Como puede observarse, lo que durante mucho tiempo se interpretó solo como “mala conducta”, comenzó a entenderse también como la respuesta de un cerebro que aprendió a sobrevivir en contextos adversos.
La conclusión compartida por estos investigadores es contundente: ningún niño nace destinado a convertirse en un adulto violento. El desarrollo humano permanece abierto a la influencia del ambiente, de las relaciones afectivas y de las oportunidades de intervención.
Precisamente por ello la evidencia científica rechaza las explicaciones simplistas, ya que etiquetar a un menor como “psicópata” no sólo contradice el conocimiento acumulado por la psiquiatría y la psicología del desarrollo; también invisibiliza las condiciones que con mayor frecuencia se encuentran detrás de las conductas problemáticas: violencia familiar, abuso, negligencia, consumo de sustancias dentro del hogar, pobreza persistente, problemas de salud mental no atendidos, fracaso escolar o exposición constante a contextos inseguros.
México conoce bien ese escenario. Millones de niñas, niños y adolescentes crecen en comunidades atravesadas por la violencia, donde el miedo forma parte de la vida cotidiana y los servicios especializados en salud mental siguen siendo insuficientes.
Por esta razón, pretender explicar esa realidad mediante una etiqueta clínica significa ignorar la complejidad del fenómeno y trasladar toda la responsabilidad al menor, cuando buena parte de las respuestas se encuentran en el entorno que lo rodea.
No se trata de negar la existencia de conductas graves ni de minimizar los riesgos que algunas representan para la convivencia social, tampoco de sostener que todos los problemas de comportamiento desaparecerán con mejores condiciones familiares.
La ciencia tampoco afirma eso, pero sí demuestra que la intervención temprana modifica trayectorias de vida y que un diagnóstico oportuno ofrece posibilidades de tratamiento muy superiores a las que existen cuando el problema se atiende años después y esa quizá sea la enseñanza más importante de esta investigación.
Durante demasiado tiempo la discusión pública ha buscado identificar niños peligrosos cuando la evidencia invita a identificar niños vulnerables. El cambio de perspectiva parece pequeño, pero transforma por completo la manera de entender el problema: un menor etiquetado como irrecuperable deja de recibir oportunidades; un menor comprendido desde la salud mental puede acceder a diagnóstico, tratamiento, acompañamiento familiar y apoyo escolar antes de que las dificultades se conviertan en una trayectoria de exclusión.
Finalmente, la verdadera discusión no consiste en saber si existen más niñas y niños violentos que antes. La pregunta urgente es otra: ¿estamos haciendo lo suficiente para comprenderlos antes de condenarlos?
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
