Por Ricardo Ramírez Posadas
El programa Vivienda para el Bienestar llega a septiembre de 2026 con una solidez que permite medirlo ya como una política pública de gran escala.
A día de hoy, el programa llega con 667 mil viviendas contratadas y distribuidas en 766 proyectos, equivalentes al 37 por ciento de la meta sexenal de 1.8 millones de hogares nuevos.
La inversión acumulada reportada por el Gobierno Federal asciende a 75.9 mil millones de pesos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum estima que el programa representa una inversión o derrama económica anual cercana al 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que los hogares contratados están asociadas con alrededor de 2.4 millones de empleos, tomando como referencia cuatro empleos por vivienda.
Los números muestran un programa que ya dejó la etapa de anuncio y entró en una fase de ejecución considerable. Sin embargo, las propias cifras oficiales permiten observar una diferencia fundamental entre contratar vivienda, construirla, asignarla y entregarla.
De los 667 mil hogares contratados, 277 mil se encuentran en obra y 89 mil han sido asignadas; de estos datos, la primera cifra representa apenas 15.4 por ciento de la meta sexenal y alrededor de 42 por ciento del universo contratado y, en ese contexto, la distancia entre los contratos y las obras en construcción constituye uno de los principales indicadores que deberán seguirse durante los próximos años.
Este proyecto del Gobierno Federal destina un rubro económico de gran magnitud, el cual se observa en el hecho de que el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) ubica al sector vivienda en 5.2 por ciento del PIB nacional y, en paralelo, según los cálculos oficiales, el programa Vivienda para el Bienestar tendrá una derrama anual cercana al 1.2 por ciento del PIB.
Ambas cifras muestran el peso que la construcción habitacional puede adquirir en la actividad económica, aunque corresponden a conceptos distintos: una mide la participación del sector en la economía y la otra es una estimación gubernamental sobre el impacto anual del programa.
También resulta importante observar, en términos económicos, que según el SNIIV, 21.9 por ciento de las viviendas se encontraban en rezago habitacional en 2024. El Programa Nacional de Vivienda 2026-2030 señala, además, que el rezago se relaciona con carencias materiales, hacinamiento y deficiencias en servicios sanitarios; estima que una parte importante de esas viviendas puede superar dicha condición mediante acciones de mejoramiento, mientras que otras requieren ampliación o reemplazo.
Lo anterior se explica dado que la política habitacional no puede evaluarse únicamente por el número de viviendas nuevas, ya que el propio programa contempla otras líneas de intervención: hasta septiembre se reportaban 717 mil acciones de mejoramiento, equivalentes al 40 por ciento de la meta correspondiente, y 337 mil escrituras, 34 por ciento del objetivo de un millón. El INSUS, por su parte, había regularizado 76 mil lotes y mantenía otros 714 mil en proceso de escrituración.
Claramente la política de vivienda está construyendo una combinación de vivienda nueva, mejoramiento, regularización y atención a créditos, con metas precisas para el siguiente periodo de 1.8 millones de viviendas nuevas que todavía exige un esfuerzo considerable. Con 667 mil contratadas, permanecen 1,133 millones por incorporar al programa. Si se toma como horizonte el final del sexenio, se requeriría contratar en promedio alrededor de 280 mil viviendas adicionales por año.
El ritmo registrado hasta ahora permite observar que la magnitud de la meta es alcanzable en términos de contratación: las 667 mil viviendas se han contratado durante los primeros 23 meses de la administración; ahora, la cuestión decisiva será mantener esa capacidad y, de manera simultánea, elevar la proporción que pasa de los contratos a las obras terminadas.
Ahí se encuentra, a mi juicio, el verdadero desafío de Vivienda para el Bienestar. Una política habitacional de esta dimensión requiere suelo disponible, proyectos ejecutivos, infraestructura, financiamiento, capacidad constructiva, supervisión, servicios y mecanismos eficientes de asignación y escrituración; en tanto que el volumen contratado demuestra capacidad para poner en marcha una cartera de proyectos; la siguiente etapa consiste en demostrar que esa cartera puede convertirse, de manera sostenida, en viviendas terminadas y ocupadas.
México necesita ampliar su patrimonio habitacional y reducir un rezago que todavía afecta a millones de viviendas; para ello el programa federal tiene una escala suficiente para modificar una parte importante de esa realidad, pero su evaluación final no estará determinada por el número de contratos firmados. Estará en la cantidad de viviendas que efectivamente se construyan, se asignen, se escriture y lleguen a las familias que las necesitan.
En resumidas cuentas, 667 mil contratos representan un avance significativo frente a una meta de 1.8 millones; los próximos cuatro años tendrán que demostrar cuánto de ese avance puede convertirse en patrimonio habitacional efectivo.
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