Por Stephanie Ramírez
Grupo México, crecimiento financiero y conflictos que siguen pendientes
Grupo México llega a 2026 como uno de los mayores conglomerados mineros de América Latina y con resultados financieros en expansión, pero también con conflictos ambientales y laborales que se remontan a décadas atrás y que todavía tienen consecuencias. Referir casi 30 años desde que adquirió la concesión del Ferrocarril Pacífico Nort (1998) requiere precisión: en 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) contabilizó 22 accidentes atribuidos a Grupo México desde 1997; entre ellos se encontraban hechos ocurridos tanto en México como en Estados Unidos, Perú y España. El recuento, por sí mismo, no equivale a 30 años de desastres ni permite colocar todos los episodios en una misma categoría.
Uno de los casos más graves ocurrió el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, donde una explosión dejó atrapados a 65 trabajadores; después e unos días dos cuerpos fueron recuperados, pero pasaron muchos años sin que concluyera el rescate hasta que, en 2019 el gobierno federal retomó los trabajos. Para julio de 2026, la Secretaría del Trabajo reportó que 36 mineros habían sido recuperados, 31 identificados y 28 entregados a sus familias. Las labores continúan en las distintas áreas de la mina.
Ocho años después, el 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. El gobierno federal documenta que el derrame afectó 288.8 kilómetros de la cuenca y a alrededor de 20 mil personas de comunidades de la región. Las autoridades ambientales determinaron responsabilidades y, el mismo año, se creó un fideicomiso con una aportación comprometida de 2 mil millones de pesos para atender los daños.
La situación del río Sonora, sin embargo, no quedó cerrada con aquel fideicomiso ya que, en 2024, SEMARNAT sostuvo que el diagnóstico ambiental mostraba afectaciones en agua, suelo y biota y señaló que las acciones de remediación no habían resuelto integralmente el problema. En diciembre del siguiente año, el gobierno federal anunció un nuevo Plan de Justicia para Cananea y la cuenca del río Sonora, con una inversión conjunta de 2 mil 222.6 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones corresponden a acciones federales en salud, agua y restauración ambiental. El plan contempla un hospital regional, un laboratorio especializado en metales pesados, vigilancia epidemiológica, 16 nuevas plantas potabilizadoras y la rehabilitación de seis existentes.
Tampoco terminó en 2014 el historial ambiental, pues en julio de 2019 tres mil litros de ácido sulfúrico fueron derramados durante una operación de trasvase en la terminal marítima de Grupo México en Guaymas, episodio que fue contabilizado por el entonces titular de SEMARNAT como el accidente número 22 de la empresa desde 1998 y señaló que la dependencia evaluaba incluso la posibilidad de suspender actividades.
Por su parte, el ámbito laboral constituye otro capítulo, pues refiere una de las huelgas más largas de la historia minera: Cananea permaneció en huelga durante más de 18 años (julio de 2007-diciembre de 2025. El acuerdo que permitió levantar el conflicto incluyó compromisos para reincorporar trabajadores y un paquete de más de 2 mil 222 millones de pesos destinado a acciones laborales, ambientales, de salud y agua. En junio de 2026, trabajadores de la Sección 65 todavía reclamaban el cumplimiento de la contratación de 450 mineros, uno de los compromisos derivados del acuerdo.
Mientras esos asuntos continúan, la situación económica de Grupo México es sólida, al reportar, para el segundo trimestre de 2026, una utilidad neta de alrededor de 2 mil 200 millones de dólares, 79 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, mientras sus ventas aumentaron 35 por ciento hasta 5 mil 710 millones de dólares. La compañía produjo 257 mil 537 toneladas de cobre en el trimestre y mantiene proyectos de expansión minera en México y otros países.
Ese contraste es probablemente el dato más importante para entender la situación actual de Grupo México que, a todas luces, no es una empresa en crisis: mantiene capacidad de inversión, producción y generación de utilidades al tiempo que los casos de Pasta de Conchos, río Sonora y Cananea muestran que algunos de los costos humanos, ambientales y laborales asociados con su actividad no desaparecieron al concluir el episodio que los originó.
Los tres casos también muestran que las consecuencias y las obligaciones derivadas de aquellos hechos han tenido una duración distinta y, en algunos casos, han requerido nuevas intervenciones del Estado años después. Repasemos lo arriba expuesto de manera cronológica.
En Pasta de Conchos la tragedia ocurrió en 2006 y el rescate fue retomado por el Gobierno federal en 2019; hasta julio de 2026 habían sido recuperados 36 mineros, de los cuales 31 habían sido identificados y 28 entregados a sus familias. En Cananea, la huelga iniciada en 2007 se prolongó durante 18 años hasta el acuerdo alcanzado en diciembre de 2025.
En el caso del río Sonora, el derrame de 2014 dio lugar a un fideicomiso de 2 mil millones de pesos destinado a remediación, reparación y compensación; ese mecanismo fue extinguido en 2017, después de que se declarara cumplido el programa de remediación. Años después, en diciembre de 2025, el Gobierno federal y el de Sonora anunciaron un nuevo Plan de Justicia para atender las afectaciones ambientales, de salud y de agua que las autoridades consideraron pendientes, con una inversión conjunta de 2 mil 222.6 millones de pesos.
Este análisis temporal permite observar también la respuesta de las distintas administraciones: Pasta de Conchos atravesó los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes de que el rescate fuera retomado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuara con Claudia Sheinbaum. La huelga de Cananea comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón, permaneció abierta durante los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador y llegó a un acuerdo en el gobierno de Sheinbaum.
El derrame del río Sonora ocurrió durante la administración de Peña Nieto, que creó el fideicomiso y estableció medidas iniciales de reparación; posteriormente, el gobierno de López Obrador reabrió el análisis de las condiciones ambientales y de salud de la región, y la administración de Sheinbaum incorporó el caso al nuevo Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora.
Más que atribuir el desenlace de estos conflictos a una sola administración, la cronología permite observar la dimensión institucional del problema: algunos expedientes han permanecido abiertos durante más de una década y han requerido la intervención sucesiva de distintos gobiernos para avanzar en rescates, negociaciones laborales, reparación y remediación. En 2026, por tanto, el balance de Grupo México no puede limitarse a sus resultados financieros ni a la enumeración de sus accidentes; también debe considerar qué compromisos fueron asumidos en cada caso, cuáles se cumplieron, cuáles fueron sustituidos por nuevas medidas y qué obligaciones permanecen en ejecución, bajo la intervención y seguimiento del Gobierno federal”.
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