Inteligencia, corrupción institucional y la nueva estrategia de seguridad del Estado mexicano

Editorial LEEA

La Operación Enjambre representa uno de los mayores esfuerzos en materia de seguridad impulsado por la actual administración.

Durante décadas, México intentó combatir al crimen organizado concentrándose principalmente en los grupos armados visibles: cárteles, sicarios, líderes regionales o células violentas; sin embargo, el problema era mucho más profundo, pues ha quedado demostrado que buena parte de la expansión territorial del crimen no habría sido posible sin redes completas de protección institucional construidas durante años dentro de las instituciones de policías municipales, gobiernos locales, estructuras administrativas y espacios políticos regionales.

Ahí parece concentrarse hoy el verdadero sentido estratégico de la llamada Operación Enjambre, uno de los componentes más relevantes dentro de la política de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y operada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La apuesta muestra que enfrentar a la delincuencia ya no consiste únicamente en detener criminales, sino en enfocarse estratégicamente en desmontar las estructuras institucionales, financieras y políticas que permitieron durante años la operación territorial del crimen organizado dentro del propio aparato del Estado.

Esa lógica quedó expuesta desde octubre de 2024, cuando el propio García Harfuch presentó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en cuatro ejes explícitos: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación interinstitucional. Dentro de esa estrategia, el gobierno federal anunció además la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y de investigación policial para identificar redes criminales y construir investigaciones sólidas.

Más allá del discurso, los resultados comenzaron a reflejarse en diversos operativos desplegados a lo largo del país, mostrando uno de los casos más visibles: la Operación Enjambre.

El operativo inició formalmente el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, a partir de investigaciones relacionadas con desapariciones, fosas clandestinas y presuntos vínculos entre corporaciones municipales y organizaciones criminales, en particular de estructuras asociadas con La Familia Michoacana; lo que llevó a que, con el paso de los meses, las investigaciones comenzaran a extenderse hacia otras entidades, ampliando el alcance territorial de la estrategia federal.

Iniciada originalmente en el Estado de México y extendida hacia estados como Morelos, su característica principal consiste en investigar presuntos vínculos entre autoridades municipales, policías locales, estructuras administrativas y organizaciones criminales dedicadas, en esencia, a extorsión, protección territorial y corrupción institucional.

La diferencia respecto a otros operativos históricos resulta significativa, ya que durante años gran parte de la estrategia mexicana de seguridad estuvo orientada básicamente a la captura de líderes criminales visibles, mientras que la Operación Enjambre parece partir de una premisa distinta: el crimen organizado no opera solo; necesita redes de protección política, administrativa y policial para sostenerse en el territorio; y es ahí donde radica el verdadero alcance del operativo.

Coordinada por un bloque interinstitucional, la operación es conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, buscando reducir filtraciones institucionales y construir investigaciones sustentadas en inteligencia financiera, análisis de comunicaciones y operativos simultáneos.

Derivadas de la Operación Enjambre, las investigaciones continuaron ampliándose durante mayo de 2026 y, con ello, las acciones federales alcanzaron nuevas estructuras de gobierno municipal en Morelos, donde puede observarse que entre los casos más relevantes se encuentran las detenciones del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledo Amaro; del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; y posteriormente del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, considerado uno de los principales objetivos de las investigaciones relacionadas con redes de extorsión, protección institucional y presuntos vínculos con organizaciones criminales.

De acuerdo con los reportes más recientes del Gabinete de Seguridad federal, la Operación Enjambre supera ya las 85 detenciones de servidores públicos y exfuncionarios investigados por presuntos vínculos con estructuras criminales, corrupción institucional, extorsión y delincuencia organizada. Entre los detenidos se encuentran alcaldes en funciones, expresidentes municipales, mandos policiales y operadores administrativos de distintos estados del país.

Más importante aún, las investigaciones parecen estar entrando en una nueva etapa, pues si durante los primeros meses el foco estuvo colocado en corporaciones policiacas municipales y funcionarios de seguridad, los acontecimientos recientes muestran que las indagatorias federales comienzan a alcanzar estructuras completas de gobierno local, incluyendo alcaldías, áreas administrativas, operadores financieros y presuntas redes de protección política.

Operación Enjambre ya no parece orientarse solo a identificar funcionarios coludidos con grupos criminales, sino a reconstruir los mecanismos institucionales que permitieron durante años la operación territorial de esas organizaciones.

Precisamente por esa dimensión política e institucional, la Operación Enjambre ha comenzado a generar comparaciones inevitables con antecedentes controvertidos como el llamado “Michoacanazo” de 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando decenas de alcaldes y funcionarios fueron detenidos bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico, aunque buena parte de los casos terminaron debilitándose por falta de pruebas o irregularidades procesales.

