Por Stephanie Ramírez
La expansión de la venta de cigarros de procedencia ilícita está colocando a los pequeños comerciantes frente a un problema que rebasa la competencia por precio: productos sin controles sanitarios, evasión fiscal y una cadena de distribución que puede involucrar amenazas y extorsiones. El fenómeno crece mientras las autoridades refuerzan los operativos contra el mercado informal.
Uno de cada cuatro cigarros vendidos actualmente en México es de procedencia ilícita, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), organización que ha advertido que el crecimiento de este mercado coloca a los establecimientos formales en una posición de vulnerabilidad, por la diferencia de precios entre los productos regulados y aquellos que ingresan o se comercializan al margen de los controles oficiales.
Constituye la brecha de precios uno de los principales motores del mercado, por lo que ANPEC señala que una cajetilla ilegal puede encontrarse desde 15 pesos, mientras que una legal supera los 100 pesos, diferencia que genera incentivos para que consumidores y vendedores recurran a canales informales; a lo que se suma el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS, sobre el precio final de los productos legales, factor que la organización ha señalado como uno de los elementos que favorecen la expansión del contrabando.
Para el pequeño comercio, el riesgo no termina en la competencia desleal, pues ANPEC ha advertido que algunos establecimientos pueden convertirse en un eslabón de las cadenas de distribución ilícita y quedar expuestos a amenazas o extorsiones para comercializar productos de contrabando; dicha advertencia adquiere relevancia porque el comercio minorista constituye el último punto de contacto entre estas mercancías y el consumidor.
Quedó expuesta así la dimensión de la cadena comercial en enero de 2026, cuando autoridades federales aseguraron aproximadamente 19.8 toneladas de tabaco ilegal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cargamento conformado por seis grandes lotes que, al ser revisados, contenían 954,380 cajetillas, con un valor comercial estimado superior a 70.7 millones de pesos. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la operación evitó una evasión fiscal calculada en más de 16.2 millones de pesos por concepto de IEPS.
La investigación federal también identificó mecanismos utilizados para introducir la mercancía al país: declaraciones falsas, subvaluación, documentación alterada y presentación del tabaco como mercancía general. Las autoridades señalaron además que la logística podía apoyarse en empresas importadoras y envíos comerciales para posteriores traslados de productos hacia canales clandestinos de distribución.
El problema tiene además un elemento sanitario, toda vez que Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó en mayo sobre la comercialización de cigarros que carecen del permiso sanitario de importación y advirtió que pueden ser falsificados, alterados o adulterados, con ingredientes cuya composición y procedencia no pueden verificarse. La ausencia de controles también impide conocer con certeza las sustancias que pueden liberarse durante la combustión.
Particularmente, en la Ciudad de México, el mercado ilegal ha alcanzado dimensiones importantes, como los datos citados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual ubican a la capital como la principal entidad de comercialización de tabaco pirata, con 19% de las ventas de este mercado. Operativos realizados entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025 incluyeron acciones en la Central de Abasto, donde fueron aseguradas 12 mil cajetillas, equivalentes a más de 401 mil cigarrillos ilegales.
Frente a este escenario, el comerciante formal enfrenta una doble presión: competir con productos que llegan al consumidor a precios considerablemente menores y, al mismo tiempo, evitar que mercancía ilegal ingrese a su establecimiento; la responsabilidad adquiere una dimensión adicional porque las reformas fiscales y las disposiciones sanitarias han reforzado los controles sobre la comercialización de productos de tabaco.
Para reducir el riesgo, el Sistema de Administración Tributaria dispone de un verificador de códigos de seguridad que permite consultar el folio impreso en las cajetillas y comprobar información como planta de producción, fecha de fabricación, marca, país de origen y datos del productor, fabricante o importador; herramienta que resulta relevante para los establecimientos que adquieren cigarros a través de distribuidores y necesitan comprobar su procedencia.
Finalmente se está ante un contexto en el que el contrabando de cigarros dejó de ser solo un problema de mercancía ilegal para representar una cadena que conecta evasión fiscal, riesgos sanitarios, competencia desleal y vulnerabilidad para el pequeño comercio. La expansión de este mercado coloca la trazabilidad del producto y la vigilancia de los canales de distribución en el centro de la respuesta institucional.
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
