Entre denuncias, resultados y la obligación democrática de investigar

Por Ricardo Ramírez Posadas

Después de las elecciones en el estado de Coahuila, existen quejas y denuncias sobre las acciones del priismo en la región.

Hay elecciones que producen ganadores y perdedores, mientras otras obligan a formular preguntas, independientemente de las preferencias partidistas y precisamente lo ocurrido en Coahuila pertenece a la segunda categoría.

Mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta una de las etapas más complejas de su historia en buena parte del país, en la entidad donde conserva uno de sus principales bastiones políticos logró una cuestionada victoria absoluta, al obtener los 16 distritos en disputa y consolidar el control del Congreso local.

El resultado, por sí mismo, constituye un hecho político relevante, pero al mismo tiempo adquiere una dimensión distinta cuando se observa el contexto que acompañó la jornada electoral: denuncias de compra de votos, videos difundidos en redes sociales, testimonios ciudadanos, señalamientos sobre movilización irregular de electores y acusaciones formuladas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y otros actores políticos que cuestionan las condiciones en que se desarrolló la contienda. La controversia no es menor.

Durante décadas, Coahuila fue uno de los territorios donde el PRI construyó buena parte de las estructuras políticas que le permitieron gobernar México durante gran parte del siglo XX y desde donde redes territoriales, mecanismos de movilización electoral, liderazgos corporativos, control político regional y una capacidad organizativa difícil de igualar formaron parte de un modelo que, para muchos mexicanos, simbolizó tanto la estabilidad institucional como los excesos de un régimen hegemónico.

Por ello, cada vez que aparecen denuncias relacionadas con compra de votos, presión política o utilización de estructuras gubernamentales en procesos electorales, inevitablemente emerge una memoria histórica que el país no ha terminado de procesar, y no porque toda victoria del PRI implique necesariamente una irregularidad; sino porque la historia jamás debe olvidarse.

Desde la noche de la elección comenzaron a circular materiales audiovisuales y testimonios que, según sus denunciantes, documentarían prácticas contrarias a la legislación electoral, llevando a que algunas de estas evidencias fueran retomadas por dirigentes políticos y medios de comunicación que exigen una revisión exhaustiva del proceso pero, no obstante, la objetividad periodística exige distinguir entre aquello que se denuncia y aquello que se acredita.

La existencia de videos, testimonios o señalamientos públicos puede constituir un indicio relevante, pero no equivale por sí misma a una resolución jurídica definitiva: la democracia exige algo más complejo: investigar, acreditar y resolver; por lo que resulta fundamental comprender que las denuncias electorales siguen una ruta institucional específica y urgente, enmarcada en el marco jurídico correspondiente.

Con base en ello, la primera etapa consiste en la presentación formal de denuncias y pruebas ante las autoridades competentes, la segunda corresponde a la investigación y sustanciación de los hechos denunciados; una tercera implica la valoración jurisdiccional de las evidencias por parte de los tribunales electorales y, finalmente, la cuarta etapa radica en determinar si las irregularidades acreditadas tuvieron la gravedad y el impacto suficiente para modificar los resultados o generar consecuencias jurídicas adicionales.

Este procedimiento existe precisamente para proteger dos principios igualmente importantes: el derecho de los ciudadanos a denunciar posibles irregularidades y el derecho de los electores a que los resultados obtenidos en las urnas no sean descalificados sin pruebas suficientes y, aquí, la discusión de fondo va más allá del litigio electoral, pues lo que está en juego no es únicamente el resultado de una elección local, sino la confianza pública en la calidad de la competencia democrática.

Vale la pena entonces tener claro que cuando un partido obtiene una victoria total en uno de los últimos bastiones que conserva a nivel nacional, mientras de manera simultánea y escandalosa surgen denuncias sobre prácticas asociadas históricamente al viejo régimen político mexicano, resulta inevitable que aparezcan dudas, cuestionamientos y exigencias de transparencia.

Luego entonces, la respuesta a esas dichos señalamientos no puede provenir de los partidos políticos, tampoco de las redes sociales; debe provenir de las instituciones encargadas de investigar y asegurar que la democracia no se fortalece ocultando las denuncias ni descalificando a quienes las formulan; tampoco sustituyendo la evidencia por la sospecha y esa es la base de la denuncia que, a vista corta, está en proceso de acreditación.

Por ello, el reto que enfrenta hoy Coahuila no es únicamente validar una victoria electoral, sino demostrar que las instituciones poseen la capacidad, la independencia y la credibilidad necesarias para esclarecer los hechos denunciados y ofrecer respuestas sustentadas en pruebas; porque si las irregularidades existieron, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias pues, de lo contrario, significaría dejar abierta una herida de desconfianza ciudadana que terminaría afectando no sólo a los partidos involucrados, sino a la legitimidad del sistema democrático.

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