Editorial LEEA
El PAN ha iniciado el procedimiento para la disolución de su Comité Directivo Estatal en Coahuila tras las elecciones locales del pasado mes de junio.
El Partido Acción Nacional recibió en Coahuila una de las señales más severas de su deterioro electoral cuando el Comité Ejecutivo Nacional inició el procedimiento para disolver el Comité Directivo Estatal y la Comisión Permanente Estatal después de que se dio a conocer que el partido obtuvo 27 mil 819 votos, equivalentes a 2.29% de la votación válida emitida, en la elección de diputaciones locales del 7 de junio.
Dicho resultado quedó por debajo del 3% de la votación que el artículo 86, numeral 1, inciso f), de los Estatutos Generales del PAN establece como supuesto para que la Comisión Permanente Nacional pueda acordar la disolución de los órganos directivos estatales.
Hoy, el procedimiento identificado con el expediente SG/027/2026 coloca al panismo coahuilense ante un proceso de reorganización cuya dimensión política rebasa el destino inmediato de su dirigencia estatal debido a que no se está solo sobre una decisión administrativa sobre una dirigencia partidista, sino ante una trayectoria electoral mucho más amplia.
La derrota obliga al PAN a preguntarse por su propia capacidad de representación política, toda vez que el resultado obtenido en Coahuila refiere una distancia entre ese 2.29% y la posición que el partido llegó a ocupar en la entidad. Para dimensionar el retroceso, es necesario mirar más allá de la elección de junio y reconstruir el recorrido que llevó a una organización capaz de disputar la gubernatura en 2017 a quedar, nueve años después, sin representación en el Congreso local y con sus órganos directivos estatales sujetos a un procedimiento de disolución.
Durante la elección de gobernador de 2017, Guillermo Anaya obtuvo 452 mil 31 votos, equivalentes a 36.4%, y quedó a sólo 30 mil 860 sufragios de Miguel Ángel Riquelme, quien ganó con 38.9%. Aquella contienda colocó al PAN como una fuerza capaz de disputar seriamente el poder estatal y mostró que su estructura electoral tenía capacidad para competir frente a un Partido Revolucionario Institucional (PRI), históricamente dominante en Coahuila.
Actualmente, la distancia entre ambos momentos no puede explicarse mediante un solo acontecimiento ni reducirse a la decisión de competir separado del PRI en 2026, aunque la ruptura de la alianza es una variable relevante, pero el deterioro electoral panista comenzó antes y merece observarse como un proceso.
Bajo esta circunstancia, la lección legislativa de 2020 permite establecer una comparación particularmente útil porque, como en 2026, se trató de una contienda exclusivamente por el Congreso local, donde el PAN obtuvo 86 mil 604 votos, mientras que en 2026 descendió a 27 mil 819, lo cual significa que perdió casi 59 mil sufragios respecto de aquella elección y pasó de representar alrededor de 10% de los votos a quedar en 2.29%.
El PRI, en contraste, pasó de 49.31% en 2020 a 53.66% en 2026, mientras Morena avanzó de 19.3% a 23.91%. Comparar elecciones diferentes siempre exige cautela, pero en este caso la comparación 2020-2026 resulta pertinente porque ambas renovaron en exclusiva las diputaciones locales y permiten observar, dentro de una misma categoría electoral, el desplazamiento de las fuerzas partidistas.
Así las cosas, el PAN no solamente perdió votos, perdió capacidad para competir por la representación política del estado, pues en 2020 todavía era tercera fuerza estatal y conservaba representación legislativa, pero para el 2023 obtuvo 83 mil 29 votos para diputaciones y cinco curules de mayoría relativa, aunque compitió dentro de la coalición PRI-PAN-PRD.
Dos años después, cuando concurrió sin esa alianza, el resultado fue radicalmente distinto y, dicha diferencia, también obliga a formular una pregunta adicional que resulta incómoda para cualquier partido acostumbrado a medir su fuerza a partir de los resultados obtenidos en coalición: ¿cuánto de la fuerza electoral que el PAN consideraba propia pertenecía en realidad a la estructura compartida con sus aliados?
No existe un dato que permita responder esa pregunta de manera absoluta, porque una coalición transforma el comportamiento electoral y dificulta atribuir de manera mecánica los votos a cada una de las organizaciones que la integran; sin embargo, la evolución ofrece una aproximación relevante.
En 2023, la candidatura de Manolo Jiménez, postulada por PRI, PAN y PRD, obtuvo una victoria amplia, mientras el panismo participó dentro de una estructura electoral común; en 2026, ya sin esa arquitectura, Acción Nacional no consiguió trasladar a sus propias candidaturas una base electoral equivalente.
Tómese en cuenta que una coalición puede resolver una elección sin necesariamente dar solución a la identidad de sus integrantes, porque parte del voto puede dirigirse al candidato común sin convertirse en una adhesión permanente a cada partido que lo respalda. Coahuila ofrece ahora una expresión muy clara de esa diferencia.
Su ruptura con el PRI, por ello, no debe convertirse en una explicación automática del desplome panista, pero tampoco puede ser tratada como un dato menor, ya que desde el año anterior la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero impulsó el fin de las alianzas sistemáticas con el PRI, mientras dirigentes panistas en Coahuila defendieron la conveniencia de mantener la coalición y advirtieron sobre el riesgo electoral de competir separados.
