Por Óscar Manríquez Palacios
El pasado jueves 5 de marzo, Movimiento Ciudadano presentó su propio proyecto de Reforma Electoral en el marco de la iniciativa presidencial.
A unas horas de haber sido desestimada la iniciativa de Reforma Electoral de la Presidencia de la República, el grueso de partidos políticos a través de sus dirigencias comenzó a fijar posiciones rumbo al “Plan B” anunciado por Morena. Sin embargo, solo Movimiento Ciudadano respondió desde un inicio de manera formal mediante la presentación de una contrapropuesta.
Dicho documento propone modificar veintiún artículos de la Constitución Federal, y pese a la poca difusión que ha tenido, por rigor académico considero necesario conocerlo para identificar postulados que pudieran coincidir con el plan referido, así como aquellos que, de adoptarse, se traducirían en el fortalecimiento de nuestro sistema electoral:
1.- Disminuir la edad para votar para que adolescentes de 16 años puedan hacerlo en las elecciones populares, en los procesos de revocación de mandato y en los procesos de participación ciudadana.
2.- Sancionar a quienes no voten en las elecciones con trabajo comunitario o realizando cursos de educación y formación cívica.
3.- Garantizar inmunidad de precandidaturas y candidaturas, durante y al final de los procesos electorales, para que no puedan ser detenidos y sometidos a procesos.
4.- Fortalecer el derecho a la autoorganización y autorregulación de los partidos en la elección de sus dirigencias y candidaturas a partir de la mínima intervención de las autoridades electorales.
5.- Reducir el financiamiento público de los partidos políticos con base en una nueva fórmula para su cálculo, a partir de la cantidad que resulte de multiplicar el total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal Electoral por el 58.5% del valor de la Unidad de Medida y Actualización.
6.- Disminuir a treinta y ocho minutos diarios el tiempo del Estado en radio y televisión administrado por el INE, desde el inicio de precampañas y hasta el día de la jornada electoral.
7.- Garantizar la posibilidad de que la ciudadanía pueda organizar debates entre las candidaturas en condiciones de equidad y legalidad.
8.- Robustecer el marco jurídico aplicable a la Elección Judicial a partir de la:
- Inalterabilidad de los tiempos de radio y televisión asignados a partidos.
- Realización de campañas a través de redes sociales e internet.
9.- Fortalecer al Instituto Nacional Electoral a través de:
- Establecer un Sistema Nacional de Carrera Electoral obligatorio.
- Realizar cómputos distritales y municipales inmediatos e ininterrumpidos.
- Blindar votos y opiniones de las Consejerías para no ser reconvenidas.
- Organizar elecciones nacionales y locales, incluidas las judiciales.
- Fiscalizar partidos políticos nacionales y locales.
10.- Fortificar el Voto en el Extranjero con la creación de una circunscripción especial en la que se podrán elegir hasta diez diputaciones.
11.- Crear Gobiernos de Coalición conformados por los partidos que hayan postulado en común candidaturas a la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados.
12.- Concentrar la capacitación en materia electoral y de defensa de los derechos político–electorales en el Órgano de Administración Judicial a través de la Escuela Judicial Electoral y la Defensoría Pública Electoral.
Es muy probable que, al igual que como ocurrió con la iniciativa presidencial, este documento sea desestimado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, considero que escuchar a todos los actores políticos y analizar sus propuestas, es una obligación cívica con la que todas y todos debemos de cumplir, pues justo en la pluralidad, en los disensos y en los acuerdos, es donde radica la esencia y fortaleza de nuestra democracia.
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