Resulta inevitable la comparación, porque plantea una pregunta fundamental: ¿estamos frente a una estrategia distinta o existe el riesgo de repetir errores del pasado? La diferencia, según sostiene el actual gobierno federal, radica en el peso otorgado a la inteligencia, la coordinación institucional y la construcción previa de expedientes judiciales antes de ejecutar las detenciones.

Las investigaciones derivadas de la Operación Enjambre comenzaron además a traducirse en procesos judiciales, órdenes de aprehensión y vinculaciones relacionadas con corrupción institucional, extorsión, secuestro y protección criminal, particularmente en municipios del Estado de México y Morelos.

Detrás de estas acciones resulta relevante el mensaje político: por primera vez en mucho tiempo, el centro de gravedad del combate criminal parece desplazarse desde la simple confrontación armada hacia el desmantelamiento de redes institucionales de protección política y administrativa.

Dichas acciones han modificado profundamente el escenario, pues combatir estructuras incrustadas dentro del aparato institucional implica tocar intereses locales, redes económicas, sistemas de corrupción territorial y mecanismos históricos de impunidad construidos durante décadas en vínculo con organizaciones criminales que lograron penetrar distintos espacios de la vida política, policial y económica del país.

En este marco, los riesgos son enormes, pues resulta clara que la infiltración criminal dentro de gobiernos municipales y corporaciones policiales no constituye un fenómeno nuevo en México; no obstante, atacar esas estructuras implica inevitablemente confrontar poderes regionales, relaciones políticas y esquemas económicos que durante décadas coexistieron con la violencia criminal.

Precisamente ahí puede entenderse parte de la relevancia político-estratégica de las funciones que realiza Omar García Harfuch dentro del actual gobierno federal, cuyo papel no aparece únicamente como operador policiaco, sino como uno de los principales arquitectos de la nueva estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en concreto en lo relacionado con inteligencia, coordinación institucional y reconstrucción de capacidades operativas del Estado.

Sostiene la administración federal que la seguridad debe construirse de manera simultánea desde la prevención social, el fortalecimiento institucional, la inteligencia, la investigación financiera y la coordinación entre distintos niveles de gobierno y, en ese contexto, los datos más recientes del Gabinete de Seguridad muestran además un despliegue operativo de gran escala sostenido durante la actual administración.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, las instituciones federales reportaron decenas de miles de detenciones por delitos de alto impacto, aseguramientos de armas, decomisos de droga y el desmantelamiento de miles de laboratorios clandestinos vinculados básicamente con la producción de metanfetaminas.

Por supuesto, estas cifras no significan que el problema de inseguridad esté resuelto, sino la forma en que México continúa enfrentando niveles severos de violencia, desapariciones, disputas territoriales y expansión criminal en entidades como Sinaloa, Guerrero, Michoacán o Guanajuato, donde la capacidad operativa de diversas organizaciones criminales sigue siendo considerable. Lo que sí muestran estos datos es una modificación gradual en la lógica estratégica del Estado mexicano frente al fenómeno criminal; porque, a todas luces, el verdadero problema histórico de México nunca fue sólo el narcotráfico, sino la construcción progresiva de redes híbridas donde crimen, corrupción, protección institucional y poder político terminaron entrelazándose a lo largo y ancho del país.

En esas acciones estratégicas parece concentrarse el verdadero sentido de la Operación Enjambre: no sólo detener delincuentes, sino desmontar las estructuras de poder que durante años les permitieron operar desde dentro del propio Estado.

Sin duda, la verdadera prueba para la Operación Enjambre no será el número de detenidos ni el impacto mediático de los operativos, el desafío será demostrar que las investigaciones pueden sostenerse ante los tribunales, resistir presiones políticas y traducirse en sentencias firmes.

Si eso ocurre, México podría estar frente al primer esfuerzo sistemático en décadas orientado a desmontar las redes de corrupción institucional que facilitaron la expansión territorial del crimen organizado y si fracasa, el país volverá a enfrentar uno de sus problemas históricos: la espectacularidad de las detenciones sin la consolidación de la justicia.

Ahí radica la dimensión estratégica de la Operación Enjambre. No se trata únicamente de combatir a los grupos criminales visibles, sino de romper los vínculos entre crimen, corrupción y poder político que durante años erosionaron la capacidad del Estado para ejercer autoridad en amplias regiones del país. La diferencia entre una operación coyuntural y una transformación estructural dependerá, precisamente, de que esas investigaciones logren sobrevivir más allá de los titulares.

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