Por Óscar Manríquez Palacios1
El Comité Técnico de Evaluación del INE anunció a los 50 aspirantes finalistas a las Consejerías Electorales.
A unos días de que sean elegidas las tres personas que ocuparán las vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las críticas de las y los especialistas sobre este proceso se han centrado en las trayectorias y apoyos políticos de las y los finalistas.
Sin embargo, hay un tema que ha quedado de lado debido a la fase en que se encuentra este proceso: los errores de la Convocatoria que le dieron sustento.
El documento fue emitido el pasado 19 de marzo de 2026 mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y describe las cuatro etapas por las que las y los aspirantes han transitado para hacerse con alguna de las Consejerías en cuestión: a) Registro, b) Evaluación —documental y de conocimientos—, c) Evaluación específica de idoneidad, y d) Entrevista.
Respecto a las dos primeras fases, considero como punto débil el relativo al breve plazo con que contaron quienes se registraron para cumplir con los requisitos documentales establecidos, lo cual puede atribuirse a que la Convocatoria en cuestión, fue emitida con un mes de retraso a lo original y legalmente previsto.
Consecuencia de ello es que, en la primera etapa, una de las quejas más recurrentes de las y los aspirantes fue el poco tiempo que tuvieron para certificar ante fedatario público las copias de su credencial para votar, así como de su título y cédula profesionales, pues contaron con solo cinco días para cargarlos al sistema habilitado.2
Asimismo, la segunda etapa se caracterizó por la constante interposición de juicios ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de quienes fueron descartados para avanzar a esta fase, luego de que de su revisión documental se identificó que no contaban con Credencial para Votar por extravío, o que contaban con una que no estaba vigente, no pudiendo subsanar dicha cuestión, pues los plazos para su renovación y reposición son incompatibles con los de la Convocatoria.
Por otra parte, en la tercera etapa, se evidenció el que quizá sea el punto más endeble del proceso de selección debido al alto grado de discrecionalidad con que se dotó al Comité Técnico para definir a los perfiles más idóneos para avanzar a la cuarta etapa.
De acuerdo con la Convocatoria, dicho Comité debió de “ponderar”, sin dar mayores detalles, el currículum y documentos soporte así como la exposición de motivos y el ensayo que presentaron los aspirantes al momento de registrarse, a los cuales se les debió asignar un valor equivalente, respectivamente, del 40%, 30% y 30%.
Sin embargo, la crítica de diversos expertos radicó en que los razonamientos que llevaron al Comité a seleccionar a algunos perfiles con poca o nula experiencia en materia electoral sobre otros que contaban con una más amplia no fueron públicos.
Respecto a la cuarta etapa, la crítica tiene que ver con que las entrevistas de quienes llegaron hasta este punto fueron grabadas y transmitidas con posterioridad a su realización, lo cual poco abona a la transparencia y a la máxima publicidad sobre las que descansa el principio de Parlamento Abierto estipulado en la Convocatoria.
Finalmente, y no por ello constituye una crítica menor, está el hecho de que dicho documento no estableció la forma sexo-genérica en que se ocuparan las Consejerías vacantes, es decir, si estas deben de ser ocupadas por dos mujeres y un hombre, o por dos hombres y una mujer, o por tres mujeres o por tres hombres, ni mucho menos previó cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad; todo lo cual ha desatado un sinnúmero de especulaciones, haciendo incluso necesaria la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por todo lo anterior, considero necesario que la Convocatoria que se emita para renovar a las Consejerías que concluyan dentro de unos años, se fortalezca a través de la aplicación de algunos de los siguientes ajustes:
1.- Sea emitida en los plazos previstos en la ley para permitir a los interesados contar con la documentación y certificaciones necesarias para registrarse debidamente.
2.- Establezca una calificación de ocho o nueve —o su equivalente— como mínima aprobatoria para la evaluación de conocimientos que se aplique a las y los aspirantes como una medida de presunción sobre que quienes arriben, tendrán los conocimientos o una idea del cúmulo de tareas, retos y responsabilidades que habrán de enfrentar.
3.- Asigne una escala de puntos por cada grado académico y cargo electoral desempeñado por las y los aspirantes como elemento objetivo que permita al Comité de Evaluación determinar con mayor objetividad la idoneidad de las postulaciones.
4.- Disponga expresamente de un número cierto de Consejerías reservadas como acción afirmativa para grupos en situación de vulnerabilidad.
5.- Transmitir en vivo las entrevistas de quienes lleguen a dicha etapa.
Por todo lo anterior, en el contexto de la renovación de las tres Consejerías del Instituto Nacional Electoral, deseo que lleguen los perfiles más aptos, con los conocimientos y temple suficientes para tomar las mejores decisiones de cara a la organización de las elecciones del próximo año, las cuales se antojan para ser no solo las más grandes… ¡Sino las más complejas de la historia!
Notas
- Licenciado en Derecho y Especialista en Derechos Humanos por la UNAM, y Especialista en Democracia Inclusiva y Maestrante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del TEPJF. ↩︎
- Convocatoria consultable en https://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx ↩︎
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