La denuncia del Gobierno de México por el caso “El Mayo” y los tropiezos de Ken Salazar
Por Ricardo Ramírez Posadas
La denuncia hecha por la FGR y los dichos de Ken Salazar invitan a reflexionar sobre la confianza y transparencia en la relación bilateral en materia de seguridad.
La controversia en torno a la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada dejó de ser un expediente exclusivamente vinculado al combate al crimen organizado para convertirse en una prueba de estrés para la relación institucional entre México y Estados Unidos. Lo que hoy se encuentra bajo escrutinio ya no es la detención de uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, sino la consistencia de las versiones oficiales, la calidad de la información compartida entre ambos gobiernos y el respeto a las reglas que sostienen la cooperación bilateral.
Profundizar las investigaciones ha sido una decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), señalando que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) proporcionó información “falsa, parcial e insuficiente” representa un cambio cualitativo en el tratamiento del caso.
La polémica adquirió un nuevo impulso tras la publicación del libro del exembajador Ken Salazar, Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva, donde sostiene que la operación no fue organizada por el gobierno de Estados Unidos y que “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”. Esa narrativa contrasta con los cuestionamientos expresados por las autoridades mexicanas y con nuevos elementos que hoy forman parte de la investigación oficial.
Aún más delicado se volvió el episodio cuando trascendió que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada fue incorporada a la colección del War Eagles Air Museum, en Nuevo México, con referencias a operaciones del FBI. Con independencia del alcance jurídico de ese hecho, la exhibición alimentó nuevas dudas sobre el grado de participación de agencias estadounidenses y debilitó una narrativa que, durante casi dos años, insistió en deslindar cualquier intervención operativa directa.
Conviene distinguir con claridad dos planos de debate, el primero corresponde al ámbito penal y se refiere a la responsabilidad de quienes participaron en el traslado de un objetivo prioritario del crimen organizado; el segundo pertenece al terreno de las relaciones internacionales y plantea una pregunta mucho más profunda: ¿se respetaron los mecanismos de cooperación y las obligaciones derivadas de la colaboración entre dos Estados soberanos?
Esa diferencia resulta fundamental, si se toma en cuenta que la eficacia de una operación contra el narcotráfico nunca exime del cumplimiento del marco jurídico que regula la actuación de las instituciones involucradas.
Las expresiones utilizadas por la FGR son relevantes porque elevan el debate más allá de una discrepancia administrativa y porque refieren posibles violaciones al derecho mexicano e internacional, así como a un eventual pacto al margen de la ley y a la presunta transgresión del principio de buena fe en las relaciones diplomáticas; lo cual sitúa el caso en una dimensión institucional que trasciende a las personas involucradas.
Indudablemente, de confirmarse esos señalamientos, el precedente afectaría uno de los pilares sobre los que descansa la cooperación bilateral en materia de seguridad y es en ese contexto que los tropiezos de Ken Salazar no derivan sólo de las afirmaciones contenidas en su libro, sino de la distancia que comienza a abrirse entre esa versión y los elementos que hoy forman parte de la investigación mexicana.
La credibilidad de un representante diplomático constituye un activo estratégico para cualquier Estado y, en el caso del exembajador, sus declaraciones son puestas en entredicho por nuevas evidencias o por investigaciones oficiales, llevando a que el desgaste en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos rebase el ámbito personal y alcance la confianza institucional que sostiene la interlocución entre gobiernos.
Tampoco conviene perder de vista que la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos ha evolucionado durante décadas mediante acuerdos de intercambio de inteligencia, asistencia judicial y coordinación operativa frente a amenazas comunes. Ese entramado institucional exige transparencia, reglas compartidas y responsabilidades claramente delimitadas
La fortaleza de esos mecanismos no depende de los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, sino de la certeza jurídica con la que actúan las autoridades de ambos países.
Por tanto, la exigencia del Gobierno de México no puede reducirse a una reacción frente a la captura de un líder criminal, porque lo que se está atestiguando es una demanda de esclarecimiento sobre un operativo que ha generado versiones contradictorias y cuya reconstrucción resulta indispensable para preservar la confianza entre instituciones. Ninguna relación bilateral de esta magnitud puede sostenerse sobre zonas de incertidumbre, particularmente cuando están en juego la soberanía, la cooperación internacional y el Estado de derecho.
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