Fue así como la decisión nacional se mantuvo y la elección terminó mostrando el costo de esa estrategia en una entidad donde el PRI conserva una estructura territorial particularmente fuerte.
De esa manera, el PAN buscó recuperar una identidad propia al mismo tiempo que enfrentó una realidad electoral en la que competir solo podía dejarlo sin capacidad para disputar espacios que antes conseguía mediante la alianza, poro aquí el PAN se olvidó de la premisa de conservar competitividad electoral y la arriesgó por autonomía partidista y el resultado fue la derrota.
Coahuila muestra además que el PRI conserva una capacidad territorial que no debería subestimarse y, para muestra, basta con observar que en 2020 ganó los 16 distritos locales y en 2026 volvió a obtenerlos todos, mientras su votación estatal incluso aumentó ligeramente entre ambas elecciones.
Dicho resultado no significa que el PRI haya recuperado la misma capacidad de competir que tuvo durante décadas pasadas, pero sí demuestra que una organización política puede mantener un enclave territorial sólido aun dentro de un sistema nacional transformado por un partido oficial y aquí, sin duda, hay que reiterar que la política electoral no se explica únicamente por la marca partidista nacional, también depende de estructuras locales, candidatos, gobiernos, redes de organización y relaciones construidas durante años con los electores.
Morena, por su parte, obtuvo 23.91% en 2026, por encima del 19.3% registrado en 2020, pero no consiguió romper la hegemonía priista en los distritos de mayoría relativa, lo que lleva a la consideración de que la circunstancia también importa porque la derrota panista no equivale automáticamente a un triunfo morenista.
Así que parte del espacio perdido por Acción Nacional fue ocupado dentro de una competencia en la que el PRI conservó una estructura territorial particularmente eficaz y Morena avanzó sin desplazar el control de los distritos; luego entonces, leer el resultado exclusivamente como una caída del PAN frente a Morena simplificaría erróneamente una dinámica electoral mucho más compleja.
Las condiciones específicas de Coahuila tampoco permiten convertir el resultado en una predicción automática para 2027, por la simple y sencilla razón que la elección local de 2026 tuvo características particulares: no hubo gubernatura en disputa, el PRI cuenta con un gobierno estatal que ha mantenido una posición dominante y la participación fue distinta de la observada en elecciones nacionales.
Análisis postelectorales han señalado, además, una dinámica regional marcada por el voto útil frente a Morena y por una competencia más cercana al bipartidismo PRI-Morena que al pluralismo partidista que caracteriza otras partes del país. Precisamente por sus particularidades, Coahuila se mantiene como un laboratorio político: permite observar qué ocurre cuando un partido histórico rompe una alianza que había ampliado su capacidad competitiva y pretende sustituir ese sistema por una identidad propia sin disponer todavía de una base electoral suficientemente amplia.
Aquí el dato de 2017 vuelve a resultar muy interesante, porque revela que no estamos observando la historia de un partido que nunca fue competitivo, sino el recorrido de una fuerza que estuvo a menos de 31 mil votos de conquistar la gubernatura, que consiguió una presencia legislativa significativa y que, menos de una década después, obtuvo menos de tres de cada cien votos válidos en una elección legislativa.
Así que esa distancia tan amplia obliga a pensar que el problema no se encuentra solo en una decisión estratégica reciente, sino en una transformación más profunda de la relación entre Acción Nacional y los electores de Coahuila.
Esa trayectoria plantea una cuestión que va más allá de la dirigencia actual y de la discusión sobre las alianzas. ¿Qué ocurre cuando la identidad partidista deja de producir identificación electoral?
Un partido puede conservar nombre, registro nacional, dirigencia, prerrogativas federales, presencia mediática y una historia política relevante; nada de ello garantiza que un elector encuentre razones suficientes para votar por él; dicho en otros términos, la identidad política sólo adquiere dimensión electoral cuando consigue traducirse en representación, y esa traducción depende de algo más que de una narrativa nacional o de una estrategia de comunicación.
La política electoral tiene una dimensión material que con frecuencia desaparece detrás del discurso: territorio, organización, candidatos, recursos, redes locales, capacidad de movilización y confianza; lo cual explica que una estrategia nacional puede producir visibilidad, pero no sustituye automáticamente esas estructuras. En ese orden de ideas, la comunicación política puede instalar una narrativa y fortalecer una marca, pero no fabricar por sí sola una base electoral estable.
Finalmente, el dato más importante que deja Coahuila al PAN es que perdió la elección pero, sobre todo se le fue de las manos la capacidad de convertir su identidad nacional en votos suficientes en un territorio donde alguna vez fue una fuerza competitiva y, ahora, reconstruir esa capacidad no dependerá únicamente de decidir si vuelve a aliarse con el PRI.
De cara a 2027, Acción Nacional tendrá que resolver esa tensión con algo más que una decisión sobre alianzas: es imprescindible que tenga claridad sobre qué representa, a quién quiere representar y por qué un ciudadano que alguna vez votó por él debería volver a hacerlo.
Las preguntas son electorales antes que ideológicas, porque una organización política existe para representar intereses y competir por el poder mediante el voto, así que recuperar una identidad partidista puede ser necesario, pero recuperar una identidad sin reconstruir una relación con los electores produciría únicamente una definición política sin traducción electoral.
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