Por Miguel Ángel López Flores
Terremoto en Colombia pone a prueba al nuevo gobierno entre críticas por la gestión de la emergencia
El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto dejó una emergencia de gran escala: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 287 fallecidos, 4 mil 147 personas heridas y 194 desaparecidas, además de 185 mil 996 personas afectadas, 127 mil 608 viviendas averiadas, 26 mil 392 destruidas y 197 edificios colapsados. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando, varias decisiones y actuaciones de funcionarios del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella han generado cuestionamientos dentro y fuera del país.
Un primer episodio ocurrió en las primeras horas de la emergencia, cuando Javier Pava, entonces director encargado de la UNGRD, comunicó que Colombia contaba con capacidad suficiente para atender las labores de búsqueda y rescate y no requería, en ese momento, personal extranjero. Pava argumentó más tarde que el país disponía de 23 grupos de Búsqueda de Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) y que se evaluaron las ofertas recibidas antes de determinar cuáles podían ser útiles para la emergencia.
Dicha decisión generó controversia porque varios países habían ofrecido equipos especializados, entre ellos México, cuyo gobierno había ofrecido apoyo para las labores de rescate. La administración colombiana modificó su posición y comenzó a recibir equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. La incorporación de ayuda internacional ocurrió después de más de dos días de la emergencia, cuando las primeras 72 horas todavía constituían un periodo crítico para la localización de sobrevivientes.
Rechazó el Gobierno colombiano, en ese contexto y ante las críticas internas y externas a sus decisiones, que la selección de los equipos hubiera respondido a criterios ideológicos, mientras David Tamayo, nuevo director de la UNGRD, sostuvo que el país no había rechazado la cooperación internacional y que se recibirían equipos que cumplieran con los requisitos establecidos para las labores de búsqueda y rescate. La Cancillería también defendió que Colombia trabajaba con países “sin ninguna consideración ideológica ni política”.
Mientras continúa la discusión sobre la gestión de la ayuda, otras actuaciones de integrantes del gobierno han generado cuestionamientos por su oportunidad en medio de la emergencia. Abelardo de la Espriella visitó el 16 de agosto Buenaventura, una de las ciudades afectadas por el terremoto, donde fue grabado repartiendo balones de fútbol que llevaban el logotipo de Defensores de la Patria, movimiento político con el que llegó a la Presidencia y cuya escena provocó críticas debido a que en la ciudad miles de viviendas resultaron afectadas y persisten necesidades de atención humanitaria. Durante la visita, el mandatario también anunció medidas de asistencia, entre ellas la reactivación del buque hospital Benkos Biohó y el envío de medicamentos y carpas.
Otro episodio involucra al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien fue fotografiado en una residencia de playa en Santa Marta durante el fin de semana posterior al terremoto. Beltrán reconoció su presencia en la ciudad y explicó que acudió a una boda con su familia. Frente a las críticas, afirmó que continuaría ejerciendo como ministro y defendió también su derecho a mantener sus responsabilidades familiares.
La controversia alcanzó al Congreso colombiano y la Cámara de Representantes citó este martes 18 de agosto a Beltrán a un debate de control político para revisar la actuación del Ministerio de Vivienda durante la emergencia.
A estos episodios se sumó una disputa institucional alrededor de la ayuda internacional, cuando la Cancillería acusó a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro de haber obstaculizado la gestión de los ofrecimientos de ayuda durante las primeras horas; no obstante, la versión fue cuestionada por quienes participaron en la coordinación inicial de la emergencia y el propio gobierno actual ha sostenido que la decisión de recibir determinados equipos respondió a criterios técnicos.
Evidentemente la emergencia ha colocado al nuevo gobierno colombiano ante una doble exigencia: responder a una catástrofe de dimensiones extraordinarias y demostrar capacidad institucional para tomar decisiones bajo presión. Las diferencias entre funcionarios sobre la recepción de ayuda, las actuaciones públicas del presidente y la controversia alrededor del ministro de Vivienda forman parte ya del debate sobre la respuesta del Estado.
Por su parte y como hecho más reciente, el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, generó controversia por una declaración realizada durante su recorrido por las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, pues al referirse a los daños en las escuelas, afirmó: “A mí lo que más me ha dolido, más que los fallecidos y los heridos, es la destrucción de los colegios”. La frase provocó críticas por establecer una comparación entre la pérdida de vidas y los daños materiales; posteriormente, Lara sostuvo que sus palabras fueron tergiversadas y afirmó que había dicho “además”, no “más que”.
Más allá de las posiciones políticas, los hechos tienen un punto común: ocurrieron mientras miles de familias permanecen afectadas, continúan las labores de rescate y el país entra en una etapa que exigirá no sólo atención inmediata, sino coordinación para la reconstrucción. La UNGRD reporta más de 127 mil viviendas averiadas y 26 mil destruidas, además de daños en 304 centros de salud, 3 mil 207 centros educativos, 4 mil 59 centros comunitarios, 410 vías y 95 acueductos.
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