Por Ricardo Ramírez
La administración federal de Estados Unidos espera obtener 423 millones de dólares con un nuevo programa para localizar a deportados que se consideren deudores.
La política migratoria de Estados Unidos se está tornando compleja debido a que, ahora, el gobierno de Donald Trump busca localizar en México, Honduras y Guatemala a personas que ya fueron deportadas para exigirles el pago de multas y otros adeudos que Washington atribuye a sus procesos migratorios. La operación contempla contratar empresas privadas especializadas en localización y recuperación de pagos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) calcula que más de 66,300 personas removidas del país mantienen multas o cargos pendientes por un monto aproximado de 423 millones de dólares y, para recuperar esos recursos, la agencia contrató servicios privados que podrán recibir hasta 36 millones de dólares, según documentos de contratación del gobierno estadounidense.
El programa denominado Tracing and Payment Recovery Services contempla localizar a las personas en sus países de origen mediante bases de datos comerciales y labores de verificación física. Una investigación de la revista estadounidense Wired, basada en documentos de contratación de la CBP, reveló que los contratistas deberán confirmar domicilios y obtener información que permita ubicar a quienes Estados Unidos considera deudores. Dicho mecanismo comprende en una primera etapa a México, Honduras y Guatemala, aunque el programa puede extenderse a otros países.
Resulta significativa la medida, la cual está relacionada con un nuevo esquema de multas migratorias creado por la legislación estadounidense y cuyas cuotas fueron establecida para determinadas personas que recibieron una orden de deportación en ausencia y posteriormente fueron definidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, en 5,000 dólares, con un ascenso a 5,130 dólares durante el ejercicio fiscal 2026 después del ajuste por inflación.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional propuso, adicionalmente, elevar esa cuota hasta 18,000 dólares, propuesta que fue publicada en mayo de 2026 y planteó además que el monto continuara ajustándose anualmente conforme a la inflación. El propio documento reconoce que la recuperación de estos adeudos puede producirse con tiempo, incluso cuando una persona intente regresar legalmente a Estados Unidos o solicite algún beneficio migratorio.
Para México, el programa tiene una característica particular: la obligación económica se persigue fuera del territorio estadounidense, por lo que las empresas contratadas por CBP estarían realizando las labores de localización en territorio mexicano, aunque la deuda que buscan recuperar corresponde al sistema migratorio de Estados Unidos.
La operación también muestra hasta dónde se ha extendido la política de control migratorio de Washington, toda vez que la deportación deja de representar el punto final del procedimiento y se incorpora a una etapa posterior destinada a localizar a la persona, identificar sus bienes o domicilio y recuperar recursos que el gobierno estadounidense considera pendientes.
Existe además una diferencia entre el costo de la localización y el monto efectivamente recuperado, ya que los documentos disponibles establecen cuánto puede pagar CBP a los contratistas y cuánto calcula recuperar, pero todavía no existe información pública que permita conocer qué proporción de los 423 millones de dólares podrá cobrarse efectivamente.
Coincide la medida con una ampliación de los mecanismos de vigilancia migratoria. ICE utiliza en la actualidad dispositivos electrónicos y aplicaciones para supervisar a cientos de miles de personas que permanecen sujetas a procesos migratorios dentro de Estados Unidos; el gobierno federal también ha incrementado los recursos destinados a localizar y remover a personas con órdenes de deportación.
El nuevo programa extiende la política migratoria estadounidense más allá de la frontera: Washington busca convertir las multas asociadas con los procesos de deportación en obligaciones recuperables incluso después de que las personas hayan salido del país. México, por su parte, aparece como uno de los primeros territorios donde esa estrategia será puesta a prueba.
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
